Pedro Sánchez pone a prueba la paciencia de los socios de la investidura y la resistencia de los cimientos de la coalición. La gestión de la invasión rusa de Ucrania -tanto en las decisiones internacionales relativas al envío de armas como en la respuesta a las consecuencias económicas que se derivan de la guerra- y el histórico cambio de posición de España respecto al Sáhara impuesto por el líder socialista han aumentado la desconfianza de los aliados del Gobierno. Con ese clima, al que se suman las huelgas y manifestaciones cada vez más frecuentes, Sánchez se tiene que poner a buscar apoyos para el plan de respuesta a la guerra que pretende presentar este lunes a primera hora y aprobar en el Consejo de Ministros del martes.
Tras el éxito en Bruselas al conseguir que la UE permita a España y Portugal establecer un precio tope al gas que permita reducir de forma inmediata la factura de la luz y con el que Sánchez aspira a salvar de nuevo la legislatura, el Gobierno intensificó la negociación interna del paquete de medidas. Una vez más, las conversaciones son contrarreloj. A última hora del domingo los socios que integran la coalición llevaban todo el día intercambiando posiciones, pero continuaba la negociación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, contactó con el PP, Ciudadanos e Íñigo Errejón el domingo y el lunes a primera hora con ERC y PNV, según fuentes gubernamentales.
La aproximación a la nueva crisis que esta vez está generando la guerra en Ucrania ha vuelto a evidenciar las discrepancias dentro del Ejecutivo. Unidas Podemos hizo sus propias propuestas, que incluyen una subida de impuestos a las eléctricas que Hacienda rechaza, y los principales escollos han estado, una vez más, en los asuntos relativos a la vivienda. También se están hablando temas relativos al Ingreso Mínimo Vital, la puesta en marcha de ERTE adaptados a esta crisis y cuestiones sobre despido, además de asuntos específicos de energía donde ambas partes tienen distintos puntos de vista. El planteamiento de Sánchez generó, además, suspicacias dentro de coalición desde el primer momento por el compromiso con el PP a bajar impuestos como método para dar oxígeno a los bolsillos de los ciudadanos, aunque ahora Moncloa enfría esas expectativas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, expresó sus recelos al respecto, también por el acercamiento al PP y ante la intención del presidente de elevar el gasto militar. Eso le ha llevado a resintonizar con Podemos tras meses de distanciamiento.
Mientras algunos de los aliados parlamentarios, como ERC, creen “es el momento más negro de la coalición” por los 'sapos' que se está tragando el socio minoritario, en Moncloa mandan un mensaje de tranquilidad respecto a su funcionamiento. “Todo lo que ha ocurrido entra dentro de lo esperable”, señalan fuentes del ala socialista sobre los roces de las últimas semanas. “Unidas Podemos debe reflexionar cómo pueden ser más útiles, si dentro o fuera del Gobierno”, expresó el portavoz, Gabriel Rufián, ante lo que los aliados de la investidura ven continuos desplantes del PSOE (la posición del Sáhara, el envío de armamento a Ucrania, la intención de subir el gasto en Defensa…). Pero el socio minoritario descarta una ruptura. Tampoco la ven en las filas socialistas, que recuerdan que “fuera del Gobierno hace mucho frío”.
Pero Sánchez no ha tenido solo tensión con Unidas Podemos, sino que la desconfianza se ha instalado en la mayoría de socios parlamentarios del Gobierno. Aunque los llamamientos de los aliados de la investidura llevan siendo una constante toda la legislatura, los síntomas de agotamiento fueron muy palpables la semana pasada en la que se vio una inédita unidad en contra del PSOE de todo el arco parlamentario: desde Vox y el PP hasta EH Bildu y ERC pasando por Unidas Podemos. La intención del presidente es sacar adelante con el mayor número de partidos posible, incluido el PP, el nuevo plan de choque con el que hacer frente al encarecimiento de los precios y solventar la crisis que atraviesan algunos sectores productivos. Para ello las vicepresidentas y el ministro de Presidencia han mantenido encuentros con todos los grupos parlamentarios, a excepción de la extrema derecha, que no quiso participar. No obstante, la queja generalizada tras esas reuniones es que el Ejecutivo, que estaba a la espera de los resultados del Consejo Europeo, no ponía sobre la mesa ninguna concreción.
Y es que a la presión de la calle se ha sumado en las últimas semanas la de todos los partidos exigiendo medidas inmediatas que palien el incremento desorbitado del precio de la energía en línea con los anuncios que estaban haciendo otros países. En el Gobierno dan por hecho que sacarán adelante ese decreto ley, a pesar de la tensión con sus aliados, que se incrementó exponencialmente con el sorprendente viraje respecto al Sáhara. El PSOE llegó a quedarse solo en el Congreso para impedir que Sánchez tuviera que rendir cuentas la semana pasada, aunque el presidente tuvo que ceder a la presión y adelantar al 30 de marzo su comparecencia.
Con ese ambiente, lo que más llamó la atención en las filas socialistas fue la dureza del portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la que hizo como avanzadilla el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Aquí se viene antes, no después. Se viene antes a contar las cosas y qué es lo que se pretende hacer, no después (...). Quien debería estar hoy aquí es el presidente”, dijo nada más empezar su intervención. “Cuando vaya a Rabat recuerde usted que no tiene el respaldo de este Parlamento”, sentenció con enfado. Esas palabras retumbaron en Moncloa.
El diputado vasco reveló, además, que el ministerio pidió a su grupo retirar una pregunta parlamentaria sobre la relación con Marruecos después de que este país no participara en la votación de la ONU sobre la invasión rusa de Ucrania y que hubiera una “oleada” de subsaharianos en la valla de Melilla. “Nosotros, con buena voluntad, lo retrasamos, pero nos podían haber dicho algo de qué iba el asunto. Pedir el favor de retrasar la pregunta, sí; pero explicar qué es lo que pasaba, no”, se quejó Esteban, que fue subiendo el tono hasta estallar al final de su segundo turno.
El PNV es tradicionalmente un aliado clave de los gobiernos centrales. Sus cinco votos sirvieron para tumbar a Mariano Rajoy dos semanas después de aprobarle los presupuestos en 2018 y para investir a Sánchez. “La relación es extraordinaria. No hace falta un gesto, gobernamos con ellos en Euskadi”, señalan fuentes gubernamentales. No obstante, sí ha habido contactos a nivel parlamentario con Esteban tras su enfado.
Fuentes socialistas restan importancia a ese golpe en la mesa. Ni siquiera creen que el PNV apoyara la reprobación de Albares que ha planteado ERC, aunque no la ha impulsado a la espera de ver si el acuerdo con Marruecos conlleva una represalia de Argelia en forma de subida del precio del gas, algo que dan por hecho la mayoría de partidos en el Parlamento. “Forzó mucho”, dicen esas fuentes, que sitúan ese perfil duro de Esteban en la competencia de los nacionalistas vascos con EH Bildu.
Hartazgo de los socios
También la izquierda abertzale, que se ha convertido en uno de los socios habituales de la coalición, ha mostrado desconfianza hacia el Gobierno. “Un asunto tan sensible, que no es baladí, usted no lo comunicó ex ante ni a los miembros del Consejo de Ministros, ni a los socios de investidura, el bloque de investidura, ni tampoco a los partidos de la oposición. Creo que algo ha fallado”, recriminó el diputado Jon Iñarritu al jefe de la diplomacia, al que reprochó que en esta ocasión no llamara a los portavoces de Exteriores cuando sí tiene la “virtud” de hacerlo en asuntos de “relevancia”.
“El Gobierno da unas señales de ensimismamiento, de improvisación y de bandazos”, fue la advertencia de Iñigo Errejón. “No me gusta la deriva que está tomando el Gobierno”, dijo en la misma línea el diputado de Compromís. “Yo quería que hubiera una mayoría progresista en el Congreso y creo que como las relaciones personales hay que cuidarlas. El PSOE no está cuidando a la mayoría progresista”, agregó Joan Baldoví.
El punto de inflexión de la reforma laboral
La crisis del Sáhara ha sido la puntilla a unas relaciones que ya venían muy deterioradas de negociación de la reforma laboral. La votación que salió adelante gracias al error del diputado del PP Alberto Casero supuso un punto de inflexión en la relación de la coalición con sus aliados parlamentarios, especialmente con ERC. El Gobierno buscó pasar página rápido de aquella situación dantesca, con transfuguismo de por medio, en la que se convirtió la aprobación de una de las medidas estrellas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
Ahora la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias que de ella se derivan han puesto en peligro la velocidad de crucero con la que pretendía tirar el Gobierno hasta las elecciones de dentro de dos años. La preocupación en ambos sectores de la coalición sobre las perspectivas económicas es muy elevada y tanto Sánchez como Díaz se juegan en buena medida la legislatura.