Un movimiento rápido para taponar la vía de agua abierta en el Gobierno a cuenta de la ley del 'sólo sí es sí'. Tras el choque frontal de esta semana entre las dos alas de la coalición y la ruptura de la mayoría progresista del Congreso en la admisión a trámite de la reforma planteada por el PSOE –que salió adelante gracias al PP y el PNV—, la orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido intentar dar carpetazo cuanto antes a la crisis. La instrucción del jefe del Ejecutivo a los ministros socialistas y a su propio partido es evitar nuevos choques públicos con Unidas Podemos y rebajar el tono de los últimos días. La primera consecuencia, el acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Y acto seguido se pretende cerrar una de las leyes más importantes para la izquierda, la de vivienda, que arrastra meses de negociaciones entre socialistas y Unidas Podemos. En la semana más crítica para el Gobierno, Sánchez ha pedido concretar ya las reformas pendientes para pasar página cuanto antes del terremoto generado en torno a la norma sobre la libertad sexual, que seguirá tramitándose en el Congreso, sin que las dos alas del Gobierno vean posible un acuerdo a corto plazo.
La decisión del presidente de proteger el Gobierno de coalición progresista como fórmula a revalidar en las urnas es firme y descarta por ahora cualquier escenario de ruptura pese al evidente malestar con el Ministerio de Igualdad por el cruce de acusaciones a cuenta del ‘solo sí es sí’. La intervención del martes de la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, fue recibida en el grupo parlamentario socialista como un insulto y una provocación. La parlamentaria acusó al PSOE de “aliarse con Vox y el PP”. “Para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas”, añadió. El portavoz socialista, Patxi López, calificó estas palabras de “impresentables”. Y se dio una espiral de acusaciones que ahora Sánchez ordena zanjar.
Los planes de la Moncloa pasan por volver a reivindicar el legado reformista del Ejecutivo con una agenda repleta de avances en derechos y un despliegue de escudos sociales en tiempos de pandemia, primero, y guerra, después. La hoja de ruta se pretende seguir profundizando en el tramo final de la legislatura con acuerdos inminentes en materia de pensiones y de vivienda. Según fuentes de la negociación, ambos estarían próximos a cerrarse en base al apoyo de grupos parlamentarios socios del Ejecutivo como ERC o EH Bildu.
En las últimas horas de este jueves se produjeron avances en torno a la norma que busca regular los alquileres. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el acuerdo estaba “prácticamente” cerrado y que quedaban apenas algunas cuestiones pendientes, aunque rápidamente la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, rebajó el optimismo con un tuit en el que dijo que el acuerdo no estaba más cerca.
Sin embargo, en las últimas horas varias fuentes parlamentarias al corriente de la negociación coinciden en que parece factible que la parte socialista del Gobierno acepte ampliar hasta 2024 la limitación de los precios de los alquileres y elevarla durante ese lapso hasta el 3% en 2024. Esto es, hasta que esté operativo el índice de precios que contempla el proyecto de ley, un índice que además quedaría redactado en la reglamentación y no en el propio texto legal. Desde Derechos Sociales trasladan que esta nueva propuesta es un “retroceso” frente a lo que les había planteado Transportes hace unas semanas y por eso rebajan la euforia de la ministra socialista.
El proyecto llegó al Congreso hace más de un año. El objetivo inicial del Gobierno era haberlo aprobado antes de que acabase 2022 porque así se le prometió a Bruselas dentro del paquete de reformas para recibir los fondos europeos. Desde entonces, cerca de 800 enmiendas tramitadas y un acuerdo que aún no ha llegado entre las fuerzas progresistas. Una falta de consenso en la que se están tratando de subsanar los agujeros del primer proyecto legislativo de la democracia que consagra la vivienda como un derecho.
A finales de 2022, en el trabajo parlamentario para desbloquear la ley los grupos llegaron a una especie de consenso tanto con Transportes como con Derechos Sociales, los proponentes de la ley, con algunos avances. En esas conversaciones, según fuentes conocedoras, se puso sobre la mesa que la limitación del incremento interanual de los alquileres, que actualmente está en el 2% gracias al decreto del escudo anticrisis, se elevase al 3% y se abrió la puerta a que se mantuviese de forma indefinida. El segundo punto sobre el que se llegó a un principio de acuerdo fue que en ese tope se incluyesen también los nuevos contratos que se incorporan al mercado y no solo los que tienen que renovar y revisar sus rentas.
Esto sonaba especialmente bien a Unidas Podemos, que en esos días trasladaba públicamente optimismo sobre las negociaciones pero pedía al mismo tiempo a la espera de que Transportes plasmase esos avances por escrito, ante el temor de que el Ministerio de Economía matizase la propuesta.
Las “cuestiones pendientes”
En Unidas Podemos preocupa que este índice se desarrolle a través del reglamento de la ley, una vez aprobada la norma, algo que genera dudas sobre el resultado final. “Sería darles un cheque en blanco”, señalan los morados, que prefieren ceñirse al 3% de límite de subida interanual de los alquileres. Además, el índice de Calviño se elaboraría en base a datos provenientes del mercado inmobiliario, que consideran interesados y de parte.
Un texto así tendría además difícil encaje para los socios habituales del Gobierno como Esquerra Republicana y EH Bildu, que aunque ven más cerca esta ley que otras como la ley mordaza trasladan que aún no se ha cerrado nada y todavía quedan “cuestiones pendientes”.
La última propuesta de limitar las subidas al 3% plantea además otros asteriscos. En el proyecto de ley de vivienda el control de precios está limitado a las zonas tensionadas. Y declarar estas áreas con precios del alquiler disparados depende de las comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, no es que no tenga intención de declarar zonas tensionadas, es que su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que llevará la futura ley al Constitucional porque invade sus competencias. Otro escollo es que, en el proyecto que salió de Moncloa, se considera que puede declararse zona tensionada aquella donde las rentas del alquiler se hayan incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años. Con la inflación disparada, como ocurre actualmente, ese criterio no resulta aplicable.
Los sindicatos de inquilinas e inquilinos reclaman que los ayuntamientos también tengan capacidad para declarar zonas tensionadas cuando constaten que hay un problema con las rentas del alquiler, aunque la comunidad autónoma no haga uso de competencias. También piden que se rebajen los criterios para que un propietario se considere gran tenedor. El proyecto del Gobierno lo fija en 10 viviendas, que previsiblemente se reducirá a cinco. Sobre ellos se aplicará ese futuro control de precios, a través del citado índice aún por definir. También está por concretar si la definición de gran propietario solo afectará a dueños de pisos que sean empresas o si se abre la puerta a que sean propietarios particulares. Es aquí donde también hay diferencias entre los socios, que manejan diversos criterios sobre los que hoy por hoy no hay acuerdo.
Otro agujero a tapar son los desahucios. El proyecto de ley no los prohíbe. Marca que, cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad, los jueces puedan suspender el desalojo dos meses, cuando el propietario sea persona física; y cuatro, cuando sea persona jurídica. Plazos que hasta ahora son de uno y tres meses, respectivamente. “Sabemos que no siempre se da traslado a los servicios sociales que, por otro lado, están colapsados. Además, no hay alternativa, porque no hay casas”, explicó a elDiario.es, Laura Barrio, la coordinadora de la PAH en Madrid. Una opción pasaría por incorporar al parque público de viviendas los pisos de Sareb.
Acuerdo en pensiones
La reforma de las pensiones parecía la más inminente hace apenas unas horas. Este viernes, la ministra Belarra lo ha dado por hecho con un tuit: “Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos”. Los flecos que quedaban por atar giraban sobre dos medidas: aumentar lo que cotizan los salarios más altos, ahora con parte de sus remuneraciones exentas, y ampliar el llamado “periodo de cómputo”, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión.
Este último punto es el que más tensiones ha generado, sobre todo dentro del Gobierno. Escrivá ha defendido la medida para beneficiar a las carreras laborales más inestables, que salen beneficiadas con los planteamientos que había puesto sobre la mesa la Seguridad Social, pero otros trabajadores podían quedar perjudicados. Yolanda Díaz rechazó la medida alegando que Unidas Podemos no apoyaría “recortes de derechos” y pidió que se retirara de la negociación.
En las últimas semanas la Seguridad Social ha estado negociando para poder mantener este elemento en la reforma, como se había comprometido ya a Bruselas a cambio de millones de fondos europeos, pero con modificaciones que permitan sumar a Unidas Podemos, los sindicatos y otros socios de la coalición. Además el Ministerio se ha ido abriendo a un 'destope' de la cotización de los salarios altos más ambiciosa a la inicialmente planteada y a otras medidas complementarias que pedían estos actores, como una mejora de las pensiones mínimas y una mayor apuesta por las medidas contra la brecha de género, entre otras. Informa Laura Olías.