A diferencia de lo sucedido en las dos últimas legislaturas, el Partido Popular se ha abierto este martes por primera vez a modificar los plazos de instrucción fijados en 2015 por el propio PP cuando gobernaba Mariano Rajoy. Entonces los populares contaban con mayoría absoluta en el Congreso y dieron luz verde a la inclusión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que estableció que las causas tienen un plazo máximo de instrucción de seis meses. Se trata de una medida que en estos años ha impedido que concluyera la investigación de distintos delitos, entre ellos los de corrupción, y que Unidas Podemos volvía a llevar al Pleno de este martes para promulgar su derogación.
Aunque ha recalcado una y otra vez que “esta derogación del artículo 324 no es una reforma contra la corrupción” ni es una “norma ómnibus” contra ese tipo de prácticas, la portavoz del PP durante el debate que ha tenido lugar en el Congreso, María Jesús Moro, ha reconocido que la aprobada por el Gobierno Rajoy “es una norma mejorable”. “Esta norma es un cambio de paradigma y no es perfecta”, ha señalado desde la tribuna.
“Nosotros somos rigurosos en el trabajo y si la norma no es perfecta nosotros proponemos un cambio en la línea de la Fiscalía”, ha asegurado. De esta forma, el PP se ha abstenido durante la votación de esta tarde en la que el resto de grupos han aprobado –con 251 votos a favor, uno en contra y 90 abstenciones– la toma en consideración de la propuesta para derogar el citado artículo 324, pero los populares plantearán durante la tramitación parlamentaria unas enmiendas que aunque sí fijarán plazos de instrucción, recogerán unos periodos más amplios que los fijados por la administración de Rajoy, tal y como han reclamado desde la judicatura en los últimos años.
El expresidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, fue uno de los beneficiados por el cambio legal que introdujo su partido y que ahora se dispone a derogar el Congreso, una vez conseguida la admisión a trámite en el pleno de este martes. Una de las tres causas que tenía abiertas Sánchez, el caso Pasarela, se cerró porque se superaron los plazos de instrucción, y aunque la Fiscalía trató de evitarlo, finalmente la justicia archivó el caso. El dirigente popular se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión.
La norma que se ha mantenido en vigor hasta ahora ha obligado a cerrar otros casos, como el de los contratos fraudulentos de la Alhambra –donde había 28 imputados–, el sumario Emucesa o una investigación contra ACS. También ha provocado que se cierren investigaciones sobre ETA, como el caso Giménez Abad.
El Congreso ya inició una tramitación similar a la de este martes en las anteriores dos legislaturas. En mayo de 2017 aprobó su admisión con el voto en contra de los populares. No obstante, esta iniciativa sufrió hasta 67 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas por parte de la Mesa del Congreso que entonces controlaban el PP y Ciudadanos, sin que llegara siquiera a despegar. El pasado septiembre volvió a tomarse en consideración –el PP votó otra vez en contra–, si bien volvió a decaer por el adelanto electoral del 10N.
Jaume Asens, diputado de Unidas Podemos que ha defendido la proposición de ley presentada por su grupo, ha recordado que el artículo 324 se aprobó “en servicio de la impunidad” de los populares y ha pedido sin éxito al PP que se sume al resto de grupos que han apoyado su derogación. “Podríamos remar juntos en esta cuestión tan sensible”, ha enfatizado el parlamentario del grupo confederal, sin lograr la adhesión del principal partido de la derecha.
Desde Ciudadanos, el exabogado del Estado y hoy portavoz de la formación en el Congreso, Edmundo Bal, ha defendido también la derogación. A su juicio, la normativa aprobada por el rodillo del PP recoge un “texto aberrante”, redactado “por quien nunca ha llevado la toga”. “Seis meses no da tiempo para instruir nada y esta medida ha puesto los grilletes que debían de estar en manos de los acusados en las manos de la acusación”, ha añadido Bal.
Durante el debate hasta Vox ha manifestado su apoyo a la derogación del citado artículo 324 argumentando, tal y como ha señalado su portavoz en el Congreso, Macarena Olona, que la medida se aprobó solo para garantizar “la impunidad” de los investigados en casos de corrupción vinculados al PP.