El juez Pablo Ruz, encargado de investigar la financiación irregular del PP, ha citado a declarar como imputado el próximo martes al exesecretario general del PP Ángel Acebes. El origen de esta citación está en el informe de la UDEF acerca de la presunta financiación de Libertad Digital con fondos B del partido que recogen los 'papeles de Bárcenas'.
Hasta ahora, Ruz había dejado a Acebes fuera de las declaraciones por la financiación irregular, algo que no habían podido evitar otros que ocuparon su mismo cargo que, a diferencia de él, declararon como testigos y no como imputados: Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal.
En la lista de imputados y testigos para el próximo martes destaca Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas en la tesorería del partido, que se ha negado reiteradamente a declarar ante el juez alegando motivos de salud. Recientemente, la Policía acreditó que Lapuerta también manejó los fondos irregulares del partido y que la práctica trascendió a Bárcenas.
Acebes es sospechoso de un delito de apropiación indebida. Para llegar a este punto, Ruz se sirve de un análisis de la UDEF sobre nueve anotaciones recogidas en los papeles de Bárcenas. Según el relato de Bárcenas en sede judicial, el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte pidió a Acebes que buscara personas para suscribir las acciones en el proceso de ampliación de capital que seguía el medio de comunicación en 2004. Ese fue el año de la victoria electoral del PSOE, de cuyo Gobierno Libertad Digital se convirtió en azote mediático. Recarte ha sido llamado como testigo.
Siempre según el relato de Bárcenas, fue Álvaro Lapuerta quien planteó a Acebes utilizar fondos de la caja B del partido y para suscribir las acciones y que luego fueran traspasadas a terceros. El propio Lapuerta, Bárcenas y la esposa de éste, Rosalía Iglesias, figuraron como suscriptores, pero con cargo a los fondos irregulares del partido. Los tres vendieron posteriormente las acciones, pero el dinero nunca regresó al partido. En el caso de Lapuerta, ganó 69.850 euros con la compra de acciones utilizando dinero negro y ni la cantidad original, ni la plusvalía, fue a parar después a la caja B. También adquirió acciones Francisco Yáñez, quien estuvo imputado pero ha fallecido. Yáñez vendió los títulos y reingresó el dinero dos meses después.
Acebes es citado por el juez en relación con el presunto conocimiento y autorización de la operación. El juez cree que podría haber colaborado a que “tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos”. Ruz ha tenido en cuenta las funciones que los estatutos del PP otorgan a su secretario general y la doctrina del Tribunal Supremo, que permite señalar como colaborador a aquel que no impida, acorde a su cargo, la actividad de apropiación indebida de terceros cuando es “una fuente de peligros para intereses ajenos”.
También han sido citados como testigos Alberto Dorrego y Borja García Nieto, quienes aparecen como compradores de las acciones y receptores de fondos de la caja B en los papeles de Bárcenas. En ambos casos, seguirían en poder de estas personas a día de hoy.
El Partido Popular siempre ha mantenido que Bárcenas aprovechó sus puestos de gerente y tesorero para engañar y aprovecharse de la formación. El hecho de que Ruz apunte al delito de apropiación indebida por parte de Bárcenas, Lapuerta y Acebes no termina de respaldar esa tesis. Así queda de manifiesto en una de las frases del auto, en la que acusa a Bárcenas de “aprovecharse de las ventajas de su cargo”, pero también de la “opacidad de los fondos” que manejaba.
Ruz tiene tiempo en el auto para volver a referirse a la práctica de fraccionar las donaciones irregulares para hacerlas pasar como legales. Y desvela que otra contabilidad paralela habría servido para financiar la sede regional del PP en Bizkaia y las obras que se llevaron a cabo en el edificio.