La financiación de Vox está más en el punto de mira que nunca. Las sospechas en torno a los siete millones de euros traspasados a la fundación privada que preside Santiago Abascal, según reveló elDiario.es, y el informe del Tribunal de Cuentas que alerta de irregularidades en las donaciones al partido han provocado un terremoto sin precedentes en la formación de extrema derecha.
Este viernes, Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido, renunció al cargo. Lo hizo un día después de que la dirección se viera obligada a enviar una carta a los militantes para tratar de tranquilizar a las bases tras la revelación de este periódico, al que Vox veta en sus ruedas de prensa. Estas son las sospechas que se ciernen sobre las finanzas de Vox y que han sumido al partido de extrema derecha en una nueva crisis interna:
Siete millones de euros a Disenso. Este medio publicó el pasado lunes que Vox ha traspasado durante cuatro años casi siete millones de euros a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal. Esta fundación es una organización más opaca que un partido político, aunque recibe también dinero público y tiene exenciones fiscales. De hecho, esa aportación está libre de impuestos, mientras que si fuera una sociedad tributaría al 25%. Según sus cuentas, gasta un millón de euros en personal y más de un millón en contratar servicios sin especificar cuáles ni con quién se contratan.
Disenso se dedica a organizar congresos, eventos o coloquios, a editar informes y, de manera muy destacada, a difundir noticias en La Gaceta de la Iberosfera. Este sitio web –antes conocido como La Gaceta de los Negocios— es propiedad de Julio Ariza, gurú mediático de la derecha más conservadora y dueño de Intereconomía. En todo caso, Disenso apenas gana dinero con esta actividad: sus ingresos alcanzaron los 20.285 euros en todo 2022, según sus cuentas. Sus principales entradas de dinero proceden de Vox.
300.000 euros en cajeros automáticos. La revelación del elDiario.es ha coincidido con la publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de los partidos en los ejercicios de 2018 y 2019. Un documento que, entre asuntos, alerta de la “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en Vox y avisa al partido de Abascal de posibles sanciones por irregularidades en la recepción de donaciones. Además, ese informe sitúa a Vox como el partido que más donaciones privadas recibió en ese período: dos millones de euros, cuatro veces más que PSOE (434.500) y PP (330.600 euros).
Uno de los asuntos que más llamó la atención a los auditores públicos al analizar las cuentas de Vox fue la existencia de abultados ingresos a través de cajeros automáticos: 20.601,04 euros en 2018 y 311.947,05 euros en 2019. Vox afirmó que se debían a la venta de artículos del partido (pulseras, bolígrafos…) en las mesas informativas que instala periódicamente en las calles de muchas ciudades. Pero el tribunal afirma que “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos. Esa norma no permite las donaciones anónimas o de empresas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por parte de una misma persona y obliga a notificar al Tribunal de Cuentas todas las superiores a 25.000 euros.
Además, el documento revela la “falta de control en la venta de productos promocionales y la ausencia de un precio de venta de los mismos”, lo que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos contemplados” en la citada ley. En este sentido, revela que el departamento de tesorería del partido indicó en dos instrucciones internas difundidas en noviembre de 2018 y abril de 2019 que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Es una interpretación errónea de la norma, que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros en 2019 era de “importes inferiores a 300 euros”. Vox alegó que se trató de una confusión.
Medio millón a una empresa de Méndez Monasterio. El Tribunal de Cuentas saca a la luz también la existencia de facturas por importe de 516.670 euros sólo en el ejercicio de 2019 al “proveedor que gestiona los servicios de comunicación” de Vox. El órgano fiscalizador no revela el nombre de la compañía, pero fuentes cercanas al partido aseguran que se trataría de la mercantil Tizona Comunicación, que realiza labores de consultoría y comunicación para Vox, informa Raquel Ejerique. Es una agencia propiedad de Gabriel Ariza, hijo del presidente del grupo Intereconomía; y de la que es socio Kiko Méndez Monasterio, al que Abascal considera su “gurú”.
Tras revisar las facturas giradas a Vox por esta empresa, el órgano fiscalizador afirma que las mismas “indican conceptos de carácter genérico”. Y sostiene que “sería conveniente que recogiesen un mayor detalle sobre las unidades facturadas, la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado”.
El Tribunal de Cuentas también hace objeciones en relación con el régimen de contratación. Según el informe, el partido adjudicó “determinados contratos” sin contar previamente con la recepción y estudio de tres presupuestos, tal y como recogen las instrucciones internas que debe hacerse cuando se trata de contrataciones de importe superior a 10.000 euros e inferior a 100.000.
El descontrol de las tarjetas de crédito. En su informe, el órgano fiscalizador también documenta pagos no justificados por parte de Vox de hasta 41.812,24 euros con las tarjetas de crédito que el partido pone a disposición de cargos de representación. Esto es, de algunos de sus miembros y dirigentes, aunque no especifica de quiénes.
A este respecto, el tribunal afirma que “si bien el partido afirma que son gastos de viaje y manutención, no se ha aportado documentación justificativa alguna”. También se identifica otro pago sin justificar de 4.700 euros en gastos de desplazamiento.
Las colectas para querellas. Por otro lado, el documento incluye una relevante advertencia a Vox: colectas como las promovidas para querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra pueden constituir una “irregularidad sancionable” en virtud de la ley de financiación de partidos.
El órgano fiscalizador pone el foco sobre el hecho de que la formación “efectuó campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad” al pago de fianzas. En virtud de esas campañas, ingresó en 2019 más de 150.000 euros “en contra de lo dispuesto” en la norma sobre la financiación de partidos, que prohíbe a las formaciones políticas aceptar o recibir “directa o indirectamente” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”.
En concreto, cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Además, ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. El partido alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos.