El Gobierno pasa página de la moción de censura y ultima unos Presupuestos que le garanticen la legislatura
La previsión de Moncloa es que Sánchez e Iglesias presenten el acuerdo la semana que viene y que las cuentas de 2021 se aprueben en el Consejo de Ministros del martes, pero Unidas Podemos sostiene que aún quedan flecos por cerrar que lo podrían retrasar
El presidente de Vox, Santiago Abascal, pasa por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
El Gobierno pasa página de la moción de censura de Vox que ha marcado la agenda política los últimos días. Las dos jornadas en el Congreso sirvieron para resituar las piezas del lado derecho del tablero político, en el que Santiago Abascal se ha quedado escorado y solo. Pablo Casado acaparó todos los focos al marcar distancias con la extrema derecha por primera vez desde la foto de Colón de 2019. En Moncloa confían en que el PP se avenga a negociar la renovación del Poder Judicial tras el guiño que lanzó Pedro Sánchez al jefe de la oposición desde la tribuna, al echar el freno con la reforma legal que pretendía llevar a cabo para sortear el bloqueo impuesto por los conservadores. Los canales de comunicación nunca se han roto entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el consejero madrileño, Enrique López, a quien Casado había encomendado las negociaciones antes del verano. Mientras, la coalición ultima los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y da por hecho que las últimas semanas han ayudado a afianzar los lazos con los socios de la investidura.
Los socios de Gobierno están convencidos de que la aprobación del proyecto presupuestario garantizaría a la coalición aguantar toda la legislatura. En Moncloa sostienen que el acuerdo con Unidas Podemos está prácticamente cerrado y dan por hecho que Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo presentarán la próxima semana. Según la Agencia Efe, el plan es hacerlo el próximo martes a primera hora, antes de la reunión del Consejo de Ministros en la que sería presumiblemente aprobado el anteproyecto.
En Unidas Podemos, sin embargo, no son tan optimistas y sostienen que aún hay importantes flecos por cerrar. El principal escollo en la recta final de la negociación ha sido el aumento de algunos impuestos para las rentas y patrimonios más altos, así como el calendario para la reforma legal que permita poner freno al alza abusiva de los alquileres en las zonas tensionadas. Este mismo viernes, el grupo confederal ha firmado junto a ERC, EH Bildu, Más País, BNG, Compromís y la CUP un manifiesto en el que piden que se regule con carácter urgente, tal y como exige el Sindicato de Inquilinos.
El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sostiene que el mejor marco jurídico para llevarlo a cabo es la ley estatal de vivienda, que está ya en elaboración y que, según fuentes de su departamento, puede estar lista a principios de 2021.
En Unidas Podemos quieren que la tramitación de esa ley corra en paralelo a la de los Presupuestos. No solo porque eso aceleraría la entrada en vigor de una medida que está recogida en el acuerdo del Gobierno de coalición que firmaron Sánchez e Iglesias, y que Podemos e IU tienen entre sus prioridades más urgentes. Además, creen que facilitaría la aprobación de las cuentas públicas del año que viene al blindar la reciente ley aprobada en el Parlament y que el Ejecutivo estudia llevar al Constitucional por invasión de competencias.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimizó el pasado martes las desavenencias que había trasladado Unidas Podemos, que también tenían que ver con la subida del IPREM y del IRPF para rentas por encima de los 200.000 euros. Respecto a la agilización en los trámites del Ingreso Mínimo Vital, aseguró que ya se habían introducido mejoras y que se pueden ampliar durante la tramitación parlamentaria.
Pero en materia de alquileres, el acuerdo no está cerrado, de momento. Las conversaciones seguirán durante el fin de semana. El plazo que se dan en Unidas Podemos no acaba el martes, cuando se celebran los Consejos de Ministros ordinarios, sino en el viernes 30 de octubre.
Ciudadanos, a la cola en la negociación
En paralelo a la elaboración del proyecto presupuestario el Gobierno ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Sánchez, que son prioritarios en la negociación. La intención del Gobierno es que las cuentas públicas lleguen al Congreso con la certeza de que sortearán las posibles enmiendas a la totalidad que presenten los grupos y que ya hicieron caer en 2019 al anterior Gobierno, del PSOE en solitario.
A pesar de que Moncloa vio tras el estado de alarma más factible aprobar los Presupuestos con Ciudadanos, finalmente se ha impuesto el orden de prioridades que exigía Pablo Iglesias y que defendía una parte del PSOE: primero los grupos que votaron sí a la investidura de Sánchez, seguidos de los que se abstuvieron y, finalmente, los que votaron no.
Tanto fuentes gubernamentales como del partido de Inés Arrimadas aseguran a elDiario.es que no se han producido aún negociaciones presupuestarias entre ellos. “Hay comunicación entre los equipos, pero no hay nada específico de presupuestos”, señalan desde Ciudadanos, informa Carmen Moraga.
El PSOE confía en renovar el Poder Judicial con el PP mientras Unidas Podemos es escéptico
El debate de la moción de censura dejó un mensaje clave sobre la mesa tras el giro de Pablo Casado: el freno de Sánchez en la propuesta de reforma de la ley del Poder Judicial para sortear el veto del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones. La pelota está de nuevo en el tejado de Génova. La idea del Ejecutivo es que esas conversaciones esta vez lleguen a buen puerto. “Vienen en serio”, apunta una fuente gubernamental sobre el giro que ha dado el jefe de la oposición.
La decisión de que Sánchez lanzara su propuesta como cierre de su participación en la moción de censura se produjo ante el nuevo discurso de Casado, pero también tras las llamadas de atención de Europa respecto a la propuesta planteada, que pretende permitir que una mayoría absoluta (176 votos en el Congreso, 133 en el Senado) apruebe la elección del CGPJ, para lo que actualmente es imprescindible el apoyo de tres quintos de las Cortes (210 votos).
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa, Marin MrÄela, envió una carta al Gobierno en la que advertía de que esa reforma podría violar sus normas, aunque en la misiva se refería a una posible aprobación por mayoría simple. Por su parte, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigland, reconoció que está haciendo un “seguimiento” de la propuesta y apostó por “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial”. Este mismo viernes, Wigand aseguraba que “suspender la propuesta y permitir una consulta más amplia es un paso en la buena dirección”.
El gesto supone meter la propuesta de reforma en el cajón. “Detener el reloj”, en palabras del propio Sánchez. Pero no olvidarse de ella. “No vamos a retirar la proposición de ley. Lo que hemos hecho es paralizar su tramitación para dar una nueva oportunidad al diálogo y a ver si esta vez el señor Casado es capaz de cumplir con su palabra y no nos pasa como las dos ocasiones anteriores que teníamos un acuerdo y lo rompió”, dijo la portavoz socialista, Adriana Lastra, nada más acabar el Pleno.
Si no hay acuerdo, PSOE y Unidas Podemos están decididos a seguir adelante. Y en el grupo que lidera Pablo Iglesias creen que no habrá acuerdo porque el PP no va a aceptar la negociación. Diversas fuentes de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es coinciden en que el mensaje del número dos de Casado, Teodoro García Egea, publicado inmediatamente después de la propuesta de Sánchez, con una serie de exigencias como excluir a Podemos de las negociaciones, es la prueba de que los conservadores no se van a mover de su posición. Máxime, después de que Casado dirigiera un durísimo discurso contra Santiago Abascal en la moción de censura y apelara, para que volvieran, a los votantes que en 2019 se fueron del PP a Vox. “Después de esto, el PP tiene difícil negociar con el Gobierno”, apuntan desde Unidas Podemos.
El PP ha insistido en “que Podemos pinte lo mismo que en la fusión de Bankia y La Caixa” y en “la despolitización de los organismos de la Justicia” como exigencias previas para iniciar cualquier negociación, informa Íñigo Aduriz. En una entrevista, el secretario general del PP sugirió que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, está actuando de parte en los procedimientos judiciales que investigan al partido de Pablo Iglesias: “No sabemos si las decisiones de la Fiscalía sobre Iglesias están tuteladas por una exministra socialista”.
En Unidas Podemos creen que el nuevo viaje al centro de Casado es “un espejismo” si no se sustancia en algo más que un discurso y una votación en contra de una moción de censura llamada al fracaso desde el momento de su anuncio. La actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su Gobierno ante la crisis del coronavirus y su relación con el Ejecutivo central apuntalan esta idea entre los dirigentes del grupo confederal.
Otra fuente parlamentaria de Unidas Podemos consultada por elDiario.es cree que las condiciones previas del PP “lo ponen imposible”. “No aceptan el ofrecimiento del presidente. Al final no va a quedar más remedio”, dicen, que reactivar la reforma de la ley para abrir la opción de que se pueda renovar el CGPJ con la mayoría absoluta del Congreso si en una primera votación no se logran los tres quintos de la Cámara que actualmente indica la norma. Si el PP finalmente opta por no negociar, en el partido que lidera Pablo Iglesias creen que se van “a reforzar los argumentos para hacer la reforma”.