Un juzgado de la localidad madrileña de Getafe ha absuelto a tres miembros de una asociación de cultivo de cannabis al no haberse aportado pruebas de que realizaran actividades distintas a la que recoge su reglamento interno, entre ellas el cultivo y consumo de marihuana exclusivo para sus socios. La Fiscalía pedía dos años de prisión para cada uno de ellos y multa de 25.000 euros por tráfico de marihuana. “Una distribución programada de la marihuana incautada a personas registradas con sus nombres y apellidos no puede considerarse acto de tráfico de drogas”, zanja el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe, al que ha tenido acceso eldiario.es
Los tres acusados se han tenido que enfrentar a un proceso que se ha demorado cinco años. En enero de 2009, Aurelio P.S, Álvaro R.P y Daniel Antonio G.P acudieron al Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid para inscribirse su colectivo con el nombre de Cataja, una asociación destinada al “estudio de las distintas variedades de cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas, religiosas, terapéuticas y ecogronómicas”. Entre sus objetivos, añadían, figuraba el “evitar que el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, promueva, favorezca o estimule el mercado ilegal de estupefacientes”.
A pesar de ello, la Guardia Civil irrumpió el 1 de octubre siguiente en la sede de la asociación, ubicada en una urbanización de Chinchón, y se llevó 214 plantas de marihuana. Aquel registro, a la postre, ha resultado para que el juez dicte una sentencia absolutoria. En la sede de Cataja, los agentes encontraron los estatutos de la asociación y dos carpetas: una referente a facturas de almacén, con 740 euros en metálico, y otra de “cuotas”, acompañada de 940 euros. El juez considera que esa documentación y el dinero la prueba que los socios pagaban unas cuotas que se destinaban al mantenimiento de la asociación, incluido el cultivo de la marihuana, y que esto nada tiene que ver con el tráfico de drogas. Se trata de “una economía mínima”, en palabras del juez, que está “alejada” de los 13.620 euros en los que la Guardia Civil cifró el precio de la marihuana si se hubiera comercializado en el mercado negro.
El fallo supone un varapalo para la Fiscalía, que según el magistrado no ha podido demostrar su acusación de que Cataja era en realidad “una tapadera formal para vender marihuana de forma indiscriminada”, adquirida por cualquiera con tan solo mostrar su DNI. “Una sentencia condenatoria no se puede fundamentar en una probabilidad y, en el presente caso, todos los testigos han declarado que eran socios con una vocación de permanencia, ya que esperaron meses para recoger sus cuotas previstas de marihuana. Tampoco se han presentado testigos que compraran la marihuana a los socios en un supuesto de reventa”, señala el magistrado Jaime Serret Cuadrado. La Fiscalía llegó a pedir 4 años de prisión para cada uno de los procesados y solo el día del juicio rebajo a la mitad sus pretensiones.
El reglamento de la asociación Cataja señala que ningún socio puede retirar más de dos gramos al día con el fin de evitar cualquier práctica que no fuera el “autoconsumo privado”. Igualmente se imponen restricciones a los mayores de edad, pero menores de 21 años, para evitar que acabaran fumando menores de su entorno. La asociación llegó a tener una treintena de socios.
La sentencia del Juzgado de Getafe va en la línea de otras dictadas con anterioridad y que el propio fallo recoge. Endika Zulueta es el abogado de Aurelio P.S –presidente de Cataja-. Para el letrado, la sentencia es una buena noticia en tanto en cuanto se enfrenta a “la hipocresía que reina en la legislación penal y administrativa sobre el consumo de drogas”. “Al mismo tiempo que están legalizadas otras drogas que causan un grave daño a la salud, como el alcohol y el tabaco, que nutren los presupuestos del Estado con los impuestos derivados de su consumo, se penaliza el simple consumo de marihuana o se sanciona con elevadas multas la tenencia de cualquier tipo de droga, aunque sea para el propio consumo”, denuncia Zulueta.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dictó una circular en 2013 para aclarar a sus subordinados cómo actuar ante el fenómeno creciente de las asociaciones de cannabis. En la misma, Torres-Dulce recordaba que “en ningún caso es lícito el cultivo de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado”. “Dicha actividad será constitutiva de delito contra la salud pública y, en su defecto, de infracción administrativa”. En esa circular ya se advertía de la posibilidad de que las asociaciones actúen como tapaderas del tráfico de drogas.
Nuevas multas
En cuanto a la infracción administrativa, la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora en trámite parlamentario, incluye un incremento del 300% en las multas por tenencia de estupefacientes si la cantidad no indica que su destino es el tráfico. El Gobierno mantiene la tenencia de estupefacientes como una infracción grave, pero las multas que contempla el nuevo texto aumentan las multas en estos supuestos a un mínimo de 1.001 euros, el triple que en la ley aún vigente. El texto original penalizaba igualmente tener una planta de marihuana en el domicilio, pero en versiones posteriores se matizó que solo cuando se pudiera ver desde la calle.
Además, las Fuerzas de Seguridad vienen promoviendo en los últimos tiempos una cultura de la delación de los cultivos a través de las redes sociales. El perfil de Twitter de la Policía, por ejemplo, promueve la denuncia de los pequeños delitos de tráfico de drogas y las plantaciones de marihuana, cuando, por contra, ha evitado la promoción de las denuncias de otros delitos, como pueden ser los económicos o derivados de la corrupción.
El pasado mes de julio, Transnational Institute y Global Drug Policy Obervatory presentaron en Barcelona el informe Auge y caída de la prohibición del cannabis. El estudio concluye que la regulación del sector es la única solución posible, además de “irreversible”. El actual sistema “ha generado una importante carga para los sistemas judiciales penales, causando impactos sociales y de salud profundamente negativos, y ha creado mercados delictivos que fomentan la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción, aseguró durante la presentación Martin Jelsma, asesor del gobierno uruguayo y coautor del informe.
En esta línea, el letrado Zulueta expresa su deseo de que sentencias como la del Juzgado de Getafe “hagan recapacitar al poder legislativo y, en el tema de las drogas, se aparte de la senda de la penalización”. “Se deberían articular mecanismos por parte del Estado para facilitar la suficiente información sobre el mundo de las drogas, con el fin de que las personas pudieran tomar sus propias decisiones sin temor a represalias del Estado”, concluye.