Sánchez busca un acuerdo con las autonomías para hacer frente al impacto económico y humanitario de la guerra

Ni financiación autonómica, ni retirada de mascarillas, ni fondos europeos. De manera natural, el foco de la XXVI Conferencia de Presidentes que se celebra este domingo en La Palma estará sobre la guerra y sus distintas derivadas, especialmente sobre la crisis humanitaria y la escalada del precio de la electricidad. El Gobierno confía en que de la cumbre salga un sistema de coordinación que ordene la llegada de migrantes de tal modo que “se eviten desbarajustes” o “iniciativas unilaterales desde las diferentes administraciones públicas”, según informan fuentes gubernamentales. Catalunya y Andalucía reclamarán un fondo para financiar la acogida de refugiados mientras que la Comunitat Valenciana y Madrid consideran prioritario adoptar medidas urgentes con las que paliar el coste de la energía. 

Y es que la guerra de Putin se ha colado de tal modo en la agenda nacional que la pandemia y sus consecuencias, que centraron el debate durante meses en todas conferencias de presidentes, ha pasado a un segundo plano. La Moncloa y los distintos presidentes autonómicos coinciden en ello y acuden a La Palma con un orden del día que, si bien incluye “una valoración sobre el estado de ejecución de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” y un análisis de la “situación epidemiológica derivada del COVID-19”, tiene como objetivo prioritario acordar un “plan de cooperación para la respuesta al impacto de la guerra en Ucrania”.

Desde el Ministerio de Política Territorial, Isabel Rodríguez, lleva días en conversaciones con los distintos presidentes para llegar a la cita con un principio de acuerdo en materia de refugiados, cooperación humanitaria, impacto económico, coste energético y ciberseguridad. Para el presidente del Gobierno, es esencial, según explica la también ministra portavoz, que se actúe de “forma colaborativa” ante un asunto que afectará de manera integral al conjunto de administraciones públicas.  

De hecho, Sánchez ya avanzó en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados algunas medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo español, al tiempo que llamó a la unidad de todos los partidos políticos y pidió aportaciones a los grupos parlamentarios y los agentes sociales para frenar el impacto de la guerra. En La Palma hará lo propio con las comunidades autónomas y los entes locales con el objetivo de redoblar esfuerzos en la asistencia a los colectivos vulnerables. 

A medio y largo plazo, su propósito es que el plan nacional de respuesta a la guerra contemple la reducción de la dependencia energética de España y en el corto, acometer un plan de reducción de consumo energético en los edificios públicos dotado con millones de euros para sustituir el alumbrado público y conseguir un descenso del consumo del 70%.

Para proteger la industria electrointensiva, en este año, el Gobierno reducirá el 80% los peajes a más de 600 consumidores y prorrogará hasta el 30 junio las medidas de flexibilidad de los contratos de suministro gas natural de los consumidores industriales. Esto, además de acelerar el despliegue de las energías renovables y aprobar una partida de 500 millones de euros para fomentar el autoconsumo de energía.

Del espíritu, que no de la letra del reglamento de la Conferencia de Presidentes, siempre salió de todas los cónclaves una resolución acordada por unanimidad. Ocurrió durante los mandatos de Zapatero y también los de Rajoy, y ahora se llega a La Palma con un principio de acuerdo sobre la hoja de ruta a desplegar tras la invasión rusa de tal modo que se escenifique en España la misma unidad política que ha habido en Europa para dar respuesta a la barbarie de Putin. 

El documento remitido por La Moncloa a las comunidades propone un Acuerdo sobre Medidas de Cooperación para la Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania y recuerda que “las sanciones implican necesariamente una serie de consecuencias sobre la economía del continente, si bien el coste de la no respuesta habría sido aún mayor que el que podamos padecer en caso de actuar”. Y añade que “la unidad, tanto a escala europea como en nuestro país, es esencial para afrontar estas consecuencias y, en general, las repercusiones de este conflicto sobre España y Europa”.

De ahí que se busquen “espacios de actuación compartida” que “requieren intensificar la colaboración entre todas las Administraciones públicas” tanto en lo que respecta a la ayuda humanitaria como en el despliegue del sistema de acogida y protección a las personas que llegan a nuestro país huyendo del conflicto y las medidas socioeconómicas que permitan paliar el alza de los precios energéticos sobre los más vulnerables. El Gobierno propone que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las comunidades compartan la información disponible, colaboren recíprocamente para evitar duplicidades e incrementen sus aportaciones al fondo de contingencia.

La Moncloa pone en valor la asistencia a la cumbre del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya que salvo a las convocadas específicamente y de forma telemática para abordar asuntos relativos a la pandemia, Catalunya declinó siempre la invitación a este tipo de foros multilaterales. Y, aunque en esta ocasión Aragonès tampoco tenía intención de acudir a la cita, que fue pospuesta por la invasión de Ucrania, cambió finalmente de criterio al entender la excepcionalidad del momento. Hoy, como el de Andalucía, el gobierno catalán reclama un fondo específico para la coordinación de la acogida de refugiados ucranianos y los gastos que supondrá la guerra, además de medidas para paliar el aumento de los precios energéticos. 

El popular Juan Manuel Moreno Bonilla, que ya ha puesto a disposición del Gobierno 1.200 plazas para albergar refugiados, confía en que de la Conferencia salga un Plan de Estado para coordinar a todas las comunidades en la acogida de ucranianos, además de un Fondo Extraordinario de Solidaridad con Ucrania. Por su parte, Madrid pedirá ayudas por el coste de la energía, ya que el gasto de Metro, advierten desde la Puerta del Sol, ha pasado de 80 a 300 millones en luz. No obstante, coinciden también con el resto de comunidades en la necesidad de coordinar la organización ante la llegada de los refugiados ucranianos. Claro que, Isabel Díaz Ayuso no sería ella si no incluyera en su lista de peticiones que el Gobierno “se olvide de la armonización fiscal”. Lo hará también en esta ocasión, según adelantan desde su gabinete. 

Para el valenciano, Ximo Puig, lo más importante es la respuesta económica a la guerra, y en especial la cuestión energética, algo que ha trasladado en las reuniones preparatorias a la ministra Rodríguez y que incluirá en su intervención este domingo para pedir un plan de acción estratégico que dé una respuesta inmediata a la crisis energética agravada por la invasión.

El gallego Alberto Núñez Feijóo, que pronto abandonará la Xunta para hacerse cargo del liderazgo del PP, remitió esta semana una carta al presidente del Gobierno para solicitarle una respuesta ágil ante la crisis humanitaria desencadenada por la invasión rusa, sin reparar en que España ha sido el primer país de los 27 en trasponer la Directiva de Protección Temporal acordada por el Consejo de Ministros del Interior de la UE e incluso ampliarla a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión. 

El castellano-manchego Emiliano García Page da por hecho que habrá un fondo extraordinario porque así lo ha previsto ya Europa, si bien hasta el momento “se está aplicando la previsión de otras acogidas, en relación a precios por persona”.

La Moncloa estima que el sistema estatal y autonómico tiene capacidad para acoger hasta 20.000 refugiados, y no 12.000, tal y como se apresuró a cifrar el Ministerio de Migraciones. No obstante, el Gobierno añade a esta previsión la llegada no ordenada ni dirigida desde las administraciones de ucranianos que vienen a casa de familiares y amigos ya establecidos en España, y que será difícil cuantificar hasta que no soliciten, a posteriori, la residencia o el permiso de trabajo.