Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ya están en el Congreso con el mayor aumento de gasto social desde la época de Zapatero. ¿Y ahora qué? Comienza un periodo de negociaciones y, sobre todo, el Gobierno se enfrenta a un complicado proceso de votaciones para sacar adelante su principal ley y la que marcará la duración de la legislatura. El primer examen será a mediados de febrero, con la votación de las enmiendas de totalidad. Si supera ese test, comienza el segundo para la votación de las cuentas por secciones. El Ejecutivo necesita mayoría en todas ellas para aprobar los presupuestos. Esa segunda evaluación será los días 12 y 13 de marzo por lo que, en caso de fracasar, Pedro Sánchez tiene margen para convocar las elecciones generales coincidiendo con el 'superdomingo' del 26 de mayo.
Una vez registrados en el Congreso, los presupuestos serán explicados por los responsables de los departamentos en las próximas semanas. Los grupos tienen hasta el próximo 8 de febrero para registrar las enmiendas a la totalidad. Esas figuras parlamentarias suponen el rechazo total a las cuentas públicas y, de salir adelante, conllevan su devolución al Gobierno (para que presente otras). Felipe González recibió ese castigo del Parlamento (y convocó las elecciones) en 1995.
El Gobierno cuenta con pasar el primer test
Ese debate está previsto para los días 11 y 12 de febrero. Los socialistas dan por hecho que PP y Ciudadanos registrarán enmiendas a la totalidad. En el caso de los que fueron los aliados parlamentarios del PSOE en la moción de censura, ninguno lo descarta, pero el Gobierno confía en sortear ese primer examen: que los grupos retirarán las enmiendas o que no las presentarán siquiera. En el Ejecutivo sostienen que las fuerzas independentistas no pueden votar con el PP en contra de unos presupuestos que incrementan cerca de un 52% las inversiones en Catalunya.
Sánchez da por hecho que si pasa ese trámite superará la aprobación de las cuentas. Sin embargo, el resto de formaciones ha dicho que permitir la tramitación de los presupuestos, es decir, rechazar las enmiendas a la totalidad no conllevará un apoyo al proyecto.
Mediados de marzo, la fecha clave
El segundo examen está previsto los días 12 y 13 de marzo. En ese caso, se votan las cuentas por secciones (“partida a partida”) a partir de las enmiendas parciales de la Comisión de Presupuestos. En el pleno se tienen que aprobar todas las secciones (que aún no están determinadas pero serán entre 15 y 20, según fuentes parlamentarias) para que el Congreso envíe los presupuestos al Senado. Si supera ese trámite el presidente ya podría respirar tranquilo porque contaría con la mayoría que le permitiría superar cualquier cambio u obstáculo procedente del Senado.
En el caso de que la mayoría de grupos se mantenga en su actual rechazo a las cuentas, el Gobierno fracasaría en su intento de aprobar los presupuestos. El presidente se agarra a que sería la primera vez que se tumban unas cuentas una vez sorteada la totalidad para dar esa opción por imposible.
De producirse esa situación, Sánchez tendría margen para un plan B: convocar las elecciones generales coincidiendo con las europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo. Para esa decisión, el presidente tiene hasta el 1 de abril, ya que el Boletín Oficial del Estado (BOE) tendría que recoger la convocatoria el 2 de abril –54 días antes– para que se pudieran celebrar en ese 'superdomingo'.
Sánchez ha descartado ante dirigentes territoriales del PSOE esa opción que sigue sobre la mesa de algunos de sus colaboradores. El calendario de la tramitación parlamentaria le deja esa alternativa libre y en el Gobierno están convencidos de que sus potenciales aliados no quieren el anticipo electoral. Sin embargo, el mandatario socialista fue muy duro contra Mariano Rajoy, a quien instó a convocar elecciones si fracasaba en su intento de sacar adelante los presupuestos el año pasado.
El Senado no puede tumbar los presupuestos
En el caso de que Sánchez consiga pasar los dos exámenes y que el proyecto presupuestario pase al Senado, el Gobierno quedaría aliviado. En la Cámara Alta se podría plantear un veto que se votaría en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si sale adelante, el Congreso tendría que levantar ese veto con mayoría absoluta en una primera votación (176 votos) o en la segunda (en un plazo máximo de dos meses) por mayoría simple (más síes que noes) para que los Presupuestos Generales del Estado quedaran aprobados tal y como salieron de la Cámara Baja a mediados de marzo.
La otra opción que tiene el Senado es tramitar las cuentas en comisión para la aprobación de enmiendas (que si suponen un aumento de crédito deben especificar de dónde rebajan esa cuantía) y después votarlas en el Pleno. Ese proyecto modificado volvería de nuevo al Congreso, que tendría que pronunciarse a favor o en contra de los cambios acometidos en la Cámara Alta. “El Senado puede ralentizar la aprobación de los presupuestos, pero no puede tumbarlos”, resumen fuentes parlamentarias que se niegan a aventurar una fecha final para el procedimiento.