Un punto y aparte de verdad. Es la síntesis de las intervenciones que a lo largo de la jornada han ido haciendo los líderes de los partidos que sostienen la mayoría del Gobierno. Tanto Sumar como los socios parlamentarios han respaldado la decisión de Pedro Sánchez, pero le han advertido de que su compromiso de “regeneración” democrática debe cristalizar en medidas concretas como la reforma de la ley del Poder Judicial. La gestión de la pausa y los argumentos para la decisión final han tenido un efecto diferente en Catalunya: los partidos independentistas han cargado contra el presidente por hacer un uso electoral de su situación personal en plena campaña.
De la empatía hacia Pedro Sánchez cuando anunció el miércoles que se tomaba unos días para considerar su dimisión a las críticas sobre las explicaciones que ha dado este lunes para anunciar que finalmente seguirá en el cargo. Es el camino que han recorrido la mayoría de los socios, que lamentaban un discurso vacío de contenido. Una oportunidad desperdiciada para anunciar una batería de reformas que pongan freno a la persecución judicial de líderes políticos.
“Sí, estamos en un punto y aparte, pero tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de políticas públicas”, ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una comparecencia convocada de urgencia tras la decisión de Sánchez. El núcleo duro de Sumar ha seguido la comparecencia desde la sede del Ministerio de Trabajo, donde ha analizado a vuelapluma las consecuencias del movimiento del presidente. “Tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá”, ha dicho.
“El punto y aparte debe concretarse en cambios decisivos concretos. No podemos perder ni un segundo más en esta tarea que nos ocupa, y por ello trasladamos los puntos que, con urgencia, debemos abordar desde el Ejecutivo”, trasladan fuentes de Sumar en el Gobierno.
La sensación que circula entre los principales dirigentes de Sumar es que si el PSOE se conforma con que este golpe de efecto es suficiente para continuar se equivoca. “Si no se llena de contenido lo de hoy, si no va acompañado de medidas, envejecerá mal”, reflexiona un miembro de la ejecutiva que pide al socio mayoritario del Gobierno salir a la ofensiva con medidas de calado.
Sumar pide derogar la ley mordaza
La vicepresidenta segunda ha citado este lunes dos prioridades: reformar la ley del Poder Judicial y modificar la ley mordaza. Son dos puntos que están en el programa de coalición que firmaron Sánchez y Díaz en noviembre pero que Sumar quiere que se emprendan de inmediato, toda vez que son medidas que cuentan a priori con el apoyo de la mayoría de la investidura.
El grupo parlamentario ya ha planteado en el Congreso posibles vías para reformar el órgano de gobierno de los jueces. Una opción es la vía de la rebaja de las mayorías necesarias para la parte que toca al Congreso. Ahora los vocales que eligen las cámaras precisan del acuerdo de tres quintos del parlamento. También han propuesto reducir las competencias a cuatro cuestiones: proceder a determinados nombramientos, ejercer la labor de alta inspección, facultar ascensos en la carrera judicial y aplicar el régimen disciplinario.
La modificación de la ley mordaza es a priori más sencilla. Al menos, Sumar ya sabe hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSOE porque durante la legislatura pasada se alcanzó un acuerdo entre los partidos del Gobierno y los socios parlamentarios para el 98% de un texto que cambiase la ley de seguridad ciudadana, denominada mordaza, que implementó Mariano Rajoy para cercenar el derecho de protesta en plena oleada de manifestaciones por los recortes posteriores a la crisis del 2008.
La reforma de esa ley se atascó en la recta final de la negociación en el Congreso por la reticencia del PSOE a aceptar introducir en ella la prohibición de las pelotas de goma o la eliminación de las devoluciones en caliente, como pedían ERC y EH Bildu. El choque por esas cuestiones en esos dos temas terminó escalando e impidió que la reforma saliese adelante.
Fuentes de Sumar trasladan más prioridades para la nueva etapa que abre la decisión del presidente: afrontar el problema de la vivienda con la regulación de los pisos turísticos y “prohibiendo la especulación de fondos internacionales”, “reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas” y abrir una mesa de diálogo social para seguir bajándola. Y por último “ampliar los permisos por nacimiento y conseguir la remuneración del permiso parental de cuidados por cada hijo o hija hasta ocho años de edad”, así como “recuperar la universalidad de la sanidad pública”.
Sumar celebró esta tarde una reunión del grupo parlamentario para analizar los escenarios tras la decisión de Sánchez. Se encontraron después de la reunión que mantuvo este mediodía Yolanda Díaz con el presidente del Gobierno, el primer encuentro entre ambos desde que el miércoles pasado publicara la carta en la que anunciaba esa pausa de cinco días.
Un miembro de ese grupo parlamentario esperaba este lunes que Sánchez se decida a modificar finalmente el Poder Judicial y admitía preocupación en sus filas ante la posibilidad de que todo este movimiento termine beneficiando al PSOE y eclipsando las opciones de la izquierda alternativa en el final de un ciclo político para el que todavía quedan dos elecciones. “Punto y aparte, ahora empieza la legislatura”, reflexionaba.
Los independentistas, entre la indignación con Sánchez y la exigencia de medidas
“La sensación es que nos ha querido tomar el pelo”. Con estas palabras se expresan en ERC respecto al desenlace de cinco días de sorpresa y cábalas por la posible dimisión de Pedro Sánchez. En el equipo de Pere Aragonès había sospechas de que todo se trataba de una escenificación, pero pesaba más la preocupación por el futuro de una legislatura en la que han hecho una gran apuesta. “Nadie quería contribuir a que todo fuera a peor”, sostienen.
Pero, tras la comparecencia de este lunes, esa sensación se ha disipado para dar paso a la indignación. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, un hombre de perfil tranquilo, comparecía sin esconder su enfado. “No ha sido una actuación honesta”, aseguraba, tras hablar de “cortina de humo”, “comedia de cinco días” y “frivolidad absoluta”.
“Hay enfado porque, después de pasar cinco días preocupados para nada, hemos acabado asistiendo a un acto electoralista de Sánchez”, explican fuentes republicanas, que además consideran ahora que todo ha estado orquestado desde el primer momento. ERC, de hecho, pedía a la Junta Electoral Central prohibir la entrevista al presidente del Gobierno en TVE del lunes por la noche al considerarla un acto de “autopromoción” y de electoralismo.
Algo similar ocurre en Junts, aunque su postura siempre es más distante. Fuentes de la formación de Carles Puigdemont se remiten a la comparecencia de Jordi Turull de este lunes, en la que hablaba de “tacticismo electoral” y “enorme irresponsabilidad” de Sánchez. “Todo es electoralismo, no participaremos de la farsa”, resumían miembros de Junts sobre la posición que han mantenido en los últimos días.
Más allá del enfado, tanto ERC como Junts han tendido la mano a Sánchez si acaba proponiendo una agenda de reformas de la Justicia. Los independentistas quieren que sea el PSOE quien haga propuestas, pero hablan de la renovación del CGPJ o de evitar nuevos episodios de guerra soterrada contra el independentismo. “Acabar con el golpe de estado judicial, las cloacas, el espionaje a políticos, etc”, explican desde Junts. En ERC recuerdan que siempre han hecho propuestas, desde derogar la ley mordaza a acabar con la Audiencia Nacional, aunque también estarían de acuerdo con la renovación de los jueces.
“Tenemos mucho trabajo por hacer: eliminar la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción de carácter franquista; una ley de secretos oficiales de 1958, que dijeron que cambiarían y no lo han hecho; una ley mordaza que impide a muchos miles de personas protestar; o la derogación del artículo 155”, repasaba Aragonès en su comparecencia. “El problema no es que no haya habido propuestas en los últimos años, sino que el PSOE ha votado en contra de todas”, afirman fuentes republicanas.
Más moderado se mostró el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que calificaba lo ocurrido estos días como un “hecho insólito”. “Tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir”, lamentaba. El portavoz jeltzale apuesta por “seguir trabajando” y sacar adelante el programa. “Hay muchas cosas por hacer y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Por nuestra parte no tenemos más que decir”, señalaba.
En EH Bildu también creen que este impasse debe servir para que esa regeneración democrática tenga efectos concretos. “La necesaria 'regeneración pendiente' del Estado español debe suponer una oportunidad para la sociedad vasca”, apuntaba Mertxe Aizpurua en un tuit tras escuchar a Sánchez. “Es el momento de actuar y poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes con una agenda democratizadora valiente”, afirmó.
La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, coincide también en que el movimiento de Sánchez no puede quedarse únicamente “en las palabras”. La dirigente gallega pedía este lunes “medidas efectivas” para hacer realidad esa regeneración democrática.
Podemos pide reformar el Poder Judicial y una ley de medios
Ninguna reforma que tenga que pasar por el Congreso podrá salir sin los votos de los cuatro diputados de Podemos, que este lunes se mostraba muy duro con el discurso del presidente. “Podemos seguir pero no así”, señalaba la secretaria general del partido, Ione Belarra, tras la reunión de la ejecutiva. “No se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país”, criticó.
Belarra ofrecía al presidente y al resto de fuerzas políticas en el Congreso un paquete de reformas: renovar el Poder Judicial sin el PP “cambiando la ley que determina las mayorías de elección con el objetivo de democratizar la Justicia”, cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial, democratizar el poder mediático a través de una ley de medios “que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas” y “fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios”.