El rey emérito, Juan Carlos I, no regresará a España en Navidad debido a la situación de la pandemia de coronavirus y a su condición de persona de alto riesgo, según ha comunicado este jueves a la Cadena COPE y Espejo Público. “He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore”, dice el mensaje remitido a Espejo Público.
Este jueves por la mañana el diario ARA ha publicado que el rey, de 82 años, fue ingresado la semana pasada en la clínica Cleveland de Abu Dabi después de haberse contagiado de la COVID-19, sin que conozca su estado actual. Posteriormente, la Casa Real ha rechazado que “esté ingresado” por esta infección, según EFE.
Su posible regreso a España había sido motivo de discusión durante las últimas semanas, lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a defender que era la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tendría que responder a la cuestión de si el emérito volvería esta Navidad o no. Juan Carlos I se marchó de España rumbo a Emiratos Árabes Unidos el pasado 3 de agosto, después de que su sucesor, Felipe VI, tratase de aplacar las polémicas sobre su padre renunciando a su herencia en marzo.
Pago a Hacienda
En el origen de este debate se encuentra la investigación del patrimonio del exmonarca, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene hasta tres diligencias de investigación abiertas contra él mientras analiza la regularización tributaria que presentó la semana pasada por impuestos de donaciones impagados en relación con una de estas pesquisas.
En concreto, Juan Carlos presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014.
Los fiscales responsables de la investigación comunicaron a través de una nota oficial de la Fiscalía General del Estado que la citada declaración voluntaria a la Hacienda autonómica -se trataría del impuesto de donaciones- debía ser analizada para confirmar que es espontánea, veraz y completa.
Hay que tener en cuenta que el propio Ministerio Público notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de las diligencias de investigación relacionadas el asunto en cuestión, en el que se investigan posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos, como adelantó elDiario.es en noviembre. El dinero, según los investigadores, tiene su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Así, el pago a Hacienda está siendo valorado por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la citada declaración en base al artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, “antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
El origen del dinero
Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales. El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.
Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.
Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de “inteligencia financiera” --Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)--.
Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un 'trust' en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.