El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha iniciado una huida hacia adelante ante la posibilidad de que nuevas grabaciones de la policía política que operó durante el Gobierno de Mariano Rajoy y la investigación de la operación Kitchen que está en curso en la Audiencia Nacional le salpiquen justo antes de las elecciones generales del 28A y hundan todavía más las pésimas previsiones de voto que auguran a los populares todas las encuestas.
Ante las grabaciones reveladas este miércoles por moncloa.com, que apuntan directamente hacia el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como supuesto jefe de las maniobras policiales contra la oposición que tuvieron lugar entre 2012 y 2016, mientras él dirigía el Ejecutivo, el PP ha optado por esquivar el escándalo evitando cualquier declaración al respecto y sin atreverse a pronunciar un apoyo explícito al que hasta hace nueve meses era su máximo líder.
Después de que hayan salido a la luz las cintas en las que se puede escuchar a un destacado miembro de la brigada política explicar a un confidente que tiene una recompensa para él aprobada por el mismo Rajoy por espiar a Podemos, Casado, que sigue de gira de precampaña y que este miércoles visitaba las Islas Canarias, apostaba por radicalizar aún más su discurso vinculando directamente al Gobierno con ETA. Esa es parte de su estrategia frente al escándalo de las cloacas policiales que afecta de lleno a su partido y salpica su dirección.
La otra parte ha consistido en cortar las cabezas de los principales responsables policiales durante el periodo en el que ejerció la brigada política y a los que él mismo promocionó tras ganar las primarias del partido del pasado julio incluyéndolos en puestos de responsabilidad.
Los escudos del líder del PP
El líder popular nombró al director general de la Policía entre 2012 y 2016 Ignacio Cosidó como su portavoz en el Senado, dio un cargo en la Ejecutiva al exministro Fernández Díaz y mantuvo como portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso al exsecretario de Estado de Seguridad durante ese periodo, Francisco Martínez.
El escándalo de la policía política ha forzado en cambio a Casado a prescindir de todos ellos en las candidaturas a las elecciones generales del 28A, si bien Cosidó mantendrá su escaño como senador hasta la conformación del nuevo parlamento de Castilla y León, ya que obtuvo el asiento por designación de esa comunidad autónoma –es decir, por la cuota que corresponde a cada territorio–, y no por elección directa de los ciudadanos en las urnas.
Pese a los escudos que se ha colocado el líder del PP –dejar fuera de las listas a Fernández Díaz, Cosidó y Martínez, así como su discurso cada vez más radicalizado–, nuevas grabaciones o más pesquisas de la operación Kitchen que puedan involucrar a dirigentes populares le podrían suponer un duro golpe en la guerra fratricida en la que se encuentra inmerso con Ciudadanos y Vox, los otros dos partidos de la derecha que pugnan por el mismo electorado.
Esa inédita fragmentación de la derecha en tres partidos ha hundido a los de Casado en las encuestas y les ha llevado a iniciar una pelea por cada voto en la campaña electoral, elevando el tono hasta llegar al insulto contra el Gobierno y situando en su agenda asuntos propios de la ultraderecha como el aborto, los toros o la caza.
Las reacciones
Ante la imagen de limpieza y transparencia que pretende trasladar el líder de los populares desde su triunfo en las primarias, cualquier información que salpique a dirigentes o exdirigentes del PP en un caso de corrupción podría ser letal para las expectativas de voto del partido conservador que, basándose en encuestas internas, ya espera perder cerca de 30 escaños en las generales respecto a 2016.
Además, la Audiencia Nacional prosigue en su investigación de la operación Kitchen, pieza separada del caso Villarejo sobre la operación supuestamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior cuando él dirigía el cuerpo para espiar y robar documentos comprometedores para el PP al extesorero de los populares Luis Bárcenas. Nuevas pesquisas que involucraran a dirigentes populares también serían especialmente dañinas para Casado en el caso de salir a la luz en plena campaña electoral.
Este miércoles, el silencio del PP contrastaba con la cascada de declaraciones de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos o las fuerzas nacionalistas ante las últimas grabaciones conocidas sobre la brigada política.
“A mí las cloacas en general no me gustan y las del Estado menos. Y por eso no suelo dar validez y creo que no hay que darles validez desde lo público. En todo caso las personas afectadas por esa grabaciones e informaciones son las que deberían pedir explicaciones y no los demás líderes. Yo no voy a jugar a eso”, sostenía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Previamente, su responsable económico y candidato a las europeas, Luis Garicano, consideraba que las grabaciones eran un asunto “grave”. “Claramente, no todo vale”, apuntaba. En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, lo consideraba “abominable”. A su juicio, “la posibilidad de que se esté investigando a representantes del pueblo” por parte de una policía política “sería horroroso”, por lo que pedía que el asunto se esclarezca “hasta el fondo”.
“Que ha habido una policía política me parece más que claro, que ha estado vinculada a las cloacas del Estado, también”, manifestaba, por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, tras conocer las últimas grabaciones. La Cámara Baja debería en su opinión depurar responsabilidades políticas entre los exdirigentes del PP para que estas prácticas no se vuelvan a repetir. Esteban aportaba, además, otra denuncia, al criticar que “muchas veces mande más la Guardia Civil y la Policía que el propio ministro”.
“Guerra sucia” del Gobierno
Valiéndose de las revelaciones de este miércoles, el PDeCAT exigía a los populares que pidan “perdón” por la mera existencia de la policía política que, según recordaban los nacionalistas catalanes, también maniobraron contra la Generalitat catalana y las fuerzas secesionistas. Carles Campuzano, portavoz del partido en el Congreso recordaba que el PDeCAT denunció esa “guerra sucia del Gobierno de Rajoy contra el soberanismo” ya que “ponía en riesgo el sistema democrático” y suponía “romper las reglas del Estado de Derecho”.
Campuzano lamentaba que los que hoy “se escandalizan” con las noticias que afectan a Podemos “durante mucho tiempo estuvieron callados” cuando la guerra sucia atacaba al independentismo catalán. “Esa policía patriótica expresa la degradación del sistema democrático y aún nadie del PP ha asumido ninguna responsabilidad política. Espero que el PP pida perdón por haber utilizado la Policía para construir pruebas y acusaciones falsas contra dirigentes del soberanismo catalán”, señalaba.
Las revelaciones de este miércoles provocaban además nuevos roces entre el actual Gobierno socialista y o Unidas Podemos. Después de que el pasado sábado Pablo Iglesias insinuara durante una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta que esas prácticas policiales de “las cloacas del Estado” perduran hoy en día con el Ejecutivo socialista, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba este miércoles de forma tajante que “la guerra sucia no existe” con Pedro Sánchez en la Moncloa.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ya pidió el lunes a Iglesias que dejara de generar desconfianza en las instituciones si no aportaba datos y elementos objetivos con los que sostener su acusación.
Trifulca entre PSOE y Unidas Podemos
Una vez conocidas las nuevas revelaciones que apuntan directamente a Rajoy como supuesto urdidor de la guerra sucia contra la oposición, desde Unidas Podemos no han modificado un ápice sus acusaciones contra esas “cloacas del Estado” que dicen que perduran. La portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero, insistía en que “hay pruebas más que suficientes” que indican que esa estructura policial “no se ha desarticulado” y prueba de ello es, a su juicio, que “el PSOE nunca ha querido investigarla a fondo en el Congreso”.
“Lo que urge es que el PSOE explique por qué sistemáticamente se ha negado a que [el excomisario de la Policía hoy encarcelado, José Manuel] Villarejo comparezca en el Congreso para hablar de las cloacas del Estado, y por qué quiere evitar que se sepa qué ha ocurrido con una trama” que, según la dirigente de la formación morada, tiene tres patas: una policial, una política para que Podemos “no entrase en un gobierno” y otra mediática que “sigue viva”.
Montero se preguntaba por qué “muchos” de los policías “presuntamente corruptos” que actuaron bajo las órdenes de Fernández Díaz y que participaron en esa “trama” siguen condecorados o por qué han sido reconocidos por el Gobierno de Sánchez “sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de los trabajadores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
“Esto no es un problema de Unidos Podemos, sino que es un ataque directo a la democracia, y en otros país éste sería un tema de primer orden de relevancia nacional”, insistía.
La aún portavoz de los populares en el Congreso y cabeza de lista del partido para las próximas elecciones europeas, Dolors Montserrat, se limitaba a pedir que se deje actuar a la justicia: “España es un gran país, una gran democracia avanzada y moderna, un país serio, moderno, con un Estado de Derecho y una justicia independiente. Dejemos que actúe”.