La Guardia Civil tardó 25 años en reunir los indicios suficientes para imputar al coronel Francisco García Santaella un delito de narcotráfico, la actividad con la que sospechaba se ha enriquecido durante su carrera en el instituto armado. Un tribunal absuelve ahora al mando porque el delito había prescrito cuando por fin se abrió la primera investigación judicial contra él. eldiario.es ha tenido acceso a informes confidenciales del Servicio de Información que sitúan la primera investigación interna a Santaella en 1990. Se llamó 'Operación Alcapone' y nunca llegó a un juzgado porque los investigadores no encontraron vínculos entre el aumento del patrimonio del entonces capitán y el tráfico de drogas.
eldiario.es desveló el 22 de abril de 2015 que García Santaella estaba imputado en una causa secreta de un juzgado de Granada. En ese momento ocupaba un puesto en la Subdirección de Personal de la Guardia Civil y tenía despacho a pocos metros del entonces director general, Arsenio Fernández de Mesa. La noticia provocó la inmediata destitución del coronel con la explicación oficial de que el juzgado acababa de comunicar su situación a la Dirección General. García Santaella había sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito dos meses antes y tras su cese siguió ocupando un pabellón oficial, que no dejó hasta su procesamiento en 2017.
Pese a la absolución, la sentencia considera “acreditado” que García Santaella participó en el desembarco en la costa granadina de tres grandes alijos de hachís procedentes de Marruecos en 2006. La Fiscalía discrepa del criterio de la sala para aplicar la prescripción y va a recurrir la sentencia, al igual que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular. Pero los jueces de la Sección Segunda de Granada nunca hubieran podido absolver del delito a García Santaella si otro informe, éste del Servicio de Asuntos Internos (SAI) y elaborado en 2008, hubiera acabado en el juzgado en lugar de en una “caja fuerte” de la Dirección General de la Guardia Civil, con el argumento de que no se encontraron indicios suficientes.
20 de diciembre de 1990. Nota informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC). Destino: Dirección General de la Guardia Civil. Clasificación: Confidencial. Asunto: Posibles actividades irregulares de un capitán.
En este documento se enumeran las adquisiciones de García Santaella, al que los investigadores se refieren como 'Angola', desde que en septiembre de 1988 fue destinado a Tráfico en la Comandancia de Málaga: una moto de gran cilindrada, un turismo, otro vehículo de alta gama (un Mercedes que aseguraba había traído de Alemania), un terreno cerca de la carretera con Córdoba, inversión en una empresa de construcciones y una entrega de 3 millones de pesetas como anticipo para dos pisos de una cooperativa.
Conclusión de la 'Operación Al Capone': “Por lo anteriormente expuesto, fundamentalmente un incremento de cierta importancia de su patrimonio en un corto periodo de tiempo, y los contactos mantenidos con personas vinculadas al tráfico de drogas sin realizar servicios durante año y medio, se considera que no es descartable que las actividades del referido capitán tengan por finalidad real el servirle de cobertura para el caso de aparecer involucrado en un servicio de drogas, obteniendo mientras un servicio económico”.
Este informe tiene una prolongación en una nota del 22 de enero de 1991 en el que se revelan otras sospechas contra Santaella: “Apropiación del dinero recuperado de un atraco y sustracción de dinero utilizando la tarjeta de cajero automático de un detenido”.
1 de septiembre de 2008. Informe sobre supuestas actividades irregulares de un oficial del Cuerpo. Autor: Servicio de Asuntos Internos. Clasificación: Confidencial.
Se trata del informe definitivo de la investigación a nivel interno abierta en 2006, poco después de la operación de introducción del hachís por la costa. A la misma contribuyó la Unidad Central Operativa (UCO) con una investigación patrimonial a Santaella con resultado “negativo”.
El informe, de 38 páginas, dedica en su primera parte un capítulo a “condicionantes” de la investigación. En él, los autores se quejan de que tienen que investigar hechos ocurridos en los meses posteriores a que se produjeran y con Santaella ascendido y ya en otro destino. Además, advierten: “Distintas circunstancias hacen pensar que el teniente coronel pudiera haber tenido conocimiento de las sospechas existentes sobre su actuación y que estaba siendo sometido a una investigación”.
“La investigación requirió ser prudente y limitar las gestiones abiertas y directas sobre las fuentes o personas directamente aludidas, debiendo ser sustituidas en muchos casos por otras indirectas. El desarrollo ha sido lento y los resultados muchas veces referenciales e indiciarios”, se disculpan los agentes de Asuntos Internos. Además, los confidentes entrevistados tenían “diversas fiabilidad”, escriben en su informe.
Con estas advertencias, el resultado parecía cantado. En el capítulo de conclusiones finales, los agentes del SAI escriben que “no se puede concluir” que Santaella se enriqueciera con el tráfico de drogas mientras estuvo destinado como jefe de Policía Judicial e Información en Granada.
Como mucho, se encontraron “indicios de una manipulación irregular de las fuentes vivas” que aportaban información sobre el tráfico de hachís. Esa irregularidad condujo presuntamente a permitir el tráfico de drogas a los confidentes “a cambio de que éstos facilitaran información que originara la detención de otros”. Y concluye: “Todo ello probablemente motivado por un exceso de celo profesional”.
12 de noviembre de 2014. Agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Drogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, en la que había estado destinado García Santaella entre 2001 y 2006, escuchan la conversación que mantienen por teléfono dos presuntos traficantes a los que investigan con autorización judicial. Se quejan de que los “intermediarios” no valoran el riesgo de la operación de introducción de hachís por la costa que planean y de que “los chicos” solo piensan en “la ganancia”. En un momento dado comentan:
Rachid Zahiri: El Padre nunca nos ha pedido adelantado
David García: Sí
Zahiri: El Padre, ¿ha pedido adelantado alguna vez?
García: No, no recuerdo, hombre, no…
El comentario hace saltar un resorte en la mente de los investigadores. Tres días después, los dos narcos son detenidos y revelan la verdadera identidad de “Padre”. Se trata del comandante García Santaella, quien fuera jefe de la Policía Judicial e Información en esa Comandancia casi una década antes. Habían pasado 25 años del informe elaborado por el SIGC en la Operación Al Capone y justo en ese instante empieza a cambiar la suerte del coronel García Santaella.
La jueza del caso, María Ángeles Jiménez, comenzó a recelar de la actuación de la Guardia Civil previa al trabajo del EDOA. Reclamó la documentación de esas pesquisas e incorporó al sumario el informe de Asuntos Internos. Una vez analizado citó como imputado por encubrimiento al jefe de Asuntos Internos durante la época de la investigación, el coronel Francisco Clavero Ortiz. El informe del SAI nunca no había sido puesto a disposición judicial en su momento. En el caso de que lo hubiera sido se podría haber abierto una causa a la que no hubieran afectado los plazos de prescripción. La citación de Ortiz Clavero provocó el cese en su destino del coronel, en ese momento en la Asociación Pro-Huérfanos del Cuerpo. Su declaración no convenció a la magistrada, pero la jueza archivó la causa contra él por prescripción del presunto encubrimiento.
La sentencia de la Audiencia de Granada relata cómo el mando de la Guardia Civil organizó junto a los dos traficantes la entrada de tres alijos de hachís de 2.000 kilos por la costa, a donde fueron trasladados en lanchas neumáticas, “gomas”. El plan consistía en convencer a sus subordinados de que dejaran entrar uno de los alijos para que fuera conducido a un escondite o “guardería” bajo seguimiento y, de esta forma, detener a más miembros de la organización criminal.
García Santaella, que se había preocupado desde que llegó a la Comandancia de “manipular” personalmente a los confidentes de sus subordinados y de controlar las operaciones sobre el terreno dio tarde la orden de actuar. No hubo detenidos en la costa, una zona muerta para las cámaras del SIVE, pese a que una treintena de personas participaron en la descarga. Tampoco se produjeron incautaciones. Y cuando dos meses después, los agentes a sus órdenes le apremiaron con entrar de una vez en la “guardería”, cuya ubicación él solo conocía, allí encontraron casi 4.000 kilos de hachís “apaleado” (confeccionado con los restos de la planta del cannabis y de baja calidad).
Los 4.000 kilos de 'apaleado'
La sentencia considera que el delito ha prescrito porque no se puede aplicar el tipo “superagravado” que ampliaría el plazo a diez años entre la comisión del mismo y la apertura de una investigación judicial. ¿Por qué? La jurisprudencia del Supremo establece en más de 2.000 kilos la cantidad aprehendida para aplicar este tipo, pero el tribunal de Granada considera que las 4 toneladas encontradas en la “guardería” no se pueden contabilizar como tráfico de drogas porque estaban destinadas a su incautación por la Guardia Civil.
En cuanto al alijo que entró por la playa y no se pudo interceptar, la Fiscalía lo cuantifica en 4.000 kilos de hachís de baja calidad (“apaleado”) con un valor superior a los 5 millones de euros. El tribunal, por contra, dice que es un cálculo aproximado en función de los fardos descargados y que no se puede constatar que superen los 2.000 kilos necesarios para ampliar el plazo de prescripción. Además, para el tipo superagravado la descarga se debe hacer desde “un buque” y no desde “gomas”, como las utilizadas en este caso.
¿Volvió a cambiar su suerte de Santaella? Los investigadores del EDOA, los que encontraron los indicios que sus compañeros no alcanzaron antes, creen que en su caso no influye la fortuna. En una nota interna, los agentes plasman sus conclusiones sobre el perfil de García Santaella: “Tiene una gran capacidad intelectual, demostrada en todos los ámbitos de su vida, y una gran capacidad de seducción y engaño hacia su entorno más inmediato. Solo desde una gran seguridad en sí mismo, nacida de la conciencia de que solo en un cuerpo de las características de la Guardia Civil, extremadamente jerarquizado y disciplinado, nadie se atrevería a poner en duda, no ya la honestidad de tan brillante hoja de servicio sino si quiera la de un alto oficial que acredita una dedicación y entrega al servicio absolutamente excepcional”.
La sentencia también considera que no se ha demostrado el cohecho, esto es, que García Santaella cobrara de los narcotraficantes por dejar pasar los tres alijos de finales de 2005 y principios de 2006. Y eso pese a que constan siete declaraciones, entre policiales y judiciales, de David García, 4 de su compinche Rachid Zahiri, otras cuatro de un tercer testigo llamado Jorge Leandro D y una más de Roberto R. M asegurando que García Santaella cobraba a cambio de dejar entrar la droga procedente de Marruecos. David García cifró incluso la cantidad acordada para entregar a Santaella por cada alijo: 120.000 euros, que habrían sumado un total 360.000.