Pedro Sánchez ha anunciado a los presidentes autonómicos que se van a poner en marcha los procedimientos para a llevar Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en la invasión de Ucrania, según fuentes gubernamentales. El primer paso consiste en la labor de documentación. El Consejo de Ministros aprobará este martes los primeros trámites en el marco de un acuerdo internacional. Esa ha sido una de las primeras cuestiones que el socialista ha abordado en la Conferencia de Presidentes que se celebra de forma presencial en La Palma. A pesar de las reclamaciones de varios presidentes, especialmente de los del PP, para bajar el IVA del gas y la electricidad para hacer frente a la escalada de los precios, Sánchez ha eludido adelantar los pasos que puede llevar a cabo. El Gobierno por ahora se limita a anunciar bajadas impositivas para los sectores afectados que no concreta.
El presidente ha advertido de que el conflicto en Ucrania va a ser largo y que corre el riesgo de cronificarse y, al igual que otros líderes europeos, ha mostrado confianza en la labor de intermediación de China y que pueda conducir a una resolución diplomática.
Esos son algunos de los mensajes que Sánchez ha lanzado en la Conferencia de Presidentes de la que pretende salir con un acuerdo económico para hacer frente a la crisis que se va a derivar de la guerra así como para el desafío humanitario por la salida masiva de refugiados de Ucrania. Para acogerlos se pondrán en marcha tres centros (en Madrid, Barcelona y Alicante) y se está estudiando un cuarto en Málaga. La capacidad total será de 18.200 plazas (5.400 del sistema estatal y 12.800 de autonomías y ayuntamientos). El Gobierno asegura que las comunidades contarán con recursos económicos. También ha informado de un envío de ayuda humanitaria a través de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de 23 millones de euros, que representa el mayor envío realizado a un solo país, según fuentes gubernamentales.
Sánchez ha reclamado tanto para la respuesta humanitaria como para la económica “máxima unidad” a las comunidades autónomas y, específicamente, ha pedido a los presidentes “colaboración” en el intercambio de información para poder ejecutar las sanciones a los oligarcas con las que los aliados pretenden asfixiar a la economía rusa en el intento de frenar a Putin y “corresponsabilidad” en la acogida de menores no acompañados.
El PP exige bajadas de IVA
A la Conferencia de Presidentes han acudido todos los líderes autonómicos, incluido el catalán, Pere Aragonès, que no pretendía hacerlo antes de la invasión rusa de Ucrania. Lo que no ha hecho es aparecer en la foto de familia con el rey previa a la reunión. El foco de la cita está en buena medida en el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se estrena como líder del PP a la espera de que sea confirmado formalmente el primer fin de semana de abril. En su intervención mostró “la voluntad inequívoca” para “llegar a un acuerdo”, aunque advirtió de que no debe ser una “mera declaración de intenciones” sino incluir concreciones.
Los presidentes conservadores presionan para que se produzca una bajada del IVA de los carburantes dado que el precio se ha disparado en las últimas semanas y de la electricidad, que actualmente está en el 10%, a pesar de que existen dudas de poder llevarlo a cabo al margen de la UE. El propio Feijóo lo ha planteado al pedir al Gobierno que extienda hasta final de año las reducciones impositivas vigentes -previstas hasta final de junio- y las amplíe con la reducción del IVA al tipo superreducido para la electricidad y el gas. “En la misma línea, pidió que se solicite autorización a la Unión Europea para una reducción excepcional y transitoria del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava la gasolina y el gasoil”, según la Xunta.
Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más allá al reclamar incluso la “suspensión de los impuestos que gravan la energía” y también ha propuesto destinar el presupuesto del Ministerio de Igualdad la compensación de la subida de los precios.
El Gobierno hasta ahora evita adelantar medidas que el Gobierno pueda poner en marcha en solitario a la espera de la respuesta común que salga del Consejo Europeo. No obstante, tiene buenas sensaciones respecto a la aceptación del desacople del precio del gas respecto de la electricidad, que es una de sus principales reivindicaciones. Sánchez ha pedido a los presidentes apoyo para esa propuesta y, en respuesta a la dependencia energética de Rusia, ha defendido las interconexiones a través de España para el gas, el hidrógeno verde y el impulso a las energías renovables. Más allá de eso, el Gobierno deja en manos de las conferencias sectoriales en las que participan el Gobierno y las comunidades la profundización en medidas fiscales.
Y es que el Gobierno fía a la UE la respuesta que se pueda dar a las consecuencias de la guerra. Sanchez ha insistido en la necesidad de mantener la flexibilidad de las reglas fiscales ante la nueva realidad económica que plantea la guerra. Ante el posible desabastecimiento de algunos alimentos, Sánchez ha reconocido que los veintisiete tienen que buscar mercados alternativos -como Argentina o EEUU, según explicó el pasado martes en una conversación informal con periodistas-. También espera un reforzamiento de la Política Agraria Común (PAC) y que se garanticen precios asequibles para los fertilizantes nitrogenados así como compensaciones a los sectores afectados.
En declaraciones previas a los periodistas, el presidente del Gobierno había defendido el “espíritu” del entendimiento que permitió dar una respuesta unánime desde el Ejecutivo central, el canario, el cabildo y los ayuntamientos afectados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja. “La propuesta que voy a hacer es que articulemos los acuerdos de la isla de La Palma en torno a cuatro ejes”, ha dicho Sánchez.
El primero se refiere a la respuesta humanitaria para la acogida de refugiados ucranianos, el segundo es que el Gobierno reciba el respaldo para la posición que defienda de cara al Consejo Europeo, el tercero es que se deje al margen “la lucha partidista” en la ejecución de los fondos europeos ante la batalla que hasta ahora ha planteado el PP -Sánchez ha prometido una reducción y agilización de los plazos-, y el cuarto es la “articulación de ese plan de respuesta a las consecuencias de la guerra”.
En ese sentido, ha dicho que pretende que sea un plan “abierto y dinámico” en el que se produzca un diálogo en tres niveles: con los agentes sociales para el pacto de rentas, con los grupos parlamentarios -con los que se iniciará una ronda de contactos- y, en tercer lugar, con las comunidades autónomas. “Además de todo lo que hemos hecho ya, el Gobierno está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras industrias y ciudadanos como hicimos en la pandemia”, ha expresado. “Vamos a poner todo lo que esté en la mano del Gobierno, toda la potencia y el poder del Estado para que no sean rehenes del chantaje de Putin”, ha rematado.