La Guardia Civil insiste en acusar al Gobierno por el 8M con conclusiones sesgadas y titulares de prensa

Los investigadores de la Guardia Civil han elaborado un segundo informe aclaratorio de la investigación del 8M que abunda en la tesis del anterior, conocido hace una semana, y persiste en la idea de que el Gobierno era consciente del riesgo que corrían los ciudadanos cuando autorizó actos multitudinarios a principios de marzo, entre ellos la manifestación feminista.

El anterior atestado estaba repleto de bulos, documentos públicos mutilados e incluso una declaración manipulada de un testigo y en este, entregado a la juez que investiga el caso el pasado lunes, los investigadores rebajan algunas de sus conclusiones pero mantienen la acusación de que el Gobierno puso en riesgo a sabiendas a la ciudadanía autorizando las marchas del 8M.

En el caso sigue imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a quien se acusa de prevaricación por omisión, por no prohibir la manifestación, un delito que no conlleva pena de cárcel pero sí inhabilitación para cargo público.

El capitán y el teniente de la Guardia Civil que actúan como policía judicial al servicio de la jueza Carmen Rodríguez-Medel siembran dudas a lo largo de 295 páginas sobre el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, pese a no estar investigado, y deslizan conclusiones tomando partes preseleccionadas de escritos de las autoridades sanitarias internacionales y despreciando otros que contradicen sus tesis.

El segundo informe arranca con dos páginas dedicadas a enmendar errores del anterior que atribuyen a la “transcripción realizada” por ellos mismos para a continuación sostener que éstos no modifican “en absoluto” los “hechos de relieve plasmados en la investigación en curso”.

Ocurre, por ejemplo, con la referencia a que hacían en el anterior atestado a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el coronavirus el 30 de enero cuando esa decisión no se adoptó hasta el 11 de marzo. Lo que el organismo internacional declaró en enero fue una emergencia sanitaria internacional, que supone la búsqueda de una actuación coordinada de los estados, una cuestión muy distinta a la calificación de pandemia, que conllevó el cierre de fronteras en muchos países y el drástico confinamiento en España.

Y disculpa también el caso de la declaración del sindicalista Antonio O'Connor, al que inicialmente atribuyó al temor al coronavirus la cancelación el 6 de marzo de una manifestación prevista para el día 10, a pesar de que en la Comandancia dejó claro que se debía a una cuestión operativa. Se significa que dicho extremo “queda aclarado y perfectamente incorporado” al procedimiento más adelante en un cuadro que recoge todas las movilizaciones y, en su caso, el motivo de la desconvocatoria. “Cambio de fecha”, figuraba en ese apartado, pero no en la descripción analítica de su testimonio, que ahora corrige.

Como sucedió con el primer polémico informe, el instructor vuelve a utilizar algunos documentos de forma parcial para sustentar la teoría de que el Gobierno sabía la gravedad de la situación mucho antes de tomar medidas y que incluso boicoteó la adopción de algunas como el distanciamiento social con el colofón de autorizar la movilización del 8M. La tesis que defiende es que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Para sustentarlo analiza el intercambio de correos electrónicos desde el Centro de Coordinación Alertas y Emergencias (CCAES), que desde que el brote estalló en China ha hecho un seguimiento paulatino de la evolución de la epidemia. Entre esos documentos figura la Guía para la identificación y seguimiento de los contactos de Covid-19 con fecha 18 de febrero. “Cabe significar que, en dicha fecha, se incorporan las primeras medidas de contención del brote destinadas a los contactos, entre las que se destaca evitar los lugares con aglomeración de personas como eventos multitudinarios o medios de transporte en hora punta, como medida de precaución adicional”. Ese conjunto de medidas se establecían, en ese momento, para las personas susceptibles de haber estado en contacto con el virus, no para la población en general.

La Guardia Civil aprovecha un comentario del CCAES sobre que no remitió un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades al resto de organismos del Estado, como las comunidades autónomas, dado que era público, para afirmar que “refuerza aún más la autonomla y proactividad que debiera haber tenido la Delegación del Gobierno en Madrid”. Pero es que además, ese documento de la UE del 2 de marzo, solo justificaba la “cancelación de las reuniones masivas en casos excepcionales”, y citaba “grandes conferencias con un número significativo de participantes de un área afectada”. Esto es, el organismo internacional censuraba eventos como el clausurado World Mobile Congress de Barcelona, con miles de asistentes procedentes de Asia, un tipo de afluencia que no se produjo en la manifestación feminista de Madrid.

El informe del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades señalaba que toda Europa, incluida España, estaba en la fase 1 y que caminaba a una posible y rápida evolución a la fase 2. Y añade que no es hasta los escenarios 3 y 4 cuando se debían cancelar los eventos masivos. El informe, en inglés, es adjuntado por los guardias civiles a su informe ampliatorio, fechado el pasado lunes. Otro aspecto que obvian es cuando el Centro europeo precisa: “Debido a los importantes efectos secundarios (sociales, económicos, etc.) de las medidas de distanciamiento social, la decisión sobre su la aplicación debe basarse en una evaluación de riesgos caso por caso, según el impacto de la epidemia y el situación epidemiológica local”.

A pesar de que las declaraciones de los trabajadores de la Delegación del Gobierno desmontan la teoría de que se produjeron llamadas ocultas para que se desconvocaran movilizaciones, la Guardia Civil insiste en cuestionar ese procedimiento. “Resulta significativo para esta Instrucción que citadas llamadas se produzcan a partir del 11/12 de marzo de 2020 y no se hubieran producido con anterioridad”, reza el informe.

Fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid -se multiplicaron por ocho los nuevos detectados- y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables. Además, el instructor omite en su análisis una parte de la declaración de uno de los trabajadores de la delegación que aseguró que el 10 de marzo vieron la gravedad y por eso empezaron a hacer llamadas.

Otro de los elementos centrales del análisis del instituto armado son las medidas preventivas que aprobó la Delegación del Gobierno el 28 de abril a través del departamento de riesgos laborales y que son prácticamente iguales a las de la OMS, incluida la referida al distanciamiento social: “Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre”.

Además de analizar documentación, la Guardia Civil recoge noticias y discursos en ocasiones de forma parcial. Así, en el folio 68 alude a una alocución pronunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que elevaba el “riesgo de propagación e impacto de la COVID-19 a muy ‎alto a nivel mundial”.‎ No obstante, elude otra parte de su discurso que se produjo a continuación en la que aseguraba que seguía “sin haber pruebas de que el virus se ‎esté propagando sin control en las comunidades”. De hecho, realizó unas recomendaciones muy básicas para el conjunto de la población y solo aconsejó “precauciones ‎adicionales para evitar las aglomeraciones o los lugares en los que ‎pueda tener contacto con personas enfermas” a los mayores de 60 años o personas con patologías previas.

Al comienzo de ese mismo párrafo señala que el 27 de febrero “ya hay transmisión local” en España: “Un ciudadano de Sevilla que no había viajado a ningún país de riesgo contrae el virus por contacto con otra persona que a su vez había estado con una pareja china”. El director del CCAES, Fernando Simón, aseguró un día después que el nivel era “muy bajo” y circunscrito a Madrid y Sevilla.

También recoge como “muy significativa” una noticia publicada por La Razón el 22 de marzo -fuera del periodo que la jueza le pide analizar- titulada “La OMS alertó antes del 8-M del riesgo de concentraciones por el temor a la propagación del virus”. No obstante, la recomendación emitida por la OMS el 7 de marzo hacía una serie de recomendaciones para todas las situaciones (como la higiene de manos, las mascarillas para personas con síntomas o el aislamiento para personas enfermas) y recogía, entre los consejos a considerar “basado en la evaluación local y global”, el evitar aglomeraciones como las reuniones masivas. En España ese tipo de concentraciones se rechazaban si había riesgo de alta afluencia de personas de áreas de riesgo, como partidos de fútbol o el examen de acceso a la abogacía en el que se esperaba una alta asistencia internacional, especialmente procedente de Italia.

No es la única información fuera de tiempo que incluye el informe: lo hace también con la conversación informal que mantuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista antes de una entrevista en directo en la televisión pública vasca. Su introducción se produjo in extremis ya que ABC publicó ese off the record el 1 de junio, el mismo día en el que la Guardia Civil concluyó el informe y lo registró el documento en el juzgado número 51 de Madrid.

“¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?”, le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB “Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió Montero, que añadió: “Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”. Nada más publicarse la noticia sobre la conversación privada de Montero, la derecha la utilizó como ariete contra el Gobierno. El PP vio en esas palabras un “motivo para dimitir”.

Los guardias civiles dicen que hacen esa selección de informaciones “con la finalidad de plasmar, en cada momento, la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020” y que para ese cometido, el off the record de la ministra Montero es de “especial significancia”, a pesar de que los propios colectivos feministas admitieron una menor afluencia que el año anterior por el “temor” al coronavirus. También incluyen un vídeo de la periodista Susana Griso animando a manifestarse el 8M o una publicación de Libertad Digital bajo el título: “Así animaba La Sexta a manifestarse el 8M” en el que se recogen las declaraciones en ese canal de Cristina Almeida asegurando que acudirá a la marcha pese al riesgo.

En otro apartado, la Guardia Civil vuelve a interpretar unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para concluir que el Gobierno conocía desde enero la gravedad real de lo que estaba por venir. Duque aseguró que “los investigadores españoles comenzaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero” -de hecho, se reunió con dos científicos expertos en ese tipo de virus cuando ya había un brote en China-. “Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento”, dijo el ministro, que no se expresó correctamente pero se refería a que el CSIC liberó fondos para el Centro Nacional de Biotecnología y que se eliminaron trabas para acelerar la investigación con organismos modificados genéticamente en el decreto ley aprobado el 17 de marzo, tras habérselo reclamado sus interlocutores en el encuentro de enero.

El informe siembra dudas constantes sobre la actuación del propio doctor Simón, a pesar de que se ha rechazado su imputación en esta y en otras denuncias presentadas en diferentes juzgados contra él. Así, recoge documentos en los que se advierte que las personas que hayan estado en contacto con contagios o que puedan ser portadores de la enfermedad no participen en eventos masivos y asevera: “No consta a esta Instrucción mensajes, comunicados o advertencias que anunciasen a los ciudadanos sobre estas obligaciones provenientes del propio CCAES”. Simón, en sus comparecencias diarias, al igual que hizo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistieron en que no acudieran al 8M las personas que creyeran que podían estar contagiadas. “Es esencial que las personas con síntomas de coronavirus no acudan a las manifestaciones del 8M”, dijo Illa.

De hecho, Simón recordó que se avalaba esa celebración y no otros eventos porque no estaba prevista la asistencia masiva de personas extranjeras que pudieran proceder de zonas de riesgo. El informe de Guardia Civil lanza un último dardo contra el Ejecutivo, al que reprocha que “no se tomó ninguna medida de restricción de vuelo hasta el 10 de marzo” tras mencionar el caso de una pasajera china que el 10 de febrero contagió a diez personas en un avión trasladándose uno de los contagios a España. La OMS no lo recomendaba en ese momento y fueron las propias compañías las que paulatinamente fueron cancelando vuelos -como Iberia con la conexión Madrid-Shangay- hasta que el Gobierno optó por cancelar aquellos con origen y destino Italia. El 13 de marzo, el mismo día que Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuestionó las “prohibiciones generales de viaje”.