No esperaba Pedro Sánchez que las huelgas y movilizaciones en la calle se produjeran durante su mandato y menos aún cuando España se ponía en velocidad de crucero, con el mejor dato de empleo desde la crisis de 2008 y unas perspectivas de crecimiento económico por encima de toda la UE. A comienzos de 2022 solo había un pero: la inflación. El Gobierno aseguraba que era puntual, invocaba la crisis de suministros en todo el mundo que coincidió con un pico de demanda tras haber pasado lo peor de la pandemia. El plan en Moncloa preveía que en primavera los precios volverían a la senda habitual y los estímulos económicos darían otro empujón al PIB para liderar el crecimiento en la zona euro. Pero la invasión rusa de Ucrania truncó toda la planificación y el Gobierno se vio en medio de una tormenta perfecta con los carburantes y la electricidad disparados provocando paros de algunas industrias y huelgas en sectores clave, como el de los transportes.
La oposición y también los socios de la coalición presionaban para tomar medidas de forma inmediata e invocaban algunas de las que ya se habían adoptado en los países de nuestro entorno, pero Moncloa apostó por esperar a que el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo estableciera un marco común con el que frenar los precios de la energía para tomar medidas a nivel nacional en el Consejo de Ministros del martes siguiente.
El sorprendente volantazo que el presidente dio a la posición histórica sobre el Sáhara para posicionarse con la solución de la autonomía dentro de Marruecos que reclamaba el reino vecino fue tomado como un desaire por todos los socios de investidura, desde Podemos a Más Madrid, pasando por el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban hizo un durísimo discurso en el Congreso esta semana.
Fiel a su 'Manual de Resistencia' en una de las peores semanas para el Gobierno, Sánchez aguantó la presión mientras emprendía una gira para buscar alianzas en la UE para su propuesta de desacoplar el gas del precio de la electricidad, que es lo que ahora mismo dispara el recibo de la luz a pesar del escaso peso que tiene en el mix energético español, y se zafó de las críticas de los grupos por la falta de concreción del plan de choque.
Mientras el presidente lo fiaba todo a Europa, el Gobierno tuvo que ceder, eso sí, con los transportistas y con la flota pesquera acordando iniciativas antes de tiempo para rebajar las protestas y las imágenes de desabastecimiento en algunos mercados y tiendas que empezaban a copar titulares en los periódicos y televisiones. El presidente tendrá que rendir cuentas en el Congreso este miércoles en contra del plan inicial de Moncloa, que quería espaciarlo en el tiempo ante el revuelo causado por el cambio de posición unilateral respecto al Sáhara para congraciarse con Marruecos, una herida que todavía no se ha cerrado con los aliados de la investidura.
Pero Sánchez llegará a esa comparecencia con un nuevo regalo de Europa, tras haber conseguido que la UE acepte la excepcionalidad ibérica en el mercado energético y permita a España y Portugal establecer un precio máximo al gas que conlleva una rebaja inmediata en el recibo de la luz en un momento en el que los precios están tan desbocados que a algunas industrias les sale más a cuenta bajar la verja. “Vamos a poder establecer un precio de referencia al gas con el cual se produce la electricidad y esto va a suponer una caída en los precios sin duda alguna”, expresó exultante el presidente en su comparecencia junto al primer ministro luso, António Costa, este viernes en Bruselas.
No es la primera victoria de Sánchez en Europa. La cumbre de líderes del verano de 2020 ya salvó hasta cierto punto su mandato gracias a la aprobación de los fondos europeos que supondrán una inyección para España de 140.000 millones de euros entre préstamos y transferencias directas en los próximos años. La perspectiva del Gobierno es que se crearán 880.000 puestos de trabajo en el periodo 2021-2023 gracias al Plan de Recuperación, aunque la guerra en Ucrania ha rebajado esas expectativas en cuanto al empleo y el crecimiento económico a la espera de cómo evoluciona. También la compra conjunta de las vacunas contra la COVID-19 fue un alivio para el Gobierno, que ya había sufrido las consecuencias de un “mercado loco” sanitario durante los peores momentos de la pandemia.
A pesar de que Sánchez se vanagloria ante el último logro en el seno de la UE, queda mucho trabajo por hacer en el seno de los veintisiete para cambiar un mercado energético que según recordó el presidente se quedó anclado en los años 90. “Tenemos que empeñarnos en una solución europea”, dijo el socialista tras el Consejo Europeo. Así, reconoció que le hubiera gustado una respuesta común de los veintisiete y se mostró esperanzado en que en el futuro se vaya a un escenario de compras conjuntas de energía, que se actúe a nivel europeo con los denominados beneficios caídos del cielo, y que “se abra paso al tope en el precio del gas”. De hecho, desacoplar el gas del precio de la electricidad en toda la UE era la propuesta inicial del Gobierno, que redujo luego las expectativas a lograr un acuerdo que permitiera establecer un tope de precio en la “isla energética” de la Península Ibérica.
La compensación la harán los consumidores
Pero los socialistas pueden celebrar de momento el logro conseguido esta semana. “Cada vez que el presidente Sánchez tiene que negociar algo con nuestro socios europeos consigue que los intereses de España salgan adelante. Ha ocurrido con los fondos europeos, con la mutualización de la deuda y con la compra conjunta de vacunas”, expresó el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, este sábado. Sin embargo, ese mérito no solo se lo arrogan los suyos. También el canciller alemán, Olaf Scholz, que fue una de las principales resistencias con las que se toparon Sánchez y Costa, puso en valor la negociación del español. “Pedro Sánchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país. Junto a su colega portugués han garantizado que hay opciones para que los Gobiernos de Portugal y España puedan actuar”, señaló. No obstante, tanto él como el jefe del Ejecutivo de Países Bajos, Mark Rutte, tienen dudas sobre la fórmula acordada para la Península Ibérica. La euforia se apodera, en cualquier caso, de los inquilinos de Moncloa. “Es historia”, celebraban los primeros titulares este viernes.
España y Portugal enviarán esta semana a la Comisión Europea la propuesta para el sistema de fijación de precios de referencia en la que figurará la cantidad límite. Fuentes gubernamentales sugieren que será menor que los 180 euros/megavatio que planteó inicialmente el Gobierno luso. En todo caso, la compensación correrá a cargo de los consumidores en el medio o largo plazo para que los recibos mensuales empiecen a bajar a corto. “Se trata de una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas [expresó Sánchez]. No van a ser ayudas públicas a las empresas del gas”.
El Gobierno tenía dos opciones: compensar a las gasistas por la pérdida que les supone el tope del precio a través de los Presupuestos o con cargo a la factura de la luz. Fuentes del Ejecutivo confirman que será la segunda opción. Lo que tendrá que negociarse ahora con Bruselas es el tiempo que se aplicará a la tarifa, según explican esas fuentes. Otro de los aspectos que se tendrá que hablar con el Ejecutivo comunitario es cómo solventar la interconexión con Francia dada la nueva realidad del mercado ibérico para que no sean los consumidores de España y Portugal los que terminen subvencionando la diferencia de precio de la venta de electricidad a ese país.
La negociación nacional
Y a Sánchez le queda también una batalla en Madrid. El Gobierno tiene que perfilar el paquete de medidas que aprobará este martes y para el que pretende tener el apoyo de todo el arco parlamentario, incluso del PP, con el que el presidente se comprometió a incluir rebajas fiscales que el Gobierno ha ido enfriando en las últimas dos semanas. Primero tendrá que acordarlo con Unidas Podemos, que ha hecho sus propias propuestas y ha deslizado su rechazo a todo lo que suene a bajadas de impuestos generalizadas. También aspira a que sean las eléctricas las que asuman parte del coste de esta crisis energética, pero no es el plan del ala socialista, que se remite al recorte de los “beneficios caídos del cielo” que planteó en una ley que está congelada desde hace meses en el Congreso.
“Estamos negociando”, señalaban fuentes del socio minoritario este sábado. Las conversaciones se centran en tres ejes: el paquete energético, medidas de tinte social -entre las que el principal escollo está en materia de vivienda- y laboral.
Por el momento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, celebró el acuerdo alcanzado en el seno de los veintisiete. También la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, felicitó a Sánchez por su trabajo en Bruselas. “Damos un paso muy importante para poder avanzar”, expresó en Twitter, pero aprovechó para lanzar una advertencia: “Nuestro país necesita medidas valientes y ambiciosas para bajar la factura de la luz a costa de los beneficios millonarios de las empresas energéticas”.
La letra pequeña del decreto ley que el Consejo de Ministros dará luz verde este martes se trabaja contrarreloj. Tras su aprobación, tendrá que convalidarse en el plazo de un mes en el Parlamento, donde los socios de la coalición han dejado claro su malestar con el Gobierno, especialmente la última semana con el giro sobre el Sáhara, y aguardan noticias concretas sobre el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra. La intención de Moncloa es hablar con los grupos antes de la conferencia que Sánchez tiene prevista este lunes con la Agencia Europa Press y en la que pretende anunciar el grueso del paquete.