Caso Mascarillas

San Chin Choon y el rastro asiático del pillaje en España

Empeñados los protagonistas del caso mascarillas en recuperar el imaginario de la corrupción española, el sumario incluye una misteriosa figura que aparece en fotos ataviado con traje tradicional en una ceremonia de condecoración. Es el empresario malayo que fabricó en China el material sanitario que adquirió el Ayuntamiento de Madrid en los primeros días de la pandemia y que llegó a la capital con la intermediación de Luis Medina y Alberto Luceño. La falsificación de documentos que se les atribuye y un nombre que en Occidente se presta a chistes fáciles elevó la duda: ¿San Chin Choon? ¿En serio? Pues sí, San Chin Choon existe, pero no tiene ganas de colaborar. Y otra vez, una pista se pierde en Asia. 

Los españoles llegaron a creer en 1995 que el capitán Khan había detenido al enemigo público número 1 entonces, Luis Roldán, en Laos. Pero el capitán Kahn resultó ser un actor contratado en París por el espía Francisco Paesa. El exdirector de la Guardia Civil ni siquiera pisó Laos; estaba en Tailandia. El pasado miércoles, las autoridades malayas despejaron dudas y defraudaron expectativas: San Chin Choon existe, su empresa Leno también, y el empresario está localizable. Pero, amparado por el sistema judicial de su país, se niega a contestar a las preguntas de la comisión rogatoria cursada por la Fiscalía Anticorrupción.

La importancia de la declaración de San Chin Choon –o el “señor Leno”, como dice Luceño– pudiera ser relativa. La investigación preliminar de Anticorrupción, destinada a decidir si se querellaba o no por el caso mascarillas, venía demorándose meses por la intención de recabar el testimonio del empresario malayo. Al día siguiente de que elDiario.es revelara que esa investigación secreta existía desde noviembre de 2020, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, daba luz verde a la presentación de la querella sin que Malasia hubiera llegado a enviar el testimonio de San Chin Choon. Eso ocurrió el 1 de abril. Y el pasado miércoles, día 20, llegó la contestación de Malasia: “Conseguimos identificar y localizar al sujeto San Chin Choon pero, como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración”. Anticorrupción se topa con la ley malaya. 

En la querella de Anticorrupción, el fiscal Luis Rodríguez Sol asegura que “el vendedor [San Chin Choon] habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado” por las mascarillas. “Concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”, añade. Y Madrid había pagado 6,6 millones de dólares, esto es, más de 6,5 euros por mascarilla, un precio desorbitado en comparación con otros grandes ayuntamientos del país en esas fechas. También dice la querella que Alberto Luceño “impuso al Ayuntamiento” el precio de las mascarillas, los guantes y los test “amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora”.

Para Anticorrupción, Luceño no tenía experiencia en el mercado asiático. Se desconoce cómo llegó a San Chin Choon, aunque el sumario recoge las pruebas que entregaba al Ayuntamiento para que confiaran en él: vídeos de trabajadoras chinas sosteniendo un mensaje en inglés para España, fotos de San Chin Choon siendo condecorado en su país… San Chin Choon, dijo Luceño en su declaración, tampoco habla mucho inglés. Los seis millones de euros en comisiones van de una cuenta de Leno, la sociedad del empresario malasio, a las que Medina y Luceño tienen abiertas en sucursales españolas. “Pa la saca”, le escribe éste último al hermano del duque de Feria el 30 de marzo, el día de los 211 muertos por Covid en Madrid, cuando reciben las notificaciones del ingreso.

En ningún documento consta la comisión que habrían pactado los empresarios con San Chin Choon y queda abierta la duda de si el malasio es cómplice de cómo hincharon el precio artificialmente, falsificando cuánto costaban realmente los productos. El fiscal cree que, además del documento con el que Luceño se muestra como “agente exclusivo” de la empresa de Malasia, Luceño y Medina también falsificaron la firma de San Chin Choon. Lo habrían hecho cuando el banco exigió documentos para justificar la fortuna que acababa de llegar desde Kuala Lumpur hasta España.

Pero el intercambio con Malasia deja una prueba que compromete a Luceño y Medina. Cuando el Ayuntamiento de Madrid se percata de que los guantes que llegan no son los que ha pedido –Madrid quería piezas hasta el codo para proteger a sus sanitarios y recibe guantes que solo cubren hasta la muñeca–, Luceño se compromete a hablar con el empresario malasio. Responde que no devuelve el dinero, pero que hace una rebaja. De 2 dólares el par, los dejará a 0,39, muy lejos aún de los 0,08 que los funcionarios del Ayuntamiento comprueban que cuestan en un supermercado de Madrid. 

Pese a ello, el Ayuntamiento acepta la devolución de más de 4 millones de dólares y se queda con los guantes, casi 900.000 euros en un material que luego destinaría a otros funcionarios del Consistorio, como conductores de EMT, según asegura una fuente oficial del Ayuntamiento. La administración local no se sienta engañada con la devolución y no denuncia la estafa. Mucho más tarde, tras la querella de Anticorrupción, se personará como perjudicado. 

Al ser sorprendido en el engaño, lo que ha hecho Luceño es renunciar a la comisión por los guantes y volver a mentir al Ayuntamiento con la tesis de que les rebaja el precio. Pero para el fiscal ahí está la prueba de que no es una comisión por la venta sino el incremento artificial del verdadero precio de los guantes. 

“¿Conoce a Alberto Javier Luceño y a Luis Ramón Medina Abascal?”. Esta es la primera de las 19 preguntas de Anticorrupción que San Chin Choon ha dejado sin contestar. A partir de ahí, en la comisión rogatoria, el fiscal se interesaba por saber el supuesto acuerdo de las comisiones, si las firmas son auténticas… La empresa de San Chin Choon recibió finalmente 12 millones de dólares del Ayuntamiento de Madrid. Más de 6 fueron a parar a Luceño y Medina.