Sánchez e Iglesias responden en bloque a los vetos del PP en el Poder Judicial y tratan de “rebajar los decibelios” en la coalición

Las discrepancias en la coalición han sido tan evidentes y ruidosas en las últimas semanas que el propio Pedro Sánchez tuvo que hablar de ellas después de que algunos aliados, como el PNV o Íñigo Errejón, se lo afearan. El presidente emplazó el miércoles en público al Gobierno a reducir los “decibelios” de las disputas internas. Dos días antes, ante la dirección del PSOE, defendió la acción de gobierno por encima de lo que un miembro de su Ejecutiva define como las “diferencias accesorias”. “Me manifiesto satisfecho con el funcionamiento de este Gobierno. Nos unen más cosas de las que nos separan”, dijo el martes en el Senado. La tensión en el bipartito se había disparado por encima de límites nunca antes traspasados la semana anterior. La fallida negociación para renovar el CGPJ confirma que la unidad de la coalición se mantiene, pese a la presión del PP para romper el Gobierno, aunque los frentes programáticos abiertos en el seno del Consejo de Ministros siguen siendo muchos y de complicada solución.

Tanto Sánchez como Pablo Iglesias tratan ahora de rebajar los ánimos y reconducir algunos de los asuntos que se han enquistado, como las leyes LGTBI y trans; la de vivienda, especialmente en lo relativo a los límites del precio del alquiler; la reforma laboral; o la aprobación de ayudas directas a las empresas por la crisis. Presidente y vicepresidente segundo tienen previsto reunirse la próxima semana para tratar de pulir esos temas. “En cualquier Ejecutivo del mundo gobernar es complejo, y hacerlo en coalición un poco más. A partir de ahí, estoy convencido de que algunos de los proyectos de ley que estamos trabajando conjuntamente van a salir adelante”, afirmó Sánchez este viernes en una rueda de prensa.

Esa declaración de intenciones se produjo en la comparecencia en la que el socialista no dudó en atribuir la frustración de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial al PP. Poco más de 12 horas después de que Moncloa y Génova anunciaran la nueva ruptura, el presidente acusaba a Pablo Casado de un “injustificable” bloqueo, que se debe al veto a los nombres propuestos por Unidas Podemos como vocales para el CGPJ: Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y José Ricardo de Prada, uno de los ponentes de la sentencia de la Gürtel que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los de Iglesias renunciaron a la designación de Rosell a instancias de los socialistas, que intentaban cerrar un acuerdo con el PP que se resiste desde hace dos años. Pero el esfuerzo fue en balde. Casado no quiere asumir el desgaste interno de llevar al órgano de gobierno de los jueces al magistrado al que se atribuyen los pasajes de la sentencia que daban por acreditada la caja B de su partido, a pesar de que el líder del PP públicamente ha marcado distancias con toda esa etapa e incluso ha anunciado la mudanza de Génova 13 para tratar de romper con el pasado corrupto.

Sánchez defiende las propuestas de Iglesias

A pesar de que en Unidas Podemos estaban en alerta durante las conversaciones entre Moncloa –pilotadas por el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños– y el PP –asumidas por el secretario general, Teodoro García Egea– ante la posibilidad de que los socialistas optaran por aceptar los vetos de los conservadores a los dos nombres que habían planteado, la coalición funcionó como un bloque en un momento muy delicado tras semanas de encontronazos entre las dos alas del Gobierno. Sánchez defendió este viernes ante los periodistas a los candidatos propuestos por Unidas Podemos y evitó pedir que renuncie al nombramiento de De Prada. “Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional. Y, por tanto, creo que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación”, zanjó.

Pero el bloqueo amenaza con quedarse dado que el presidente también dejó claro que no pretende retomar la propuesta para reducir las mayorías necesarias para renovar el CGPJ con la que se sortearía el “no” del PP. En Unidas Podemos esperan que, antes o después, sea inevitable recurrir a dicha reforma. Las fuentes socialistas lo descartan y atribuyen aquella maniobra –que recibió el rechazo de la gran mayoría de jueces y fiscales e incluso de Europa– a una estrategia de presión para que el PP levantase el bloqueo. En las próximas semanas, las Cortes sí darán su visto bueno a la reforma que impedirá que el CGPJ pueda acordar nombramientos de jueces con el mandato caducado, lo que viene haciendo de forma continuada este consejo durante los dos últimos años y que, a juzgar por las declaraciones de su presidente, Carlos Lesmes, va a continuar. Cuando esa reforma se apruebe, sostienen en Unidas Podemos, decaerá el incentivo del PP para mantener el bloqueo. Y, aseguran que, si persiste la actitud de Casado, no quedará más remedio que modificar las mayorías.

Pero esa no será la única diferencia que arrecie en el seno de la coalición, que sigue sin celebrar sus reuniones semanales de coordinación de los lunes, los llamados maitines, pese a la intención de Sánchez e Iglesias de verse para aplacar los ánimos. A pesar de que la bronca se ha reducido con respecto a la semana anterior, los conflictos programáticos permanecen, más o menos soterrados. Y se abren nuevos frentes.

Vivienda, Igualdad, ayudas al sector HORECA... los frentes inminentes

Uno de los principales enquistamientos está en la Ley de Vivienda que preparan el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad y la Vicepresidencia social y que ya va con retraso respecto al calendario pactado en el seno de la coalición durante la negociación de los Presupuestos Generales. El socio minoritario ha llegado a amenazar con descolgarse del proyecto tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso si la propuesta para bajar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas se queda en conceder beneficios fiscales para los propietarios, tal y como plantea José Luis Ábalos. Unidas Podemos quiere que se topen las subidas. El acuerdo programático de la coalición establece que esa ley dotará de un marco legal a las comunidades y ayuntamientos para que puedan “regular las subidas abusivas del precio del alquiler”.

En Transportes admiten que hay una discrepancia respecto al instrumento con el que llevar a cabo la lucha contra las subidas abusivas de los precios en determinadas zonas, pero confían en llegar a un acuerdo. De hecho, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que la ley no iría al Consejo de Ministros sin contar con el visto bueno de Unidas Podemos, aunque defendió que tiene que contar con garantías jurídicas para los propietarios.

A ese frente se suma el de las ayudas a los sectores más dañados por la pandemia, como la hostelería o el turismo, que Sánchez cifró en 11.000 millones de euros. Moncloa no aclara con qué fórmula llegarán a las empresas y autónomos más allá de asegurar que “serán ayudas a los balances”, según expresó el presidente este viernes. Sin embargo, Unidas Podemos reclama que se aprueben ayudas en forma de transferencia directa de fondos en función de las pérdidas acreditadas por las empresas, tal y como ha hecho, por ejemplo, Alemania. Algo que, creen, no casa con las palabras del presidente este viernes.

El otro gran conflicto está en el campo de la igualdad. Las leyes LGTBI y trans siguen encalladas. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, apuesta por unificar las dos normativas en una, pese a que el acuerdo de la coalición habla de dos proyectos diferenciados, y el PSOE está, además, buscando una alternativa a la autodeterminación de género. El borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad permite el cambio del sexo legal con la mera declaración expresa de la persona, pero los socialistas apuestan ahora por incluir algún tipo de certificación o requisito más allá de la “voluntad o el deseo”.

Tras semanas de combate a propósito también de la ley de igualdad de trato que el PSOE registró en solitario y que Unidas Podemos trató de tumbar en el Congreso, ha habido un cierre de filas alrededor de la reforma del Código Penal conocida como ley del 'solo sí es sí', tras el informe contrario del CGPJ. En la misma línea que Irene Montero, que aseguró que la regulación del consentimiento sexual saldrá adelante por mucho que se oponga el órgano de gobierno de los jueces, Calvo aseguró este viernes que “lo importante es que el Gobierno tiene que mantener un proyecto de ley que viene a dar todavía mucha más cobertura de protección de las libertades, particularmente de la seguridad y la libertad sexual de las mujeres”, informa Europa Press.

En el horizonte de la coalición aparecen otras disputas programáticas inminentes. Una de las fundamentales será la derogación de la reforma laboral, iniciada antes de la pandemia y que quedó congelada precisamente por la crisis sanitaria. La intención del Ministerio de Trabajo es abordarla en forma de pequeñas reformas concretas, una vez que esté lista la llamada ley de los riders, la que regulará las relaciones laborales dentro de las empresa de servicios digitales como Uber o Deliveroo y que pasa por impedir que se recurra de forma habitual a la figura del autónomo.

Iglesias: “No hay que descartar el momento en el que digas: hasta aquí hemos llegado”

Con todo, el balance que hacen en Unidas Podemos tras poco más de un año en el Gobierno es satisfactorio. Lo expresó el propio Iglesias esta misma semana en una entrevista en Furor TV, un canal de la emergente plataforma digital Twitch. El secretario general de Podemos defendió en varios pasajes tanto la presencia de su partido en el Ejecutivo como su continuidad.

“Si no valiera la pena, no nos darían las hostias que nos dan”, señaló. Pero lo justificó con un argumento que ya ha utilizado antes, incluso antes de llegar al propio Gobierno: “Estar dentro cambia cosas”. Iglesias resumió algunos de los logros: la regulación de las casas de apuestas, el final de los recortes en Dependencia o la propia ley del solo sí es sí. “Hay actores que dicen que lo mejor que podemos hacer es salir del Gobierno”, aseguró. “Claro que tiene riesgos un Gobierno de coalición con el PSOE. No va a ser un camino de rosas, no se consigue todo. Y alguna de tu gente puede decepcionarse”, asumió. Incluso reconoció la posibilidad de una ruptura: “Nunca hay que descartar que llegue un momento en el que digas: hasta aquí hemos llegado, hay cosas que no podemos aceptar”. Pero ese momento no parece haber llegado. También los socialistas asumen que ambas partes están, con un horizonte de dos años sin elecciones, condenadas a entenderse. Al menos, por ahora.