El acuerdo para desencallar el paquete legislativo LGTBI –que finalmente saldrá adelante en el Consejo de Ministros de este martes como un único anteproyecto de ley que incorporará un capítulo específico para las personas transexuales– ha removido al PSOE. La dirección se ha visto obligada a distribuir consignas entre sus cargos para explicar ese apartado en el que finalmente se reconoce la autodeterminación de género, pese a la negativa inicial del partido de Pedro Sánchez defendida férreamente por la vicepresidenta primera y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo. También han mantenido reuniones con los responsables de las áreas implicadas para explicar el último borrador que ya se había hecho público pero que la parte socialista del Gobierno no confirmaba como definitivo.
La principal preocupación en el departamento de Calvo es la interpretación del procedimiento para que las personas transexuales puedan cambiar de sexo legal y que pasa por que lo soliciten en el Registro Civil y en un plazo de tres meses lo ratifiquen. “Se establece un procedimiento para el cambio registral del sexo de las personas trans plenamente garantista y alineado con los países de nuestro entorno, a través de un sistema de doble garantía. Un procedimiento en dos fases que acredita la estabilidad y persistencia para poder cambiar la mención registral del sexo”, señala el PSOE en sus argumentarios en los que recuerda que el proceso solo se podrá revocar por vía judicial.
Según insistían la semana pasada desde la vicepresidencia primera, ese mecanismo recogido en el borrador no es “libre autodeterminación de género”, un concepto al que el PSOE se había opuesto radicalmente. Sin embargo, en sus documentos internos sí lo reconocen implícitamente. “Reconoce la voluntad libremente manifestada y el derecho a cambiar el sexo en el registro civil sin documentación o requisitos médicos”, señala el partido de Pedro Sánchez en sus consignas internas.
Durante estos meses de choque entre la parte socialista del Gobierno y el Ministerio de Igualdad, Calvo había rechazado de plano que la modificación del sexo en el Registro Civil se basara únicamente en la declaración expresa de la persona concernida. “Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo”, afirmó al principio del debate. La propuesta de Calvo era que se tuviera que aportar documentación o testigos para proceder al cambio registral. Otro de los argumentos es que se debía garantizar la persistencia y estabilidad de la transexualidad y eso se da en la propuesta final que Igualdad presentó a los colectivos a principios de junio, según fuentes de la vicepresidencia primera. “Estipula un procedimiento administrativo ante el Registro Civil que permite acreditar suficientemente la estabilidad y persistencia en la voluntad de rectificar el sexo registral”, señalan.
En un argumentario interno del pasado verano, el PSOE era igual de contundente contra la autodeterminación de género. “Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual” o “derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica”, expresaba el texto firmado, entre otros, por Calvo como secretaria de Igualdad del PSOE.
La cesión del PSOE ha sentado muy mal en una parte importante del feminismo vinculado al partido, aunque no sitúan a Calvo en la diana al entender que se han impuesto las tesis del colectivo LGTBI. “La prisa por subirse a una carroza dentro de una semana, las prisas del Orgullo, no pueden ser jamás la razón para decidir en algo tan grave. El feminismo del PSOE avisa”, escribió en Twitter Amelia Valcárcel, una de las referentes socialistas en esa materia. “Muchas mujeres socialistas feministas estamos en contra de esta ley. Carmen Calvo no está sola”, apuntó la presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo. “Somos muchas las mujeres socialistas y feministas preocupadas y contrarias a la regulación de la autodeterminación de género”, apuntó en la misma dirección Rosa Peris, secretaria de Igualdad del PSOE valenciano.
La ley llegará en plena movilización del Orgullo LGTBI, pero también a las puertas de la gran convención feminista que el PSOE tiene previsto celebrar en Valencia en julio. En las filas socialistas dan por hecho que este será uno de los asuntos en los que habrá batalla en el 40º Congreso de octubre.
De ahí que el PSOE reivindique su participación en la elaboración del anteproyecto frente a los borradores iniciales del Ministerio de Igualdad. “Los dos anteproyectos difundidos situaban en el mismo plano a los colectivos LGTBI y a las mujeres. En este anteproyecto no se contempla la equiparación de la discriminación de estos colectivos con la situación de desigualdad de la mitad de la población en nuestro país, que son las mujeres. Mantiene intacta la legislación vigente en materia de Igualdad (ejemplo: ley de igualdad o ley del aborto) y no confunde los conceptos sexo y género”, señala uno de los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es.
“Partíamos de dos Anteproyectos de ley de máximos (una que abarcaba al conjunto del colectivo LGTBI y otra específica para las personas trans) que no contaban con el respaldo mayoritario del Gobierno. Se presenta un único anteproyecto que se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y evita duplicidades innecesarias”, agregan los socialistas, que durante la negociación han conseguido fusionar en uno los proyectos LGTBI y trans frente a la intención de Unidas Podemos de impulsar dos leyes distintas.
Los socialistas también defienden que se han incorporado “garantías” a las personas transexuales para que los nuevos derechos no puedan “ser revertidos” y al determinar un “tiempo máximo de duración del proceso administrativo de cuatro meses”. Así, hacen referencia a la proposición de ley impulsada por el PSOE y que estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso en 2019 y aseguran que se ha mejorado. “El informe de ponencia de 2019 partía de la despatologización, es decir, de no aportar documento médico alguno para cambiar el sexo en el registro. El Anteproyecto que presenta el Gobierno parte del compromiso asumido por los grupos parlamentarios y lo dota de un procedimiento, establece criterios y garantías jurídicas que no existían”, señala el argumentario.