Cuentan los cronistas de la época que Adolfo Suárez se quejaba muy a menudo de lo que llamaba “la cloaca madrileña”, en alusión a un universo reducido de políticos, periodistas y conspiradores profesionales empeñados en hacer del debate público algo irrespirable pero, sobre todo, en convertir al presidente del Gobierno en el origen de todos los problemas a los que se enfrentaba el país. Era finales de los años 70 del siglo XX y aquel jefe de Gobierno, al que lo mismo se le endosaba la responsabilidad del terrorismo que de la crisis económica, terminó dimitiendo.
Pedro Sánchez no es Adolfo Suárez, la España de hoy no es la de entonces y el actual presidente no habla de albañales, pero sí de poderes en absoluto ya ocultos que maniobran contra su Gobierno. La diferencia entre uno y otro es que Suárez se marchó y a Sánchez jamás se le ha pasado por la cabeza ni anticipar elecciones, como reclama Alberto Núñez Feijóo, ni mucho menos dar la estampida. Lejos de la desmoralización y la frustración que invadieron al primer presidente de la democracia, el actual es más bien de los que plantan cara, se crecen ante la adversidad y acostumbran a renacer de entre sus cenizas. Lo hizo como secretario general del PSOE y lo intenta ahora como presidente del Gobierno. Solo así se entiende que, en medio de una grave crisis institucional provocada por las derecha política y judicial, una España instalada en la cultura del desacuerdo y la confrontación y un notable desgaste en los sondeos, hiciera este martes un balance triunfal de 2022 y se mostrara confiado de que las urnas validarán su trabajo. De lo que no cabe duda es de que el presidente ha entrado en modo electoral ni de que se dispone a redoblar el choque con el PP en un año con elecciones autonómicas en mayo y generales en diciembre. Y avisa: “Será un año muy intenso”.
“Gobernamos para la gente y estoy convencido de que eso va a dar resultado electoral, digan lo que digan las encuestas del PP”, respondía un Sánchez que recordó que hace más de cuatro años, cuando empezó a gobernar, la corrupción y los tribunales monopolizaban el debate público y hoy son la preocupación número 18 de los españoles. Convencido de que su apuesta a instancias de sus socios de ERC por modificar los delitos de sedición y malversación es arriesgada, el presidente justificó los cambios en el derecho comparado y en la homologación de las penas con las principales democracias europeas.
La Moncloa está decidida a dar la batalla electoral también en el contraste entre la forma en que el PP afrontó el problema catalán y cómo lo hace este Gobierno. Y, aunque Sánchez afirmó que el independentismo “va contra los tiempos” y quiso dejar claro que en ningún caso habrá un referéndum de autodeterminación, recordó al tiempo que la crisis de 2017 fue posible porque había un Gobierno de derechas que no atajó la amenaza. Esto no le impidió afirmar también que el procés, con las leyes de desconexión, el referéndum y la declaración de independencia, fue una “desgracia” y “una vergüenza a nivel internacional” que se produjo por una “enorme irresponsabilidad” de un independentismo que llevó a España “al borde del abismo”. Hoy, su apuesta por lo que él mismo llamó “decisiones arriesgadas” busca evitar que se repita aquella situación. Y, de momento, el resultado, afirma, es que “la Constitución se cumple en toda España, también en Catalunya” .
El PP se queda solo en el bloqueo y el incumplimiento de la Constitución
El presidente convirtió al PP durante su balance en la última rueda de prensa del año en “un problema para la democracia española” precisamente por su negativa a renovar el CGPJ en flagrante incumplimiento de la Constitución y contrastó esta actitud con la que él tuvo en la oposición. “Cuando el independentismo nos situó ante el abismo de romper la integridad territorial”, recordó, él y su partido apoyaron la aplicación del artículo 155 que aprobó Rajoy. “Las lecciones de patriotismo y constitucionalismo [prosiguió] las puede dar si acaso el PSOE, no el PP. Los socialistas siempre estuvimos dentro de la Carta Magna, en la oposición y en el Gobierno”.
En su afán por despejar el camino de obstáculos de aquí a las próximas elecciones y pacificar el choque entre instituciones, el Gobierno se anotó, apenas dos horas después de la comparecencia de Sánchez, el tanto de haber logrado desbloquear los nombramientos del Constitucional, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordase por unanimidad designar al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, de tendencia conservadora, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del alto tribunal, María Luisa Segoviano, progresista. El acuerdo llegaba 198 días después de que hubiera expirado el mandato de cuatro magistrados y tras una situación inédita en la que un tribunal dividido suspendió de urgencia una tramitación parlamentaria para modificar el sistema de elección y la llegada al propio Constitucional de los dos candidatos que nombra el Consejo General del Poder Judicial.
Tolosa y Segoviano habían sido propuestos por el sector conservador y ambos salieron adelante por unanimidad, con el voto de los 18 vocales del órgano, incluidos los ocho progresistas, que renunciaron por sorpresa a su candidato, el magistrado José Manuel Bandrés. La decisión de ceder a las pretensiones de la todavía mayoría conservadora fue diseñada el día de Nochebuena y se llevó con sigilo para evitar que el bloque que actúa al dictado del PP pergeñara otra finta para mantener el bloqueo. El resultado es que, tras casi diez años de dominio conservador, el Constitucional por fin tendrá una mayoría acorde con la que salió de las urnas en 2019.
El PP, que no esperaba el resultado de la votación, queda así como el único actor institucional instalado en el incumplimiento de la Carta Magna al mantener bloqueada la renovación del CGPJ. Y van ya cuatro años. En esto, y en todo lo demás, Sánchez sostiene que Feijóo es lo mismo que Pablo Casado y que nada ha cambiado: “Incumplimiento de la Carta Magna, no a todo e insulto y descalificación”.
Dos modelos para salir de una crisis
La economía es otro ámbito en el que a Sánchez le interesa también distinguirse de la derecha y contrastar dos modelos frente a los vaivenes económicos. Ni el otoño ha sido tan negro como auguraban los profetas del apocalipsis ni el vendaval provocado por la guerra de Putin se ha llevado por delante al Gobierno, como esperaba la derecha. De ahí que el presidente prefiera hablar de economía mientras el PP desvía el foco sobre el descenso de la inflación o los éxitos cosechados por el Gobierno en Europa con la excepción ibérica y el tope al precio del gas y prefiera buscar el desgaste en su dependencia parlamentaria de ERC.
Avanzar y proteger son los verbos que el Ejecutivo, según Sánchez, ha conjugado y conjugará “haya elecciones o no”. Y en ese contexto aprovechó este martes para anunciar el sexto paquete de medidas frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Un plan que incluye la supresión del IVA en alimentos básicos y una rebaja del 10 al 5% para el aceite y la pasta, así como un cheque para alimentación para las rentas inferiores a 27.000 euros. En total, 4,2 millones de familias recibirán la ayuda. Se mantiene además la rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano en los territorios donde los gobiernos autonómicos y municipales la complementen hasta el 50%, así como la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia durante todo 2023. Se prorroga un año la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas, el límite del 2% a la actualización anual del alquiler y seis meses, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, entre otras medidas aprobadas en anteriores planes.
“España hace diez años importaba rescates a su sector bancario y ahora exporta soluciones económicas justas y eficaces al resto de Europa”, presumió un Sánchez dispuesto a pisar el acelerador de la protección social. En lo que resta hasta las generales, el presidente no perderá ocasión de recordar que la respuesta que la derecha dio a la crisis financiera fue hacer un país “cuyo único objetivo era competir en salarios bajos, en precariedad laboral y en recortes del Estado de bienestar” mientras la suya a la guerra en Ucrania es hacer que nuestro país compita en cohesión social y territorial“.
Y, además, los datos le acompañan porque este año, España terminará con un crecimiento muy por encima de las previsiones, de más de un 5% y, según todas las predicciones, esquivará en 2023 la temida recesión técnica, que sí sufrirá el conjunto de la eurozona. Nuestro país es de los de la Eurozona el que registra además una menor inflación. Y todo en buena medida por los más de 45.000 millones de dinero público destinados ya a la protección de las familias. Con razón, la economía se ha convertido para el PP en un asunto a evitar.