La Audiencia Nacional investiga el pago de una comisión a Ignacio González por parte de la constructora OHL a cambio de la obra del tren de Navalcarnero. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran este jueves la sede de OHL en la Torre Espacio de Madrid en relación con estos hechos.
Una denuncia relacionada con la presunta mordida a González a cambio de la concesión del tren a Navalcarnero, proyecto que no se culminó, está en el origen mismo de la Operación Lezo. Se trata del punto de arranque de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2015, diez meses antes de la denuncia que Cristina Cifuentes presentó ante la Fiscalía General del Estado en junio de 2016, confirmaron fuentes de la investigación.
Según ha adelantado El Español, Ignacio González habría recibido 1,4 millones de euros en una cuenta en Suiza de OHL México a cambio de la adjudicación cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. Esta mordida ha supuesto una nueva imputación para el empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Javier López Madrid ya está imputado en una pieza secreta de la Operación Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid.
Fuentes de OHL han subrayado que la empresa está “prestando la mayor colaboración y facilitando toda la información solicitada”. “Reiteramos que en ningún momento OHL ha pagado ninguna comisión a ningún partido político”, han dicho las mismas fuentes. Al cierre del mercado, las acciones de la compañía han perdido casi un 9% en bolsa.
Además, agentes de la Guardia Civil han acudido a las oficinas de la consultora PwC, en otra las torres de la Castellana, para pedir información y documentación sobre unos trabajos de consultoría que efectuaron para la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, han explicado a eldiario.es fuentes de la compañía.
Indra, Licuas y Saerco
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando las sedes centrales en Madrid de Indra y Saerco en el marco de las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP en Madrid que sigue en una pieza separada el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, los registros de la multinacional Indra y de Saerco, empresa que gestiona las torres de control de aeropuertos, indagan también la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Saerco fue creada por Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la 'Operación Lezo'.
Las acciones de Indra, también salpicada por la operación Púnica, han llegado a desplomarse un 6% en bolsa tras conocerse la noticia y han cerrado con una caída del 2,24%.
Además de estos tres registros, las fuentes consultadas han señalado a Efe que se siguen otras actuaciones similares en otras empresas, como el caso de la sede en Madrid de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II.
Los registros que se están practicando se producen 24 horas después de que la UCO realizara la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
También está registrando la UCO la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (MadridDigital), antigua ICM, para lo que cuenta con la “máxima colaboración” por parte del personal, según ha explicado a este diario un portavoz del gobierno regional.
Subastas Segre
Adicionalmente, ayer miércoles la Guardia Civil registró la empresa Subastas Segre, que preside la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Una portavoz de esta casa de subastas asegura que no les investigan a ellos como empresa, sino a Cavero, que posee un 13% y al propio Ignacio González, que también consta como accionista por su matrimonio en bienes gananciales.