El último debate sobre el Estado de la Nación parece la prehistoria. En febrero de 2015 el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta y Pedro Sánchez era un aspirante novato que todavía no se había enfrentado a los poderes fácticos de su partido. Unidas Podemos había emergido con fuerza en las europeas pero aún no estaba en el Congreso y el PP todavía disponía de margen para aplicar su rodillo. Eso explica que las únicas propuestas de resolución aprobadas fueron las presentadas por los populares o las que acordó el partido mayoritario con otros grupos. Las que presentó la izquierda fueron desbaratadas en el hemiciclo y tuvieron que esperar años, hasta que PSOE y Unidas Podemos firmaron el pacto de coalición. La subida del salario mínimo, la garantía del suministro eléctrico a las familias más vulnerables o la bajada del IVA de la luz fueron solo algunas de las medidas que defendieron las fuerzas progresistas hace siete años. Algunas de ellas se han convertido en realidad durante los últimos meses.
Desde entonces ha pasado un mundo. En la X Legislatura –la actual es la XIV– el esquema del bipartidismo de PP y PSOE se mantenía fuerte, ya que entre las dos formaciones sumaban más del 70% de los escaños del Congreso. La tercera fuerza del Parlamento era IU, con solo 11 escaños, que ahora está integrada en Unidas Podemos –que en el Congreso actual tiene 33 representantes– y la cuarta era UPyD, con 5 representantes, un partido ya prácticamente desaparecido. La derecha nacionalista catalana seguía agrupada en CiU y lo que hoy es EH Bildu entonces se llamaba Amaiur. Podemos nació en el penúltimo año de esa legislatura, en 2014, la irrupción estatal de Ciudadanos no llegó hasta un año después y Vox, actual tercera fuerza del Congreso, aún no existía.
La mayoría del PP de Rajoy, con 186 de los 350 parlamentarios, imponía la agenda legislativa desde 2011 y consagraba la era de la austeridad y los recortes que imponía la troika. También fue determinante en el último debate del estado de la nación celebrado hasta la fecha, que tuvo lugar los días 24 y 25 de febrero de 2015. Tras un discurso triunfalista y marcado por la economía del entonces presidente del Gobierno, que presumió de que España iba a crecer un 2,4% ese año –el año pasado lo hizo al más del doble, en concreto, al 5,1%–, y un agrio debate con Pedro Sánchez, que ya era el jefe de la oposición tras su triunfo en las primarias de 2014, se presentaron más de 120 propuestas de resolución, de las que solo se aprobaron 19, las que contaron con el aval del PP.
Además de alabar la política del Ejecutivo y de instarle a continuar la senda que había mantenido hasta entonces, las resoluciones aprobadas también recogieron peticiones que hoy resultan llamativas, como la reivindicación por parte del PP de la autonomía del Sáhara Occidental y de su derecho a la “libre determinación” o la posición pacifista de los populares ante la guerra que ya vivía el este de Ucrania. En una de sus resoluciones, el PP pidió “continuar fomentando la vía de firmeza y apertura al diálogo” entre Rusia y Ucrania, algo impensable en la actualidad por parte de unos populares que, ante el intento de invasión de Putin, apoyan el envío de armas al ejército ucraniano.
Derogación de la reforma laboral y ley de igualdad de trato
Por razones diferentes, llaman especialmente la atención las propuestas de resolución planteadas por las izquierdas, que entonces fueron al cesto de los papeles pero que años después aparecen plasmadas en leyes y decretos. El PSOE planteó, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que desde que gobierna la coalición progresista se ha incrementado en un 52%, pasando de los 655 euros de la época de Rajoy a los 1.000 euros actuales. Pero también plantearon los socialistas “extender la protección por desempleo” o “derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que ponga fin a la precariedad laboral, el exceso de temporalidad y el trabajo a tiempo parcial indeseado y al despido barato”. Todo ello se materializó en la reforma laboral aprobada el pasado febrero, aunque la indemnización de 20 días por año en el despido se haya quedado como estaba.
En sus propuestas de resolución el PSOE también reclamó “la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de iglesia católica”, una medida que se adoptó este mismo año por el Gobierno progresista o “aprobar una ley de igualdad de trato y contra la discriminación” cuya tramitación concluyó la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Otras iniciativas planteadas por los socialistas hace siete años y que hoy son una realidad son la eliminación de “la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de las técnicas de reproducción asistida del sistema público de salud”, la ampliación del “permiso de paternidad”, “recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular” o restablecimiento de “la justicia universal” y la garantía del “derecho de las mujeres a su salud sexual y reproductiva”.
El grupo que entonces llevaba el nombre de Izquierda Plural y que integraba a IU, ICV y la Chunta, propuso, por ejemplo, “garantizar el suministro de todos aquellos servicios esenciales” para las familias más vulnerables, una medida que se puso en marcha al inicio de la pandemia como parte del escudo social y que se ha ido prorrogando desde entonces y también dentro de los decretos anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Ese mismo grupo también planteó “impedir que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio”, algo que se ha incluido, asimismo, por parte del Gobierno progresista, en los citados decretos anticrisis.
El mes pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso una nueva reducción del IVA de la luz que, desde el inicio de la pandemia, ha pasado del 21% al 5%. Precisamente la Izquierda Plural ya planteó en 2015 “modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de aplicar una reducción generalizada del tipo impositivo a aquellos bienes que tengan un claro interés socioeconómico”, en clara alusión a la energía. Iniciativas propuestas hace más de un lustro por IU y que son una realidad gracias al Gobierno progresista son también la derogación de la reforma laboral, “bajar las tasas universitarias y aumentar las becas y ayudas para los estudiantes” o la “ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
Cada grupo puede presentar 15 propuestas de resolución
Siete años después, el debate del estado de la nación que comienza el martes se da en una circunstancia bien distinta a la de entonces porque el actual Ejecutivo no tiene una mayoría clara en el Parlamento y necesitará de acuerdos con sus socios habituales para aprobar las propuestas de resolución que en 2015 el PP lograba aprobar con facilidad por su rodillo parlamentario. El debate comenzará el martes 12 con la intervención del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que tendrá lugar a las 12.00 horas. A las 16.00 será el turno del PP y, a continuación, intervendrán el resto de grupos parlamentarios de mayor a menor esa misma tarde y durante el miércoles. Entre esas intervenciones Sánchez podrá tomar la palabra cuando quiera para responder al resto de portavoces, aunque lo habitual es que lo haga después de cada uno de ellos. Los grupos dispondrán de 30 minutos para la intervención inicial y 10 minutos para la réplica.
El miércoles 13 de julio se iniciará la sesión a las 9.00h con la intervención de los grupos que queden. Una vez finalizado el debate, se abrirá un plazo de 30 minutos para que los grupos presenten sus propuestas de resolución. Cada grupo podrá presentar un máximo de 15 propuestas de resolución, que no podrán ser votadas por puntos. Será en una España completamente distinta a la de 2015.