El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado hoy la libertad provisional para los antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas, mientras se resuelve la petición de extradición de Argentina. Ruz les ha impuesto como medidas cautelares la comparecencia semanal en el juzgado más cercano a su domicilio, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, informaron fuentes jurídicas.
Ambos han salido de la Audiencia Nacional cubriendo su rostro, antes de abandonar la calle Prim en sendos vehículos, del mismo modelo, que han acudido a recogerlos. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Audiencia Nacional, vestido de paisano, les ha abierto la puerta de salida, les ha acompañado hasta el coche y les ha abierto la puerta del mismo. Pacheco y Muñecas han tenido que ofrecer al juzgado su dirección y un teléfono donde estar permanentemente localizados. Ruz ha tomado esta decisión a petición del fiscal Pedro Martínez Torrijos.
En su auto, Ruz afirma que las medidas cautelares han sido adoptadas precisamente para “impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial”. El juez recuerda que los delitos por los que Argentina reclama a los dos presuntos torturadores están castigados en ese país con penas de entre 8 y 25 años.
Tomando la información de la petición de extradición de la juez Servini, Ruz enumera en su auto las fechas en las que fueron detenidos los denunciantes y en qué centro de detención se les sometió a malos tratos.
La vista apenas se prolongó unos minutos. Durante la misma, el juez informó a Pacheco y Muñecas que un juzgado de Argentina les reclama por 13 delitos de torturar en el caso del primero, y uno en el del segundo. Se da la circunstancia de que Andoni Arrizabalaga, uno de los denunciantes, fue presuntamente torturado por los dos exagentes en distintos momentos. Después, el juez les ha preguntado si aceptaban la entrega a Argentina, lo que ambos han rechazado.
Muñecas, condenado por participar en el golpe del 23-F, ha aprovechado para leer un escrito defendiendo su no participación en los hechos de torturas que se le imputan. El excapitán de la Guardia Civil ha asegurado no haber sido condenado nunca, con excepción de la pena de cinco años por su participación en la intentona golpista. Por su parte, el abogado de 'Billy el Niño' ha defendido que los hechos por los que está reclamado su defendido se cometieron en España y no pueden ser perseguidos en razón de la Ley de Amnistía, informaron a eldiario.es fuentes presentes en la comparecencia.
Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el tribunal encargado de decidir sobre la extradición. Si la aceptara, el Gobierno tiene capacidad para no ejecutarla.
El abogado de las víctimas, Carlos Slepoy, no ha podido estar presente al tratarse de una vista de extradición, pero al término de la misma ha sido recibido por el juez Ruz.
A pesar de que estaban citados a las 10 de la mañana, el antiguo inspector de la Brigada Político-Social Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas han llegado a la Audiencia Nacional a las 8:20, más de una hora y media antes de la que estaban convocados por el juez Pablo Ruz para comunicarles que sobre ellos pesa una orden de busca y captura internacional por torturas cometidas en los estertores del franquismo. El magistrado les preguntará si aceptan ser extraditados a Argentina y decidirá si deben seguir libres o los envía a prisión provisional mientras resuelve la Sala de lo Penal.
Poco después de las 9 la Policía ha ordenado a unos cuantos manifestantes -que ni portaban banderas, ni pancartas ni proferían gritos- abandonar la zona donde se ubican los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia en la calle Prim. Esto ha provocado algunos momentos de tensión. El Cuerpo Nacional de Policía ha desplegado un importante dispositivo con motivo de las declaraciones de Billy el Niño y Muñecas, poco habitual incluso para otras citaciones de relevancia mediática.
Medio centenar de manifestantes se han tenido que congregar a 100 metros del edificio para gritar “torturadores, extradicion”, “fosas cerradas, heridas abiertas” o “Enrique Ruano no te olvidamos”, en referencia al joven militante asesinado por la policía franquista. Las declaraciones de los exaltos cargos de la dictadura ha provocado una importante presencia de medios extranjeros.
Además de informar a los acusados de torturas de la solicitud de extradición a Argentina, Ruz ha pedido el criterio de la Fiscalía, que ya se pronunció en contra de la detención y de su entrega cuando llegó a España la orden de arresto. Los nombres de Pacheco y Muñecas integraban una lista junto a Celso Galván y José Ignacio Giralte, estos dos últimos ya fallecidos, que redactó la jueza de Buenos Aires María de Servini. El juzgado de Servini investiga la denuncia de un grupo de represaliados del franquismo, que una y otra vez habían chocado en España con el rechazo de los tribunales a investigar hechos anteriores a la Ley de Amnistía.
El Ejecutivo podía haber rechazado de plano la entrega de los presuntos torturadores, pero de momento ha optado por que resuelva la Audiencia Nacional. A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes continuar con el proceso de extradición recogido en la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva, un mero trámite si finalmente se acuerda denegar la entrega.
La jueza Servini dictó el pasado 18 de septiembre un auto de 208 páginas en el que se fundamenta la petición de extradición. ‘Billy el Niño’ y el capitán Muñecas, que participó en el fallido golpe del 23-F, están acusados de infringir torturas y malos tratos a 13 personas. En doce casos, el acusado es Pacheco, mientras que al antiguo guardia civil se le reclama por las torturas presuntamente practicadas contra Andoni Arrizabalada en 1976, cuando estaba destinado en Gipuzkoa.
El proceso de reclamación por parte de Argentina no ha estado exento de polémica. La Policía española evitó practicar la detención en cuanto recibió la orden internacional de Interpol. Como hace en otros casos que le presentan dudas sobre que la entrega se vaya a realizar –entre otros, cuando los reclamados tienen nacionalidad española- preguntó a la Audiencia Nacional. Allí, la orden durmió en un cajón de la Fiscalía al menos 48 horas hasta que terminó el turno de guardia del juez Fernando Andreu, con amplía experiencia en perseguir crímenes contra la humanidad desde su juzgado central de instrucción número 4.
Cuando Fiscalía informó en contra de la detención y entrega, ya había entrado de guardia el juez Ruz. El Ministerio Público alegó que la orden de detención incluía delitos que no aparecen en el Código Penal español, que los hechos no estaban suficientemente descritos y, sobre todo, que la Ley de Amnistía impedía perseguir a los reclamados. Recientemente, el juzgado de Servini remitió a España una fundamentada petición de extradición, sobre la que hoy el Ministerio Público se tendrá que volver a pronunciar.