Según sus datos, a falta de un número concreto por “no haber tenido acceso” a la “mayoría” de los legajos mandados, las cajas remitidas a Cataluña sin cumplir la normativa podían acoger unos 400.000 documentos.
Se trata de “una cuantiosa documentación” que debería regresar a las dependencias de Salamanca, ha apuntado el investigador en una rueda de prensa donde ha mostrado su satisfacción por la aprobación unánime en las Cortes de Castilla y León de la declaración institucional de apoyo al Archivo General de la Guerra Civil Española, un documento impulsado desde hace seis años por Policarpo Sánchez.
Sobre los documentos en cuestión, que según el presidente de la asociación tienen que volver a Salamanca, se encuentran los que trasladó el Ministerio de Cultura “vulnerando la ley” al remitirse a Cataluña siendo de Valencia, Madrid, Murcia, Asturias o Aragón, entre otras comunidades, ha explicado.
También, han de retornar “los que no se han devuelto a sus legítimos propietarios” y, además, los que se han entregado a familiares de personas y entidades que “no fueron sus legítimos propietarios”, para lo que la Generalitat “se ha inventado propietarios”, ha lamentado.