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Sánchez y Feijóo miden su liderazgo ante un 28M en el que la fortaleza de la izquierda decidirá buena parte del poder territorial

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un mitin en Santa Cruz de Tenerife.

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Bienvenidos a una campaña de infarto. Arranca oficialmente la del 28M. ¿Dudas? Todas. ¿Certezas? Muy pocas. Si acaso la mayoría absolutísima del incombustible Abel Caballero en Vigo, algo inédito en un fragmentado mapa político. El resto, todo en el aire: el gobierno de la Generalitat valenciana, el de La Rioja, las alcaldías de Barcelona, Madrid, Sevilla… Esto no va de ganar sino de gobernar. Y la debilidad o la fortaleza de la izquierda a la izquierda del PSOE es lo que dirimirá en muchos casos el reparto del poder territorial. 

Si Sánchez suma o resta ha quedado despejado con el entusiasmo con el que los candidatos socialistas corean y abrazan las medidas sociales implementadas por el Gobierno de coalición, además de con la omnipresencia del presidente por todo el territorio nacional. Que la gestión importa es algo que el PSOE espera que quede demostrado el próximo 28M, pero dependerá en todo caso de si la marca mantiene intacto el poder institucional que atesora en los ayuntamientos y las comunidades autónomas y logra, de paso, hacerse con el gobierno de alguna de las capitales más simbólicas como es el caso de Barcelona.

Si Alberto Núñez Feijóo consolida o no el liderazgo de la derecha dependerá no sólo del resultado global de su marca o de si es o no primera fuerza en la Comunidad Valenciana, sino también de si Ayuso consigue la anhelada mayoría absoluta y empieza a ejercer de lideresa fáctica de la derecha. Pero para asentar el mantra del cambio de ciclo, los populares necesitan conquistar alguna capital importante y alguna autonomía emblemática. Todo lo demás será un fracaso, aunque resultara el vencedor en votos en el conjunto de España al absorber casi de forma automática el flujo electoral de un Ciudadanos en extinción.

Si Podemos logra superar el 5% de los votos exigibles para tener representación en los parlamentos de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde no se presenta en coalición con Más Madrid y Compromís, quedará acreditado un sólido suelo electoral que les convertirá en imprescindibles para el espacio de Sumar que lidera Yolanda Díaz para las generales.

Si Vox convierte en realidad su promesa de no dar gratis ningún gobierno al PP si sus votos son necesarios, Feijóo tendrá un problema más para las elecciones de diciembre, gane o pierda en el cómputo global.

Y si los resultados acreditan la muerte electoral de Ciudadanos en todos los territorios que vienen anticipando las encuestas, el bloque de las derechas, reducido ya a dos formaciones, tendrá mucho más fácil que hace cuatro años la conquista de La Moncloa. Con permiso de Vox, claro. La suma de ambos es una UTE con el único objetivo de echar a Sánchez.

El caso es que unos afrontan la cita en clave de primera vuelta de las generales mientras que otros se empeñan en decir que son unos comicios en los que primará la clave local o regional. Todos tienen interiorizado que Sánchez y Feijóo miden su liderazgo el último domingo de mayo. Y aunque oficialmente defiendan que nada cambiará esa noche, saben que en el fondo todo puede cambiar en las dinámicas de los partidos en liza en función del resultado que obtengan de las urnas. 

En el PSOE porque si no ganan las municipales en votos y concejales como en 2019 o pierden tan solo uno de los gobiernos autonómicos más emblemáticos de los nueve en los que ostentan el poder institucional, la derecha tendrá el camino expedito para activar la cuenta atrás de lo que viene llamando la “derogación del sanchismo”. En el PP porque son conscientes de que con el cambio de liderazgo de Casado pusieron demasiado alto el listón de las expectativas, porque saben también que Feijóo no tira de la marca tanto como esperaban y porque, aunque fueran primera fuerza en algunas regiones, necesitan sumar con Vox para formar gobierno, lo que lastraría el anhelo de gobernar en solitario tras las generales.

Luego está, claro, la gran prueba de resistencia del bloque de la izquierda a la izquierda del PSOE en plena disputa por la reconfiguración del espacio y el hipotético futuro acuerdo entre Podemos y Sumar para las generales. Aunque los morados concurren en coalición electoral con IU (afín a Sumar) en 10 de las 12 comunidades que celebran elecciones y en 39 capitales de provincia, Más Madrid y Compromís (integrados en el espacio de la vicepresidenta Díaz) han decidido ir en solitario en Madrid y la Comunidad Valencinaa, donde la unidad de la izquierda se considera decisiva en un caso para arrebatar al PP el Ayuntamiento de Madrid y en el otro, para mantener la Generalitat.

Sin duda, una de las grandes incógnitas de estas elecciones será cómo operen en el voto las zapatiestas públicas que mantienen los morados y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que hará un ejercicio de equilbrismo en la campaña entre el apoyo a las candidaturas de la formación morada y a otras que disputan el voto en ese mismo espacio. Su plan de campaña incluye respaldar a las confluencias de Podemos e IU, pero también a Más Madrid y Compromís, donde Podemos echará el resto en busca de ese 5% inexorable para entrar en los respectivos parlamentos autonómicos. De que lo consigan en Madrid depende que la todopoderosa Ayuso no logre la ansiada mayoría absoluta que persigue para no depender de Vox y, de paso, situarse en la pista de salida para la batalla por el liderazgo nacional del PP si Feijóo no consigue en diciembre el Gobierno de España. En ese caso, claro, tendría que vérselas con el andaluz Juanma Moreno.

Yolanda Díaz centrará gran parte de su atención en Cataluña, donde los Comuns gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona, una de las plazas más codiciadas en estas elecciones. Si el socialista Collboni logra arrebatar la Alcaldía a Ada Colau, algo que podría conseguir aun siendo segunda fuerza por los vetos cruzados declarados de antemano, la vicepresidenta segunda vería quebradas parte de sus expectativas en Catalunya de cara a las generales.

Por su parte, la ultraderecha de Vox, que afronta estos comicios como los primeros a los que concurre como un partido consolidado, ya que en 2019 su presencia territorial era casi testimonial, ve en el 28M una oportunidad para, como el PP,  frenar a Sánchez y crecer en votos hasta condicionar el poder institucional allá donde pueda. Tanto es así que han dejado claro ya que sus papeletas no les saldrán gratis a los populares en el caso de que fueran necesarias para la formación de gobiernos, como ya ocurrió en Castilla y León, donde ambas formaciones gobiernan en coalición.  Los de Abascal aspiran a condicionar el Ejecutivo de Madrid, pero también los de Extremadura, Ceuta, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla La Mancha si el PP se impone como primera fuerza y la suma con la ultraderecha supera la mayoría absoluta.

Pero Feijóo arrancó precisamente  este jueves la campaña en Valencia con una de sus frases más ambiguas respecto a las posibles alianzas postelectorales: “Nos importa ganar en Valencia, sí, sin duda. Pero no vamos a gobernar perdiendo, solo vamos a gobernar ganando”, afirmó en lo que se interpretó una clara andanada al PSPV-PSOE de Puig y su alianza con Compromís y Podemos, a los que los sondeos dan opciones de reeditar el Botànic, pese a que el PP sería primera fuerza. 

¿Rechazaría el PP gobernar con Vox en Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura si le dieran los números con Vox y el PSOE mantuviera la hegemonía electoral? ¿O se trata solo de una treta para marcar distancias con su principal competidor de bloque?

El carácter nacional del 28M es en todo caso un hecho y se ve claramente reflejado en la disputa por el voto que han puesto en marcha tanto el Gobierno como el PP desde hace semanas. Hace tiempo que las políticas no están enfocadas sólo sobre los problemas ciudadanos sino en función del viento que sople en las encuestas. Y las más de 150 publicadas en los últimos doce meses han determinado no sólo la implicación de los líderes nacionales en la agenda electoral sino también el goteo de medidas sociales con clara intención electoral aprobadas desde la mesa del Consejo de Ministros. 

Sánchez ha decidido explotar además su registro internacional en el inicio de una campaña que abre desde la Casa Blanca en respuesta a una invitación de Joe Biden, como así admite la agenda pública del PSOE, en la que se dice textualmente: “El presidente estrenará la campaña con un viaje oficial a Washington, donde se reúne con el presidente de EE.UU…”.  Desde Semana Santa ha combinado su gira por Europa para preparar el semestre de la presidencia española de la UE con una veintena de mítines y con la vista especialmente puesta en Valencia, una Comunidad que ya ha visitado en cuatro ocasiones en el último mes y a la que volverá durante la campaña. 

La Generalitat se ha convertido también en el mayor objeto de deseo de los populares para convertirla en pista de lanzamiento para Feijóo de cara a las generales, si bien el objetivo pasa por dar la vuelta al marcador de 2019, cuando el PSOE se impuso al PP por 1,5 millones de votos en los comicios locales. Claro que el PP también aspira a gobernar en solitario en Madrid y Murcia y a lograr otras autonomías como La Rioja, Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, lo que a tenor de algunos de sus dirigentes es mucho aspirar “teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia de Sánchez y la evolución de la economía que no ha descarrilado, pese al efecto inflacionista”.

Aquí triunfalismo y entusiasmo desbordante no exhibe nadie, más que en los argumentarios que reparten entre su dirigencia. Más bien en todos los cuarteles generales, los estrategas contienen la respiración ante unos resultados que serán, además de inciertos, objeto de análisis detallado y, sobre todo, determinantes para las estrategias nacionales del último semestre del año.

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