Un desconocido presta un bolígrafo a una mujer de mediana edad en un café del centro de Madrid. De ella sabemos que vive con su marido, sus dos hijos y que corre en su tiempo libre. El bolígrafo esconde un pendrive con información que permitirá desbaratar un atentado terrorista. La mujer es miembro del Centro Nacional de Inteligencia. El vídeo de dos minutos que cuenta esta ficción y su difusión iban a suponer una iniciativa rupturista en la tradición del CNI, que pretendía conmemorar sus veinte años con el siguiente mensaje: “Trabajamos cada día para proteger lo que más te importa porque la normalidad no está garantizada”. Del ‘clip’ no hay rastro en la página web del Centro, como tampoco del acto al que iba a acudir Felipe VI en su sede, suspendido en los últimos días.
Ni los indicios acerca de la participación del Centro Nacional de Inteligencia en algunos de los asuntos más turbios de los últimos años, como la Operación Kitchen o los presuntos y prescritos delitos de Juan Carlos I, hacían presagiar un aniversario como el que está viviendo el servicio de Inteligencia español. El descubrimiento de que el CNI ha espiado a activistas y líderes del independentismo catalán y vasco en un contexto libre de violencia política, con dudas sobre si actuó con control judicial y cómo de exhaustivo fue éste, ha sumido al servicio de Inteligencia en su peor crisis desde que fue creado en 2002. Un ruido negro, que resultaba imperceptible hasta hace apenas tres semanas, se ha instalado en torno al servicio secreto en una crisis de resultado incierto.
La decisión del Gobierno de amortiguar la crisis creada por la actuación del servicio secreto aireando que el propio Ejecutivo ha sido víctima de espionaje no ha hecho sino acrecentar las dudas en torno al papel del CNI y de su departamento más expuesto públicamente desde su presentación en 2006, el Centro Criptológico Nacional. Según esa tesis, los especialistas del servicio de Inteligencia ni evitaron ni advirtieron a tiempo que los teléfonos del presidente del Gobierno y varios ministros habían sido infectados con el mismo programa espía que utilizó el propio CNI contra los independentistas.
En contra del CNI juega que sus éxitos no se ven y sus controversias comienzan a aflorar. El Centro Nacional de Inteligencia fue clave en la derrota de ETA, un capítulo imposible de detallar por el carácter secreto que rige por ley todas sus actuaciones. Mientras la oposición política hablaba de “tregua trampa”, el presidente del Gobierno entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, contaba con información de los enfrentamientos en el seno de la cúpula de la organización terrorista y entre esta y la dirección de Batasuna, así como de la autenticidad de los planes de la izquierda abertzale por iniciar “un proceso sin violencia”.
En otro plano, las Fuerzas de Seguridad del Estado aparecían como únicos artífices de los descabezamientos en Francia de ETA, unas detenciones las de los últimos grandes jefes del aparato militar, como 'Txeroki' o 'Ata', que se lograron con la decisiva participación del CNI. No hay detalles, ni los habrá, de aquella eficacia. Libros y documentales reparten méritos a posteriori y todos ignoran al CNI, aunque sus protagonistas uniformados conocen de primera mano la relevancia de los espías en aquellos años vertiginosos. Tanto como que recibir el favor del CNI para culminar una operación era motivo de enconamiento entre los mandos de la Policía y la Guardia Civil.
El lunes 12 de junio de 1995, una agonizante última legislatura del Gobierno de Felipe González se encontraba con la siguiente portada de El Mundo: 'El Cesid lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas'. Aquella publicación fue uno de los capítulos de una historia que había empezado con el robo de información tres años antes por un mando despechado, el coronel Juan Alberto Perote.
Comparar el contenido de aquella información con las que aluden ahora al espionaje al independentismo catalán sirve, entre otras cosas, para entender el avance de la tecnología. “El Gabinete de Escuchas controla cientos de frecuencias con un ‘scanner’ Thomson”, decía un destacado de la información periodística. “El Cesid cuenta con una cintateca en las que se archivan, trasladadas a casetes, conversaciones operativamente aprovechables”, aseguraba otro.
Dos semanas y unas cuantas portadas después llegaron las dimisiones: el responsable del Cesid, teniente general Emilio Alonso Manglano; el ministro de Defensa, Julián García Vargas; y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. El coronel Perote había vendido presumiblemente la información a Mario Conde y el abogado de ambos llegó a negociar en el Palacio de La Moncloa la entrega de la misma. Perote terminaría condenado en un juicio que tuvo que repetirse en 2005.
Manglano y Perote habían llegado al Cesid en 1981 tras los indicios que relacionaban al servicio secreto con la intentona golpista de aquel año. A partir de entonces se convirtió al Cesid en el órgano encargado de obtener la información necesaria para prevenir “amenazas involucionistas” y “desestabilizaciones constitucionales”, entre otros objetivos. El escándalo de las escuchas 14 años después lo dejó herido de muerte.
En su segunda legislatura, el Gobierno de José María Aznar acordó la transformación del Cesid en el Centro Nacional de Inteligencia a través de una Ley que regía su funcionamiento. Otro texto legal regularía la intervención de las comunicaciones. El texto de ambas ha adquirido mayor actualidad que nunca en las últimas semanas. El artículo primero de la Ley del CNI le habilita, entre otras cosas, para obtener la información que sea necesaria al Gobierno con el fin de “prevenir y evitar” amenazas tales como la que comprometa la “integridad territorial de España”.
La modernización y transparencia que parecían implicar aquellas iniciativas son puestas hoy en cuestión. En cuanto a la Ley que regula la intervención de las comunicaciones por parte del CNI el texto solo contempla que se razone la petición detalladamente ante un magistrado del Supremo –el designado, Pablo Lucas Murillo, lleva ya 13 años en ese cometido–, pero el resultado de esa intromisión en los derechos fundamentales no es comunicada al juez, que solo vuelve a saber del caso cuando se le requiere una prórroga. El CNI custodia el expediente, clasificado secreto, y la Fiscalía no tiene ninguna participación en el procedimiento.
Los atentados de Madrid y Barcelona
A los dos años de la creación del CNI España vivió el episodio más violento desde la Guerra Civil, un atentado terrorista de naturaleza yihadista con 192 muertos. La sucesión de fallos por parte de Policía y Guardia Civil en la vigilancia de algunos de los autores salvaron del foco principal al servicio de Inteligencia, que tampoco logró evitar el atentado. Desde aquel momento, el yihadismo se convirtió en la prioridad del servicio secreto. España salió libre de nuevos actos terroristas del fundamentalismo islámico hasta 2017, cuando 16 personas murieron en Barcelona y Cambrils por la actuación criminal de una célula yihadista.
Con la excepción de los que han protagonizado episodios en los tribunales no se conoce la identidad de los agentes del CNI, solo de aquellos que han perdido la vida en acto de servicio y siempre que el suceso haya adquirido trascendencia. La mayor tragedia en la historia del Centro ocurrió en Irak el 29 de noviembre de 2003 cuando siete agentes perdieron la vida en una emboscada. Otro miembro del CNI había muerto en un atentado en Bagdad el mes anterior.
El Centro iba cambiando su composición militar por una mayoría de civiles y las mujeres pasaban a desempeñar papeles claves en su organigrama. Un ejemplo es su actual directora, Paz Esteban, miembro de la generación de civiles, hombres y mujeres, que se fueron incorporando al servicio secreto en los años ochenta. Esteban es apreciada como profesional y rigurosa por el resto de servicio de Información españoles.
El CNI también ha sido protagonista de la actualidad por sus problemas internos. El ministro de Defensa José Bono decidió colocar al frente del servicio secreto a su consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El desempeño de Alberto Sáiz causó un fuerte malestar interno y los resortes del servicio secreto se activaron. Una serie de informaciones en El Mundo sobre el cargo al presupuesto del Centro por parte de Sáiz para su ocio y reformas en su domicilio, la contratación de familiares y amigos, o la publicación por Europa Press de que todos los agentes del CNI habían sido expulsados de Cuba derivaron en su dimisión en julio de 2009.
Sanz Roldán y el poder de una década
Llegó el turno para Félix Sanz Roldán, que permaneció una década en el puesto. El general entró en la sede de la carretera de La Coruña con el encargo de pacificar la situación interna y lo consiguió. Fueron los años de éxito en la lucha contra ETA y el yihadismo y de una supuesta apertura en el Centro, con el nombramiento de un director de Comunicación y la participación del general Sanz Roldán en foros abiertos en los que promovía la labor del CNI y su continuo sometimiento a la autoridad judicial.
Pero España cambió. El desafío del independentismo violento vasco dio paso a otro en Catalunya, de carácter pacífico, que en poco tiempo adquirió unas dimensiones desconocidas en cuarenta años de democracia. El 1 de octubre de 2017 el Centro Nacional de Inteligencia empezaba a ser mencionado en los medios de comunicación y no positivamente. El referéndum se había celebrado gracias a que los independentistas tuvieron unas urnas en las que depositar su voto, en muchas ocasiones entre porrazos de las Fuerzas de Seguridad. El servicio de Inteligencia español no había podido suministrar al Gobierno la información para interceptar aquellos recipientes.
Sanz Roldán, que se había convertido en un militar de referencia para el Gobierno socialista y la ministra Carme Chacón, había logrado superar el cambio de signo político en Moncloa. De ganarse la confianza del Ejecutivo de Zapatero pasó a disfrutar de la del Gobierno de Mariano Rajoy, y especialmente de su jefa directa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aquello tenía dos lecturas: el CNI debe estar en manos independientes, ajenas a un color político; u otra, la que desaconseja acumular tanta información y tanto poder en una persona durante demasiado tiempo.
Comisario Villarejo, el síntoma
Para entonces, un nombre se había empezado a instalar en la memoria de los españoles: José Manuel Villarejo, comisario de Policía. Cuatro años después de su detención, Villarejo se ha rebelado un síntoma fallido de la transición, con su pléyade de clientes y colaboradores, políticos, jueces, periodistas o policías como él. Tras cuarenta años de actividad, Villarejo cayó cuando el CNI lo decidió. Así lo reconocen protagonistas destacados de la investigación cuando revelan que el servicio secreto estuvo “en el inicio” de las pesquisas. ¿Por qué se toleró al policía y sus desmanes tanto tiempo? Aún está por despejar el verdadero motivo por el que el CNI decidió quitar de la circulación al policía, pero cada vez más voces apuntan a que el comisario quiso sacar partido también de un terreno vedado: los desmanes de Juan Carlos I.
¿Se puede sentir aludido el CNI en lo que respecta a Juan Carlos I por el artículo de su ley que alude a conjurar los riesgos de la “estabilidad de las instituciones del Estado”? Lo cierto es que al menos su director Sanz Roldán sí lo creyó. El actual directivo de Iberdrola se implicó en el contencioso entre el rey emérito y su expareja extramatrimonial Corinna Larsen hasta el punto de viajar a Londres a mediar. Ella niega esa versión y ha denunciado al monarca y al antiguo jefe de Inteligencia por amenazas y coacciones durante años a cuenta de los 65 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí y que acabaron en manos de la empresaria por deseo del monarca.
En el juicio por la querella que presentó Sanz Roldán contra Villarejo, el exdirector del CNI dijo una cosa y la contraria: viajó a Londres por amistad con el emérito, una cuestión privada, pero no declaró que no podía hablar de ello por que aquel viaje está protegido por el secreto de las actuaciones del CNI. El tribunal acabó por absolver a Villarejo, que se enfrenta en la Audiencia Nacional a condenas que supondrían pasar el resto de su vida en la cárcel.
En el Ibex y el Ministerio de Defensa
El apresurado cierre de la investigación del caso Kitchen deja unas cuantas incógnitas, alguna no menores, como el conocimiento o incluso la participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, el tesorero del PP que tenía en su poder supuesta información que afectaba al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la financiación irregular del partido y los sobresueldos. El asunto es de tal enjundia que supondría que el servicio de Inteligencia habría actuado en beneficio de un partido político, el que estaba en el Gobierno, y no de una institución.
Con el caso Villarejo también se ha barrido el rastro de antiguos comisarios de Policía que firmaban suculentos contratos con empresas del Ibex, supuestamente por los conocimientos que atesoraba en materia de seguridad. En destacados casos, los policías han sido sustituidos los últimos años por agentes del CNI que dejan el servicio activo para tomar posiciones en algunas de las empresas más relevantes del país.
Hoy, el director de seguridad global de Telefónica es el coronel Miguel Sánchez, quien fue el máximo responsable antiterrorista del Centro. El Banco de Santander tiene a Elena Sánchez, ex número dos del servicio, y el periodista que acompañó a Sanz Roldán en todo su periplo al frente del servicio ocupa un puesto destacado en Indra. La influencia del servicio de Inteligencia no solo se extiende en el ámbito económico: la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, también fue secretaria general del CNI.