Alquileres e ingreso mínimo vital. Eran los dos escollos que separaban al Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos en la recta final de la elaboración de su primer proyecto de Presupuestos y que han solventado los negociadores a última hora del lunes, justo a tiempo para llevarlo al Consejo de Ministros del martes, tal y como ya había anunciado Pedro Sánchez. Los partidos han acordado que el proyecto de ley estatal de vivienda, en la que se incluirá la regulación del precio de los alquileres, se apruebe en el Ejecutivo en tres meses y llegue al Congreso en cuatro, así como simplificar el acceso al ingreso mínimo. Dos reivindicaciones en las que los de Pablo Iglesias han insistido en las últimas semanas y que han mantenido hasta el final amagando incluso con retrasar la presentación de las cuentas. Sánchez e Iglesias presentarán el acuerdo a las 9 de la mañana, justo antes de que se reúna el gabinete para dar luz verde a las cuentas.
El principal escollo respecto a la reforma legal que permitirá poner freno al alza abusiva de los alquileres en las zonas tensionadas tenía que ver respecto a los plazos para ponerla en marcha. Es una propuesta que está en el acuerdo de Gobierno pactado por Sánchez e Iglesias y que cuenta con un amplio apoyo entre buena parte de los partidos llamados a apoyar los Presupuestos,. En Unidas Podemos están convencidos de que es una norma que atraerá los partidos catalanes y a la izquierda parlamentaria al proyecto que defienda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ley estatal de vivienda lista en tres meses
Los socios han acordado que el proyecto de ley llegue al Consejo de Ministros en tres meses y al Congreso, en cuatro. Ese era el plazo que manejaban los socialistas ya en los últimos días. Del texto legislativo serán proponentes el ministro de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El objetivo de la normativa respecto al alquiler será “habilitar a las Comunidades Autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.
Además, se comprometen a “convalidar los avances de aquellas comunidades que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha”. Catalunya ha impulsado, por ejemplo, su propia normativa pero en el Gobierno consideran que va más allá de sus competencias.
El segundo acuerdo pasa por “mejorar” el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del llamado “escudo social” del Gobierno, en la que Unidas Podemos puso especial empeño durante la primera oleada de la pandemia, pero cuya implantación ha sido muy criticada tanto por otros partidos, como por la sociedad civil. En Unidas Podemos no esconden su impaciencia ante una prestación que sostienen que apenas llega a un puñado de las miles de familias que deberían estar recibiéndola, y han reconocido en público que había que cambiar su diseño para facilitar el acceso de las personas que lo necesiten. Sin embargo, desde la parte socialista defendían que ya se incluyeron cambios que han permitido que la prestación esté llegando ya a 136.000 hogares y abrían la puerta a incorporar cambios a través de la tramitación parlamentaria, que es como se hará finalmente.
Mejoras del ingreso mínimo vía enmiendas
PSOE y Unidas Podemos han pactado tres enmiendas que incorporarán en la tramitación del ingreso mínimo vital como proyecto de ley que está en el Congreso. Una plantea que solo se tengan que tener en cuenta los meses transcurridos del año -y no el año entero como actualmente- para poder acceder a la ayuda. “En estos momentos, esta medida solo se aplicaría hasta 2021. Con el acuerdo al que se ha llegado esta posibilidad se hace permanente, con el objetivo de poder dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida a la que se enfrentan muchas familias, especialmente en el actual contexto. Esas familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV. Podrán solicitarlo en cualquier momento del año”, reza el texto del pacto.
Además, se reduce de tres a dos años el tiempo que los menores de 30 tendrán que haber sido independientes para poder solicitar la prestación. “Esto va a facilitar que un mayor número de jóvenes puedan acceder al IMV si su situación económica empeora, por ejemplo, por quedarse en paro, y no han logrado cotizar lo suficiente para poder acceder a una prestación de desempleo”, señala el acuerdo. La tercera enmienda establece la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV: “De este modo, se va a dar respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación, buscando soluciones que faciliten la identificación de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”.
Negociación tras anunciar Sánchez la aprobación este martes
La negociación de esos flecos se prolongó hasta última hora del lunes, a pesar de que Sánchez estaba decidido a que la aprobación de los Presupuestos por el Consejo de Ministros no pasara de este martes. Así se lo comunicó por la mañana a los presidentes autonómicos en su reunión de este lunes, a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y así lo reiteraban desde Moncloa bien entrada la tarde. Pero las negociaciones para cerrar los últimos detalles continuaban en la noche del lunes, con Unidas Podemos advirtiendo de que si no se asumían sus reivindicaciones la aprobación podría retrasarse.
“No se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros”. Así respondían en la tarde del lunes desde Unidas Podemos al anuncio realizado unas horas antes por el presidente del Gobierno. Fuentes del grupo confederal aseguraban a elDiario.es que, pese al mensaje lanzado por Sánchez, las negociaciones entre los dos socios seguían abiertas. El Presupuesto en sí parecía cerrado, pero Unidas Podemos reclamaba, como en las últimas semanas, “mejoras” en el ingreso mínimo vital y avanzar en la legislación estatal para regular la subida de los precios del alquiler. El mensaje al que respondían desde Unidas Podemos lo había lanzado poco después de las 10.00 Sánchez en Twitter: “Mañana mismo el Gobierno presentará el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, para ser aprobado en Consejo de Ministros”. Un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación que anticipaba la intervención de Sánchez ante los presidentes autonómicos ratificaba la idea.
En Moncloa ya daban por cerrada la negociación a finales de la semana pasada, pero en el lado minoritario del Gobierno reiteraban el aviso de los últimos días: alquileres e IMV debían formar parte del paquete presupuestario, aunque no de la ley de Presupuestos propiamente dicha. Estos dos eran los escollos en la recta final de unas negociaciones que han durado varios meses y que han encabezado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Los dos ministerios entre cuyas competencias están estas dos materias negaron durante el lunes que fueran un escollo en las negociaciones. Desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recordaban que el ingreso mínimo está “en trámite parlamentario” y que están “hablando con los grupos sobre posibles enmiendas”, pero que no les constaba “ninguna dificultad ni ninguna vinculación al Presupuesto”.
En cuanto a los alquileres, la parte socialista del Gobierno sostenía que se iba a llevar a cabo cuanto antes. El ministro José Luis Ábalos aseguraba en una entrevista en El Periódico de Catalunya este mismo fin de semana que estaba “dispuesto a adelantar la tramitación de la ley de vivienda para satisfacer a Podemos”. Fuentes del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sostenían en la tarde del lunes que la intención es que la limitación de los alquileres esté lista en esa norma, que está ya en el trámite de “información pública”. “La idea es tener el texto en enero, quedan dos meses”, aseguraban. Finalmente lo acordado supone que esté lista en tres.