Pedro Sánchez deja fuera del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la apuesta de Pablo Iglesias para formar parte del órgano de gobierno de los jueces como vocal. Victoria Rosell no estará entre los 20 miembros que compondrán el organismo una vez que las Cortes voten su renovación a partir del acuerdo que han alcanzado PSOE y PP, según ha confirmado eldiario.es de varias fuentes.
El presidente del Gobierno se reunió este lunes con el líder de Podemos, al que considera su “socio preferente”, para hablar sobre la renovación del Poder Judicial. Esa misma mañana PP y PSOE habían informado del acuerdo alcanzado por el que Manuel Marchena presidiera el órgano y el Tribunal Supremo a cambio de que el sector progresista tenga la mayoría de vocales –el PSOE propone once y el PP, nueve–.
Moncloa aseguró que el encuentro había tenido mero carácter informativo: “El presidente se ha reunido con Pablo Iglesias para informarle del acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del CGPJ”, apuntaron las fuentes oficiales. “El acuerdo está cerrado”, agregaban esas mismas fuentes.
Fuentes gubernamentales insistieron tras ese encuentro que el nombre de Rosell, que fue diputada de Unidos Podemos, no está en la lista definitiva del acuerdo. Para Iglesias la designación de la jueza era imprescindible. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que hasta este lunes Unidos Podemos no había puesto su nombre sobre la mesa.
No obstante, desde el inicio de las conversaciones entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, mandatados por Sánchez y Pablo Casado, respectivamente, fuentes socialistas habían dado por hecho que de su cuota cederían al menos un vocal a sus aliados parlamentarios. Finalmente no ha sido así y la renovación ha llegado a Iglesias ya cerrada, según los socialistas. Sin embargo, las conversaciones de la ministra con el grupo confederal a través de Gloria Elizo continúan, según fuentes de Unidos Podemos.
“El acuerdo lo tengo con el PP, es con el que hemos acordado esa renovación”, ha defendido la portavoz socialista, Adriana Lastra, que ha señalado que han “hablado y escuchado al resto de grupos”. No obstante, la suma de socialistas y conservadores es suficiente para que los nombramientos salgan adelante con la mayoría de tres quintos que requieren. Unidos Podemos ya ha anunciado que no votará a los juristas conservadores, pero la duda es qué hará con los progresistas.
El Gobierno asegura que las propuestas que ha formulado –algunas ya son públicas porque PP y PSOE registraron los ocho nombres de juristas que eligen directamente los grupos este lunes que vencía el plazo– son asumibles por el resto de formaciones. Lastra ha puesto en valor que se trata de “representantes de la sociedad del siglo XXI” entre los que hay expertos y expertas en violencia machista o lucha contra la corrupción en una referencia a José Ricardo de Prada, que fue el ponente de la sentencia de la Gürtel que acabó con el mandato de Mariano Rajoy.
La despolitización no llega
El reparto que Sánchez ha llevado a cabo con el PP –unos días después de anunciar su ruptura con Casado– y las aspiraciones de influir de Iglesias chocan con posicionamientos que han defendido en el pasado con respecto a la independencia del Poder Judicial.
En 2014, Sánchez prometió un “CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno”. Ahora se ha repartido los asientos, aunque los socialistas insisten en que los vocales actuarán conforme a su criterio. No obstante, su primera decisión ya está tomada: elegirán a Manuel Marchena como presidente a partir del acuerdo entre los dos grandes partidos. “No hay nada más democrático que los representantes de los ciudadanos puedan valorar y votar a los miembros del Poder Judicial”, ha defendido la número dos del PSOE.
A pesar de que en el programa electoral del PSOE –ni en el del PP– no figuraba ninguna propuesta sobre la politización de la Justicia, Sánchez defendió en su investidura fallida una “auténtica revolución” el “compromiso” que había alcanzado en su acuerdo con Albert Rivera para que la elección del órgano de gobierno de los jueces se realizara a través de un concurso público.
Ciudadanos, que apostaba por esa vía y se la impuso en el pacto, se ha autoexcluido de las conversaciones para la renovación del CGPJ. Unidos Podemos sí pretende hacer propuestas a partir de los jueces que ya vienen avalados por la carrera judicial o las asociaciones aunque su propuesta electoral era la de una consulta ciudadana.