El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este próximo viernes una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, según ha adelantado laSexta y confirmado elDiario.es. La asistencia del jefe del Ejecutivo a esta reunión se produce tras trascender varios ataques homófobos. Entre ellos, la brutal agresión en el centro de Madrid cometida por ocho encapuchados que investiga la Policía.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la “máxima condena” a esta última agresión y ha asegurado que el Ejecutivo usará “todas las herramientas” del Estado de derecho para “combatir” una actitudes que “merecen el máximo reproche social y político”.
El pasado julio, en medio de la conmoción por la paliza mortal a Samuel Luiz, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que exige a la Policía Nacional y la Guardia Civil que “ineludiblemente” crímenes como el del joven de A Coruña originen desde su inicio una investigación por posible delito de odio y que permite que agentes especializados de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, monitoricen las pesquisas.
Con esta decisión, el departamento de Fernando Grande-Marlaska intenta evitar que se repitan polémicas como la surgida a raíz de la muerte Luiz, en la que se cuestionaba si la principal hipótesis era que la homofobia llevó a sus asesinos a golpearlo hasta matarlo. Según la instrucción, la existencia de alguno de los “factores de polarización” recogidos en un protocolo de 2020 –que la víctima pertenezca a una minoría discriminada por razón de raza, religión u orientación sexual o que el agresor profiera determinadas “expresiones o comentarios”, entre otros– conllevará “ineludiblemente” que la investigación policial se oriente a desvelar la existencia de una motivación discriminatoria.
La Fiscalía advirtió en su memoria anual conocida este lunes que los delitos de odio relacionados con la orientación sexual, el racismo y la xenofobia “siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos”. Los investigadores también han detectado un “sensible aumento” de agresiones por motivos ideológicos evidenciados sobre todo en las redes sociales, algo que evidencia “una indeseable polarización y radicalización del debate político”.
La Memoria especifica que a lo largo del pasado año 2020 la Fiscalía mantuvo abiertas un total de 236 diligencias relacionadas con delitos de odio y otros tipos penales relacionados con la discriminación, la mayoría por incitación al odio o la violencia. Se mantuvieron abiertos, además, 675 procesos judiciales sobre este tipo de casos. En el contexto generalizado de un descenso de la criminalidad por la pandemia y las restricciones, ayer Dolores Delgado apuntó a un aumento de delitos de este tipo cometidos a través de internet y las redes sociales.
La Memoria del Ministerio Público también recoge una serie de recomendaciones sobre la gestión de los delitos de odio, como por ejemplo “fomentar la coordinación del Ministerio Fiscal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y “profundizar en la cooperación interinstitucional y con las entidades de la sociedad civil”. Desde hace años la Fiscalía también exige un registro de este tipo de delitos en las fiscalías territoriales para poder hacer un mejor seguimiento.