Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son conscientes de lo que les espera durante los próximos 1.400 días, el plazo que el presidente del Gobierno ha puesto a la coalición: agotar el mandato. El Ejecutivo tendrá enfrente no solo a la oposición de tres derechas radicalizadas; también a poderes económicos, grupos mediáticos y a los sectores más conservadores de la sociedad. El primer choque se ha producido esta semana con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace un año y que mantiene la composición de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Siete vocales conservadores, todos a propuesta del PP, maniobraron este jueves para que el CGPJ no se limitase a evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado, exministra y candidata del PSOE, para dirigir la Fiscalía General del Estado, e hicieron público un voto particular donde en lugar de evaluar su experiencia, la acusaron de ser parcial.
La coalición afrontó la crisis sin fisuras. Presidente y vicepresidente, PSOE y Unidas Podemos, han cerrado filas durante la primera semana para afrontar la polémica.
Antes de que el Gobierno estuviera formalmente constituido, Sánchez se enfrentó a las primeras críticas por la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros en su primera reunión. “Me gustaría que la oposición criticara evidentemente esta propuesta por los hechos, no por los supuestos –expresó el presidente–. La oposición está en contra de este nombramiento y de todos los nombramientos, hasta incluso de aquellos que no conocen”.
No obstante, no solo PP, Ciudadanos y Vox arremetieron contra Delgado, sino que la decisión fue cuestionada por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales e incluso dentro del PSOE hay voces que, en privado, reconocen que es “poco estético” que quien ha estado sentada en el Consejo de Ministros y ha concurrido a las elecciones bajo las siglas del partido sea la propuesta para dirigir el Ministerio Público.
Quien hizo una defensa cerrada fue el vicepresidente, Pablo Iglesias, que había sido muy crítico con la exministra de Justicia durante su mandato por los audios de una comida en la que participó años antes de llegar al cargo junto al comisario Villarejo y que el portal Moncloa.com desveló por entregas: “Estoy de acuerdo con el nombramiento de Delgado como con cualquier decisión de este Gobierno”. Tras las repreguntas del periodista Vicente Vallés, que llegó a recordar las palabras de Pablo Iglesias cuando se difundieron aquellos audios, el líder de Unidas Podemos dijo algo más: defendió que Delgado había pedido disculpas.
La afirmación, realizada en una entrevista en Antena 3 horas después de la comparecencia de Sánchez, es un aviso de la posición que mantendrá Unidas Podemos respecto a las decisiones del Ejecutivo, por más controvertidas que sean.
En esa línea se expresó también la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la continuidad de José Félix Tezanos al frente del CIS. Iglesias llegó a pedir su dimisión durante la campaña electoral, pero ahora el cierre de filas respecto al nombramiento que depende de la presidencia del Gobierno es total. “Cada vez que hemos tenido que hacer una crítica, la hemos hecho, pero todo el mundo entiende que Podemos es un espacio que nació para gobernar, y estamos haciendo algo que es histórico, que es un Gobierno de coalición”, dijo Montero sobre la posición mantenida en el pasado. En una entrevista en Al Rojo Vivo, reconoció que el bipartito se enfrentará a “contradicciones y dificultades”: “Va a haber decisiones que a lo mejor internamente nos podamos cuestionar entre nosotros, pero que después vamos a defender a una”.
En la negociación de la coalición, PSOE y Unidas Podemos ya se anticiparon a esos posibles roces durante la acción de gobierno y por eso rubricaron un acuerdo de seguimiento del pacto en el que se comprometen a actuar con “discreción” o a pactar la comunicación de las iniciativas. La “discrepancias” también se abordarán en ese órgano que debería quedar constituido en el plazo de 30 días desde que se formó el Gobierno.
No obstante, no ha sido solo la parte de Unidas Podemos la que ha cerrado filas con el presidente socialista sino que la defensa también ha partido de Sánchez hacia sus aliados. Las palabras de Iglesias durante la misma entrevista sobre la “humillación para España” que, a su juicio, supone que los tribunales europeos hayan desautorizado a los jueces españoles (el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, fallando a favor de las tesis de Oriol Junqueras) provocaron la airada reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de un comunicado en el que reclamaba al vicepresidente “moderación, prudencia y mesura” y le instaba a abstenerse de hacer una “utilización política de la Justicia o cuestionar su independencia”.
Moncloa –donde se encuentran solo el presidente y la vicepresidenta primera ya que la sede de Iglesias será el tradicional Ministerio de Sanidad en el madrileño Paseo del Prado– envió poco después un mensaje a los periodistas en el que apoyaba al vicepresidente y enmarcaba sus palabras en el derecho a la libertad de expresión.
“Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición”, expresaba el texto del Ejecutivo canalizado a través de la Secretaría de Estado de Comunicación.
Sánchez aprovechaba así para salir en defensa de Iglesias y también para lanzar un dardo al CGPJ, cuyo mandato ha expirado, y al PP, que anticipa el bloqueo de su renovación.
El fairplay en los primeros días de Gobierno ya se había demostrado tanto en el intercambio de carteras ministeriales como en algunas cuestiones que hace no tanto habrían sido susceptibles de una batalla entre PSOE y Unidas Podemos. Así, Sánchez se guardó la carta de una cuarta vicepresidencia para Teresa Ribera de la que Iglesias no tenía conocimiento, según reconocieron ambas partes. Pero lejos de sembrar la discordia, se mantuvo la sintonía e Iglesias aseguró que el presidente le “avisó” de la decisión. Los socialistas, por su parte, aplacaron el malestar por las filtraciones de los miembros de Unidas Podemos que se sentarían en el Consejo de Ministros, que se produjo antes incluso de que Sánchez trasladara a su gabinete si seguirían o no en sus puestos.
La filosofía de lo que ambas partes pretenden que sea la coalición la expresó el propio Iglesias en la citada entrevista en Antena 3, la primera que concede como vicepresidente: “Quien quiera sembrar cizaña o ver división en el Gobierno, lo que va a encontrar es un Gobierno fuerte, un Gobierno unido, donde vamos a trabajar en equipo y desde el compañerismo”.
El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes redundó en la misma idea. Comparecieron junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la responsable de Igualdad, Irene Montero; y la de Educación, Isabel Celaá. Cuando los periodistas preguntaron si iba a ser habitual que en esas citas de los martes estuviesen representadas las dos alas de la coalición, María Jesús Montero, la voz del Gobierno en ausencia de Sánchez, afirmó: “Ya no hablaremos nunca de ministros de Podemos ni de ministros socialistas”.