Queda poco menos de un mes para que venza el estado de alarma con el que el Gobierno dotó a las comunidades autónomas del marco jurídico necesario para afrontar la pandemia en plena segunda ola. A pesar de que entonces Moncloa tuvo que remangarse para lograr los apoyos, porque la mayoría de grupos creía que seis meses de excepcionalidad era un plazo excesivo, la presión ahora va en dirección contraria: comunidades y partidos reclaman al Ejecutivo que prorrogue el estado de alarma o que busque una alternativa legal que permita encarar la recta final de la pandemia en la que la cuarta ola empieza a dar avisos, según reconoció Pedro Sánchez.
De momento, el Gobierno sigue descartando alargar el estado de alarma o reformar la legislación al considerar que, con la vigente normativa sanitaria, “las comunidades tienen herramientas suficientes para hacer frente a la pandemia en este estadio”. Sin embargo, también los presidentes de las comunidades autónomas, incluso algunos que se opusieron al estado de alarma, tienen ahora muchas dudas sobre lo que pasará a partir del 10 de mayo y así lo trasladaron varios de sus consejeros al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado este miércoles, informa Natalia Chientaroli.
La posición del Gobierno no convenció a la mayoría del Congreso en la sesión plenaria del miércoles. Pablo Casado, que mantuvo un tono encendido contra Sánchez, insistió en su propuesta de un “plan b jurídico”. “Volveremos a registrar una modificación de la Ley Orgánica 3/1986, con solo dos líneas más, para que en quince días, por lectura única y procedimiento de urgencia, se pueda legislar una ley ordinaria y orgánica sobre pandemias –expresó–. Ya basta de pasar todo el día por la excepcionalidad constitucional y echar la culpa a las comunidades autónomas”. Ese plan jurídico ya fue vapuleado hace meses en el Congreso donde el PP se quedó solo apoyándolo y recibió furibundas críticas incluso de Ciudadanos y Vox.
El líder del PP salió muy satisfecho del debate y los conservadores consideran que si Sánchez no busca una alternativa legal “es porque quiere volver a poner el foco sobre la alarma”. “Venir aquí con 140.000 millones y salir sin un solo apoyo... si hasta el PRC le ha cantado las cuarenta”, señalan fuentes de Génova, que consideran que Sánchez también “ha agotado la paciencia” de sus aliados parlamentarios.
No fue un debate fácil para el presidente porque la mayoría de grupos le reclamaron o alargar el estado de alarma o una alternativa legal. “Para mí es una temeridad retirar el estado de alarma”, le espetó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que es el socio preferente del Ejecutivo en el Congreso repitiendo el argumento que ya había esgrimido el lehendakari Urkullu en las últimas horas. Tras recriminarle los problemas en el suministro de las vacunas, Esteban se mostró confiado en un cambio de posición del Gobierno cuando pasen las elecciones del 4M, convencido de que las comunidades no tienen capacidad de limitar derechos como la movilidad con la legislación ordinaria, tal y como ocurrió en Euskadi en plena segunda ola, cuando un pronunciamiento negativo de un juez al cierre perimetral precipitó la declaración del estado de alarma a nivel nacional.
A las críticas del PNV se sumaron las de Ciudadanos –Inés Arrimadas reclamó al presidente que arrojara luz sobre lo que cabe esperar a partir del 9 de mayo, es decir, si los ciudadanos “se van a poder desplazar, si van a seguir teniendo que llevar mascarilla, si pueden ver a sus familiares, si en sus negocios siguen teniendo restricciones o si hay cierres perimetrales”–, pero también las de algunos aliados parlamentarios del Gobierno, a excepción de ERC, que no estuvo presente por la cuarentena de todos sus diputados por un contacto estrecho con un positivo. “Ha tenido seis meses para hacerlo, para plantear, para trabajar esa alternativa y no lo ha hecho; y no es esta la actitud que esperábamos de su Gobierno –reprochó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua–. Sea responsable y evite el caos, la incertidumbre y la inseguridad que se puede generar tras el 9 de mayo”. Íñigo Errejón reprochó al presidente el “desorden institucional” y le exigió que zanje la “incertidumbre” que se mantiene sobre lo que pasará a partir del 10 de mayo. En la misma línea se pronunciaron otras formaciones minoritarias, como Compromís o el BNG.
Pero el Gobierno no tiene previsto a corto plazo impulsar ninguna modificación legislativa, a pesar de que fue el compromiso que alcanzó con Ciudadanos el pasado mes de junio, cuando le arrancó el apoyo para la última prórroga tras el confinamiento duro de la primavera. “El Gobierno analizará las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma”, decía el texto que entonces envió la Secretaría de Estado de Comunicación. Recientemente el Consejo de Estado emitió un informe en contra de una parte de la ley gallega de salud con la que Alberto Núñez Feijóo pretendía obligar a los ciudadanos a vacunarse en el que también lanzaba un mensaje al Gobierno al plantear que el contenido de la ley sanitaria “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”.
“Hay herramientas suficientes”
Sin embargo, en Moncloa argumentan que, tras analizar las posibilidades, como establecía su compromiso con Ciudadanos, llegaron a la conclusión de que “hay herramientas suficientes” para encarar la pandemia y, en el caso del Consejo de Estado, las fuentes consultadas echan de menos una mayor precisión sobre “qué ley tocar, qué autoridad puede afectar a derechos fundamentales y con qué controles”. Sánchez lo repitió varias veces en el Congreso en la misma línea que había anticipado en sus últimas comparecencias: “Hay múltiples competencias que están en manos de las comunidades autónomas y son múltiples las herramientas que tienen las comunidades autónomas para restringir mucha de la actividad económica o mucha de la actividad de los ciudadanos y evitar la propagación del virus. Eso es así. Ahora, evidentemente, van a necesitar también el refrendo, el control de los tribunales superiores de justicia”.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, abundó en esa dirección en declaraciones a los medios por la tarde: “Este país tiene una ley sanitaria que le permite reaccionar de muchas maneras. La ley del 86 tiene muchísimos instrumentos”. “La alarma es una situación excepcional que hay que mantener el tiempo que se necesite pero no más”, zanjó la número dos de Sánchez, quien aseguró, además, que el planteamiento del PP es un “intento” de “aminorar garantías judiciales” dado que en la actualidad la limitación de derechos fundamentales, como la movilidad, necesita del visto bueno de un tribunal para poder llevarse a cabo.
No obstante, en Moncloa no acaban de cerrar la puerta a una eventual prórroga del estado de alarma en caso de que la pandemia se descontrole en las próximas semanas. “El deseo del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma, como ya he anunciado. Pero cada decisión que hemos tomado ha estado alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica y la evolución de la pandemia. Y así seguirá siendo”, dijo Sánchez en el Parlamento. Esa literalidad de sus palabras deja abierta una rendija al plan b si los contagios siguen aumentando.
Moncloa quiere caminar ya hacia la normalidad porque es el horizonte que encuentra el Gobierno para iniciar la recuperación. De ahí que trate de pasar página de las restricciones y las limitaciones con la vista puesta en la campaña de verano. “Lo que tenemos que hacer es vacunar, avanzar en la vacunación es la mejor manera de levantar la crisis económica”, apuntan fuentes gubernamentales.
Y fue ese flanco el que dio un respiro al Gobierno este mismo miércoles con el adelanto de 50 millones de vacunas acordado por la UE y Pfizer después de que Janssen suspendiera la distribución de las dosis en la UE tras la paralización de la administración por el Gobierno de EEUU. Sánchez recibió un WhatsApp de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, minutos antes de que anunciara públicamente el acuerdo. “Se ha puesto muy contento”, comentaba a los periodistas Calvo al salir del hemiciclo. A España le corresponderán en torno al 10% del total, es decir, unas cinco millones de dosis.
A pesar de los problemas con AstraZeneca y la sorpresa de la paralización de las dosis de Janssen este martes, el Gobierno estaba decidido a mantener el calendario de vacunación. Sánchez persistió durante su comparecencia en los mismos niveles de vacunación que venía anticipando durante las últimas semanas y eso cuando la Comisión Europea ya empezaba a modificar sus planes a la baja. “Si en alguna vacuna podemos tener una duda, necesidad de consulta, podemos continuar con otra”, expresó Calvo ya con la garantía de las dosis extra de Pfizer. Desde el PP insisten en poner en duda, no obstante, que se pueda cumplir con el calendario de vacunación.