Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos el reparto definitivo de los 16.000 millones del fondo no reembolsable que el Estado transferirá a las comunidades en los próximos meses para hacer frente a los efectos de la pandemia. El Gobierno ha planteado cambios respecto al sistema ideado inicialmente ante las quejas procedentes de algunas autonomías que consideraban que salían mal paradas por los criterios. La educación, que tendrá que ajustarse a la nueva situación, es uno de los elementos que se incluirán en el nuevo sistema y que sirve para contabilizar de alguna forma la población a la hora de hacer el reparto: 2.000 millones de euros se desbloquearán en septiembre para inversión educativa.
En ese nuevo reparto, que según Sánchez es el resultado de la conversación con autonomías y grupos parlamentarios, 9.000 millones estarán destinados a cubrir el gasto sanitario -inicialmente se preveían 10.000 en dos tramos con la finalidad de beneficiar a las regiones más afectadas por la enfermedad y también se eliminan los mil que se iban a destinar a políticas sociales- y 5.000 millones a costear la bajada de ingresos autonómicos provocada por la caída de la actividad económica -entre ellos un fondo específico para el transporte público-. Estos se distribuirán en diciembre. En julio se desbloquearán los primeros 6.000 millones del bloque del gasto sanitario y los restantes 3.000 se distribuirán en noviembre, según les ha explicado Sánchez a los jefes de los ejecutivos regionales.
La nueva distribución no convence a algunos presidentes autonómicos, que han manifestado sus quejas. De nuevo la protesta se ha producido de líderes territoriales de todos los colores políticos, entre ellos Quim Torra, Alberto Núñez Feijóo, Emiliano García-Page, Alfonso Fernández Mañueco, o Miguel Ángel Revilla, que han expresado reticencias, según fuentes presentes en al videoconferencia.
Quejas por el nuevo reparto
Torra ha acusado al Gobierno de “asfixiar a Catalunya” y ha reclamado 15.000 millones que podrían proceder de una transferencia directa de 5.000 del Estado para los gastos sanitarios, otros 5.000 de un préstamo del MEDE, de la subida del techo del déficit del 0 al 1% y de levantar la restricción al superávit de los ayuntamientos. El reparto del fondo para las autonomías le parece injusto porque perderá “decenas de millones de euros”, según los cálculos que ha hecho el vicepresidente, Pere Aragonès.
Muy duro respecto al cambio de criterio ha sido Emiliano García-Page, que ha recordado que el propósito inicial del fondo era responder a la incidencia que había tenido la COVID-19. “Este es un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad, no con otros criterios. Y tanto La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León hemos tenido porcentualmente más impacto y hemos tenido que dejarnos la piel en gasto de material, contrataciones y gasto también de titulares y medios de comunicación… Ciertamente creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto”, ha pedido. El presidente manchego también ha cuestionado cómo se va a valorar a cada región a la hora de repartir esos 2.000 millones: “Si contamos el número de alumnos a secas, estamos computando igual el que tiene mucha educación privada con el que tiene toda educación pública y el que gestionamos es el público”.
“Lo que quiere decir es que el Gobierno de España va a aportar dinero para que las inversiones se hagan en los privados, perjudicando a los que tenemos una consolidada red pública”, ha advertido Page, que ve inviable que haya capacidad para que en los centros escolares se mantenga la distancia de dos metros entre los alumnos. El aragonés, Javier Lambán, ha reclamado un protocolo común para evitar las “ideas brillantes”.
También se ha quejado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al considerar que la nueva distribución “castiga” a la región: “Es injusto y deja en la estacada a las comunidades que más hemos sufrido la pandemia”. “El cambio de criterio en el reparto del fondo no paga la factura del COVID, los sobrecostes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales”, ha lamentado. Igualmente ha trasladado su “protesta” el cántabro Miguel Ángel Revilla, que reprocha que se prima el peso poblacional en lugar del coste efectivo del servicio. El murciando Fernando López Miras ha considerado que serán “migajas” lo que reciba la región.
“Tenemos unas circunstancias muy concretas que nos hace preocuparnos y necesitamos que estos fondos lleguen de una manera significativa a Madrid”, ha expresado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado al Gobierno una mesa de diálogo bilateral para abordar el reparto del fondo. Para Ayuso, “al estar retrasados en las fases, nuestra economía se resiente gravemente y universidades, colegios y ayuntamientos tienen problemas añadidos”.
Por el contrario, el valenciano Ximo Puig ha aplaudido la decisión porque considera que “va en dirección hacia una mayor justicia” en la distribución de los recursos. “Nunca todos vamos a estar de acuerdo, pero sí hay que avanzar en una mayor realidad del gasto que ha habido y de las repercusiones de la pandemia”, ha dicho el president que ha puesto en valor que se haga frente a las “necesidades” que va a haber en el sistema educativo tras la pandemia. Sánchez le ha contestado que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se reunirá el próximo jueves con los consejeros de Educación para abordar la cuestión y que en la conferencia de presidentes del próximo domingo se hará un balance concreto del asunto. Puig, que gobierna en coalición con Compromís -que votó en contra de la prórroga del estado de alarma precisamente por su rechazo al anterior sistema de reparto del fondo-, también ha celebrado el fondo para compensar el descenso de ingresos en las empresas de transporte público, que tendrán un importante agujero por el confinamiento.
El andaluz Juanma Moreno Bonilla ha solicitado instrucciones para la planificación del curso escolar: “No podemos entrar en una competición entre comunidades a ver quién pone más metros de distancia”. También ha reclamado un plan de actuación ante la inmigración: “Pedimos un protocolo de actuación que contemple espacios en los que poder hacer las pruebas correspondientes, aislar correctamente a las personas que lleguen contagiadas y a las que hayan viajado con ellas durante los 14 días que marca la cuarentena, al igual que se hace con cualquier familia residente en la que se detecte algún caso”.
Se estudiará la Operación Paso del Estrecho
En concreto, ha mostrado su “preocupación” por la Operación Paso del Estrecho 2020 que realizan tres millones de personas anualmente y se ha mostrado “partidario de no hacerla este año, ya que no se dan las circunstancias ideales” por la pandemia. En la rueda de prensa posterior, Sánchez se ha referido a la posible suspensión y ha asegurado que se está abordando a través de un grupo interministerial, y los gobiernos correspondientes, entre ellos el de Marruecos.
Varios presidentes han reclamado medidas para reforzar el tejido industrial. El lehendakari ha enfatizado “la necesidad de una estrategia industrial decidida para generar un contexto de desarrollo en todo el Estado en relación a la tecnología y la inversión”. “Otros estados ya lo están haciendo, lo hemos visto con el sector de la automoción. Urge una estrategia ”ad hoc“ para este sector básico -ha expresado-. Hemos invertido recursos, tiempo y conocimiento en fortalecer este sector. Ahora no se puede abandonar el sector a su suerte”. En esa misma línea, Feijoó ha advertido de que no se puede perder ningún puesto de trabajo en industria y ha citado expresamente Alcoa. También ha reclamado una bajada del IVA del turismo.
Sánchez y los presidentes autonómicos han mantenido este domingo la decimotercera videoconferencia desde que estalló la crisis del coronavirus en España. La intención del presidente es mantenerlas con periodicidad semanal hasta que concluya el estado de alarma -es decir, otras dos más- y luego esparcirlas en el tiempo e incluso celebrar una presencial cuando pasen las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.
En esta ocasión el encuentro telemático coincide con el paso inmediato a partir del lunes de más de la mitad del territorio a fase 3, la que ya gestionan los propios gobiernos autonómicos. Todas las autonomías que se entran en ese escenario permitirán la movilidad entre provincias, a excepción de Extremadura.
El Gobierno va perdiendo las atribuciones del mando único, que solo mantiene para las zonas que llevan una etapa de retraso, como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o la mayoría de Castilla y León. El estado de alarma desaparecerá por completo el 21 de junio, aunque a partir de la fase 3 las comunidades pueden acelerar en su levantamiento y, así, permitir la movilidad entre provincias colindantes de distintas autonomías. Iñigo Urkullu ha planteado a sus homólogos vecinos permitir la circulación a partir del 15 de junio.
La “nueva normalidad” quedará regulada por un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará este martes. Así ha llegado España al “epílogo” de la emergencia sanitaria, según les ha trasladado Sánchez. El borrador del decreto que regulará las normas que regirán en España hasta que exista una vacuna o remedio eficaz contra la COVID-19 estipula que se deberán evitar las aglomeraciones en lugares como el transporte público o que la distancias interpersonal en las tiendas tendrá que ser de 1,5 metros. Además, plantea multas de hasta 100 euros para quien no use mascarillas en los casos obligatorios, pero no establece máximos para las reuniones. También obligará a las administraciones públicas a llevar a cabo sistemas de rastreo de los casos de coronavirus para frenar la transmisión y contiene un apartado específico para las residencias de mayores, uno de los principales focos que ha habido durante la emergencia sanitaria.
Sánchez ha enfatizado que la nueva situación requerirá el “control precoz de fuentes de infección” -insistiendo en que es necesario “homogeneizar la información sanitaria” que facilitan las comunidades- y “garantizar la respuesta del sistema” ante posibles brotes. No obstante, ha advertido de que los casos de rebrote son “puntuales” pero “preocupantes” por deberse a una “suerte de relajación ciudadana de las normas de conducta sanitaria” que se deben atajar. Por eso ha emplazado a las líderes público a apelar a la “responsabilidad individual”. En cuando a las administraciones públicas, Sánchez se ha mostrado “satisfecho” con la colaboración que ha habido con los gobiernos autonómicos “en condiciones muy difíciles”.
La situación de “nueva normalidad” se mantendrá hasta que haya un remedio eficaz, según reitera el Gobierno. Sánchez se ha mostrado esperanzado antes “las noticias que da la ciencia sobre el descubrimiento de una o distintas vacunas a lo largo de los próximos meses y sin caer en un optimismo irreal, es bastante razonable”. “La ciencia nos pueda dar alguna alegría en los próximos meses y es importante que España se posicione como lo está haciendo”, ha dicho en referencia a que es uno “de los nueve países que colideran la búsqueda de una vacuna”.
Otro de los asuntos a los que ha dedicado una parte de su intervención ha sido la petición que ha realizado junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de que haya una “mayor coordinación en la UE en la apertura de fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes”. “También debemos establecer un proceso sobre umbrales de influencia de la COVID-19 en terceros países”, ha expresado Sánchez, que ha insistido en que la intención es que la apertura total se produzca el 1 de julio para que comience la campaña turística.
También ha insistido en la necesidad de pelear por los recursos en la UE y ha aplaudido que el Banco Central Europeo haya comprado deuda pública por valor de 600.000 millones.