“¿Sabe qué puede costar un melón hoy? 13 euros. ¿Una sandía? 12 euros. ¿Medio kilo de cerezas? 6 euros. ¿Cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en el verano? La subida de los precios, realmente, les puede arrasar a ustedes y a nosotros, a cualquier gobierno y, sobre todo, a cualquier iniciativa de izquierdas. Señor presidente, basta de parches y basta de cheques”.
Quien así hablaba al presidente del Gobierno era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tres días después de que las urnas dieran un durísimo varapalo al PSOE en Andalucía, los precios siguieran por las nubes y la parte morada del Ejecutivo hubiera presionado a sus socios para la aprobación de un cheque de 300 euros ante la inminente renovación del decreto de medidas frente a la crisis que se aprobó este sábado. El PP de Juanma Moreno había barrido al socialismo -que ha pasado desde 2004 de 2,2 millones de votos a 880.000 y de 61 escaños a 30- de su principal feudo histórico y el presidente anunció en esa misma sesión parlamentaria una nueva rebaja en el IVA de la electricidad del 10 al 5%.
Finalmente, esa ayuda será de 200 euros y la podrán cobrar las familias más desprotegidas, aquellas que no lleguen a los 14.000 euros anuales, los autónomos que hayan visto caer su facturación y los parados. En el paquete de medidas del Gobierno está también una rebaja de los abonos transporte que pretende involucrar a las autonomías dentro de un programa anticrisis, el segundo que diseña desde que estalló la guerra de Ucrania y que en esta edición costará 9.000 millones de euros.
El lunes, inmediatamente después de reconocer sin ambages la debacle andaluza, el presidente había trasladado al PSOE y a sus ministros que no era tiempo de lamentarse ni de buscar culpables, sino de recuperar la iniciativa política, tener más empatía social y hacerse escuchar en la calle. Su objetivo es imprimir ritmo a su Gabinete y trasladar a la opinión pública que el Gobierno, no sólo es consciente sino que no ha dejado de ocuparse de los problemas que afectan a la gente.
Tan solo un mes después de que Putin invadiese Ucrania el pasado 24 de febrero, el Gobierno aprobó medidas para frenar la inflación y contener la subida de precios que incluían ya la movilización de 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Se destinaron 362 millones de euros para agricultura y ganadería, 450 para el transporte, 68 para el sector pesquero, 500 para ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 para la industria de gas intensiva y una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.
Tres meses después, la guerra de Putin continúa, el Gobierno no ha rentabilizado políticamente las ayudas y los consumidores no han sentido prácticamente ningún alivio en la cesta de la compra, por lo que Sánchez se ha visto obligado a tomar una primera decisión política que ha sido prorrogar, no tres, sino seis meses -hasta el 31 de diciembre- las medidas aprobadas en marzo y anunciar otras adicionales, como ha sido una nueva rebaja en el IVA de la electricidad, que ya pasó del 21 al 10% y ahora se establece en el 5.
El Ministerio de Hacienda entendía que hacer progresiva, como pedían algunos aliados parlamentarios, la ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasolina es técnicamente inviable. Un ejemplo: Hacienda ni siquiera tiene acceso a los NIF de las gasolineras de Euskadi y Navarra. Así que el descuento sigue como estaba. El nuevo decreto aprobado este sábado en un consejo de Ministros extraordinario “servirá no solo para ayudar a los sectores más vulnerables, sino que tendrán un efecto positivo sobre la inflación”, confían en La Moncloa. El propio Sánchez ha recordado que las consecuencias de la llamada excepción ibérica -o tope del gas- se han empezado a notar ya en la factura de la electricidad.
En su comparecencia del sábado el presidente hizo una defensa cerrada de las políticas de su Gobierno y cuando fue preguntado por qué pese a ellas acumula tanto desgaste en las encuestas y en las últimas citas electorales, recuperó el discurso de 2017 cuando recorría España para volver a ser secretario general del PSOE. Este sábado desde la sala de prensa de Moncloa, no en el bar de Salvados, dijo que el Gobierno “es incómodo para sectores económicos con terminales mediáticas y políticas” y luego advirtió: “No nos quebrarán”. Lo dijo después de anunciar el impuesto a las eléctricas que no irá en el decreto anticrisis pero sí como proyecto de ley por la vía de urgencia y que, según los planes de Moncloa, empezará a recaudar ya con cargo a los beneficios extraordinarios que las grandes corporaciones energéticas (no solo las eléctricas) han recabado este año con la escalada de precios en los recibos de la luz y las gasolinas. “Somos una comunidad, no una suma de individuos”, dijo el presidente para advertir de que deberán aportar más quienes más ganan en este contexto de crisis.
Con todo lo anunciado esta semana, La Moncloa trata de imponer un nuevo ritmo a la acción de gobierno y recuperar la iniciativa frente al viento que sopla en favor de un PP que no ha apoyado ni un sola de las medidas de protección social aprobadas por el Gobierno, pero que ha visto crecer sus expectativas electorales con la llegada de Núñez Feijóo a la dirección nacional y con una economía que acusa las consecuencias de una guerra que se prevé larga.
El decreto anti crisis, la cumbre de la OTAN que esta semana se celebra en Madrid y que llevará a España a todos los informativos y diarios del mundo y la celebración del debate de la Nación que tendrá lugar la segunda semana de julio pondrán el broche a un final de curso político incierto para el Gobierno.
Un proyecto identificable para la izquierda progresista
El objetivo de La Moncloa pasa por frenar el ímpetu de un PP que se ve ya en La Moncloa, tras la arrolladora victoria de Juanma Moreno en Andalucía, y por fijar la vista en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, previas a las generales. La estrategia gubernamental pasa por seguir haciendo énfasis en la diferencia entre dos modelos contrapuestos con los que salir de las crisis económicas para reivindicar la socialdemocracia y las medidas de protección social frente al liberalismo que representa el PP y desplegó con toda su crudeza entre 2011 y 2018 con los gobiernos de Mariano Rajoy.
Sánchez busca un rearme ideológico frente a una derecha que crece en los sondeos a costa de la defunción de Ciudadanos y el retroceso de VOX, pero también de una parte del electorado socialista. El debate de la Nación, que quedará desnaturalizado al ser el primero en el que no participa el líder del principal partido de la oposición, será el ensayo de una estrategia más contundente y reconocible para la izquierda progresista y que desplegará toda su extensión a partir del próximo curso político en septiembre.