El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones acumula casi tres meses de retraso en la renovación del Tribunal Constitucional, lo que está prolongando la mayoría conservadora en el órgano que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. Los nombramientos de los dos magistrados que corresponde designar a la institución encargada del gobierno de los jueces deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. Pero no ha sido posible por el boicot de nueve de los diez vocales elegidos en su día a propuesta del PP.
Esa minoría de bloqueo la forman seis jueces, un letrado y magistrado en excedencia, una abogada del Estado y una secretaria judicial que llegaron al CGPJ con el aval del que, ahora, es el principal partido de la oposición. Tras tres meses de boicot, estos vocales han movido ficha este viernes para sortear la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear estos nombramientos al rebajar las mayorías necesarias para realizarlos, tal y como adelantó elDiario.es este jueves. Los conservadores han pedido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario con la propuesta de nombramiento de los magistrados del Constitucional como único punto del orden del día.
La petición de un pleno urgente llega tras tres meses de negociaciones frustradas en los que los conservadores ni siquiera han puesto nombres de candidatos encima de la mesa, mientras han puesto pegas al candidato de los progresistas. elDiario.es resume a continuación quiénes son los vocales que bloquean la renovación del Constitucional y cuáles son sus trayectorias:
Es juez desde 1984. Desde 2004 su destino está en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Llegó al CGPJ en junio de 2018 en sustitución del hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Desde entonces, tiene dedicación exclusiva como miembro de su Comisión Permanente, donde se toman las principales decisiones y cuyos miembros cobran más de 120.000 euros anuales por su dedicación exclusiva y tienen a su disposición un coche oficial. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial y reciben dietas por asistir a los plenos o a las comisiones, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente.
Ballestero está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. Formó parte de su ejecutiva cuando el presidente era Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que investigó el procés. Es el vocal que gritó “¡Viva el rey!” durante la entrega de despachos de los nuevos jueces presidida por Felipe VI en Barcelona en 2020.
Forma parte de la comisión negociadora creada para abordar los nombramientos del Constitucional. Las fuentes consultadas aseguran que él y el también vocal José María Macías tienen una “interlocución fluida” con dirigentes de la dirección del Partido Popular. Entre otros, con Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional y principal negociador de la formación en materia judicial.
Ballestero fue uno de los encargados de hacer el borrador de informe sobre la Ley de Memoria Democrática, aunque acabó renunciando tras no lograr ponerse de acuerdo con el otro ponente, el progresista Álvaro Cuesta. Acabó suscribiendo, junto a Macías, un voto particular en el que ambos afirman que “las desapariciones forzosas no son un problema en España” o se muestran contrarios a la “anulación indiscriminada” de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. También sostienen que la ley genera “un sesgo en las materias educativas que pudiera chocar con la libertad de cátedra, la libertad de expresión o la libertad educativa en tanto en cuanto no se refiere a todos los sistemas totalitarios”.
Es secretaria judicial desde 1994, con destino en un juzgado de Sevilla. En 2012, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, formó parte de la delegación del Gobierno en Andalucía como Jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género. Su nombramiento en el CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y más tarde ministro del Interior con Rajoy.
Una vez nombrada vocal, el presidente Carlos Lesmes la promocionó como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Su nombramiento abrió una brecha en el CGPJ, pues hasta entonces ese puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Pero Lesmes optó por poner en ese puesto a una vocal del PP con el argumento de que ya había trabajado en el ámbito de la violencia de género con un cargo estatal.
Es abogada del Estado desde 1992, con destino en los Ministerios de Fomento y Exteriores. No obstante, forma parte desde mayo de 2020 de la Comisión Permanente, por lo que tiene dedicación exclusiva al CGPJ. Se encarga especialmente de los asuntos internacionales. Antes también había formado parte de ese órgano reducido entre 2015 y 2018. Entre 2003 y 2013 fue jefa de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2019 optó a un puesto en el Tribunal General de la UE, pero el Gobierno –entonces con Dolores Delgado como ministra– frenó su candidatura por su perfil conservador. Meses después, Díaz firmó un voto particular contra el nombramiento de Delgado como fiscal general en el que afirmaba que su elección no contribuía a “la percepción de la independencia de la Fiscalía”.
Se la considera cercana ideológicamente al Opus Dei. Durante el debate sobre el informe del CGPJ al proyecto del PP que eliminaba el aborto como un derecho de la mujer propuso que la ley obligara a realizar un “examen forense” a las mujeres que alegaran haber sufrido una violación para abortar con el objetivo de comprobar que la denuncia no era falsa. Ese texto, que el PP acabó retirando, sólo recogía como supuestos de despenalización del aborto el riesgo para la salud mental de la mujer o que la gestación fuera consecuencia de una agresión sexual.
Fue uno de los nombres con los que Lesmes contó para llevar a cabo el llamado ‘plan b’ con el que pretendía sacar adelante los nombramientos del Constitucional antes de su renuncia. Ese plan requería lograr el respaldo de tres vocales propuestos por el PP que quisieran sumarse a los ocho progresistas. Finalmente, Lesmes solo pudo contar con su íntimo amigo Wenceslao Olea porque tanto Díaz como Martínez Moya —el otro vocal que sondeó Lesmes— rechazaron apartarse del núcleo duro del bloque conservador.
Ingresó en la carrera judicial en 1984. En 2004, el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar lo nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Mantuvo ese cargo hasta 2014. Desde 2018 es uno de los miembros de la Comisión Permanente así que su dedicación al CGPJ es exclusiva. Está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). También forma parte del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei.
Recientemente firmó junto a José Antonio Ballestero y José María Macías un voto particular concurrente al informe de la ley trans en el que señalaban que la mera declaración de voluntad no puede ser “elemento suficiente” para el cambio de sexo legal. Pedían que la ley exigiera para ello, algún tipo de “acreditación”. Adquirió cierta notoriedad en 2018, cuando respondió al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no había motivos para apartar al juez que emitió un voto particular en el que cuestionaba la versión de la víctima de ‘la manada’. Catalá había reprochado al CGPJ que no hubiera actuado contra el juez cuando “todos saben” que tiene “algún problema singular”.
Ingresó en la carrera judicial en 1980. En 1989 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano del que fue presidenta entre 2010 y 2015. Sus compañeros conservadores en la Comisión Permanente la auparon en 2017 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la que juzga a los políticos autonómicos aforados acusados de corrupción. Un juez recurrió ese nombramiento, pero el Tribunal Supremo lo confirmó.
Llombart es uno de los pesos pesados de la derecha judicial valenciana. Pertenece a la APM. Aterrizó en el CGPJ gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, que fue consejero de Justicia en la Generalitat Valenciana con Francisco Camps (PP) y después también vocal del órgano de gobierno de los jueces. En 2015, De Rosa la sustituyó al frente de la Audiencia de Valencia con el voto de 16 de los 21 miembros del pleno, incluido el de la propia Llombart. Ahora De Rosa es senador del PP.
Aprobó las oposiciones en 1990 y ejerció como juez hasta 2005. Ese año solicitó la excedencia para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a Cuatrecasas, donde sigue en la actualidad. Mientras permaneció en servicio activo, fue miembro de la APM, a la que después representó como abogado. Llegó al CGPJ en 2015 en sustitución de Mercè Pigem, una vocal nombrada por Convergència i Unió (CiU) que renunció tras conocerse que había sido interceptada en la aduana por la Guardia Civil, entrando en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. El primer suplente, Antonio Álvarez-Buylla, renunció a ocupar el puesto tras recibir una querella por falsedad documental que más tarde quedó en nada.
El segundo suplente era Macías. Aunque sustituyó a una vocal de CiU, había sido en su día propuesto por el PP. Hoy es el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ. Tenía una interlocución fluida con el número dos del PP en la etapa de Pablo Casado, Teodoro García Egea. Y la tiene ahora con la actual dirección de Alberto Nüñez Feijóo y, en especial, con González Pons. Durante su mandato fue muy cercano a Lesmes, aunque en la última etapa fue crítico con su decisión de dejar el cargo ante el bloqueo de la institución. “La dimisión de Lesmes va a provocar más daño que solución al Poder Judicial”, dijo en una entrevista en elDiario.es.
Es juez desde 1988 y está especializado en el orden jurisdiccional social. En 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por la mayoría conservadora en el CGPJ nombrada por Aznar. Estuvo en ese puesto hasta 2015. Desde entonces, está dedicado a tiempo completo al CGPJ como miembro de su Comisión Permanente.
Durante su etapa como presidente del tribunal autonómico, Martínez Moya tuvo un papel relevante en el 'caso Auditorio’, un escándalo de corrupción urbanística que afectaba al expresidente de Murcia por el PP Pedro Antonio Sánchez. Él y otros dos magistrados remitieron a un juzgado ordinario una querella de la Fiscalía contra Sánchez cuando era consejero y diputado regional y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior. Esa decisión evitó que Sánchez, ya candidato del PP a la presidencia de Murcia, fuera a las elecciones de 2015 como imputado. Pese a esta decisión, la investigación continuó. Y en febrero de 2017, ya como presidente, fue citado como imputado. Sánchez acabó dimitiendo dos meses después asediado por varios casos de corrupción.
Martinez Moya fue uno de los vocales —junto a Nuria Díaz y Wenceslao Olea— con los que Lesmes contó para llevar a cabo su fracasado ‘plan b’ para renovar el Constitucional. Pero tanto él como Díaz rechazaron apartarse del núcleo duro del bloque conservador.
Ingresó en la carrera judicial en 1988 y tiene su destino actual en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Antes fue durante una década presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un puesto al que le aupó en 2006 el CGPJ nombrado con la mayoría absoluta de Aznar. Desde ese cargo, maniobró en 2013 para concentrar en el pleno que presidía los dos recursos presentados contra el plan del Gobierno de Ignacio González (PP) de ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud madrileños. Previamente, una de las secciones que llevaban el caso habían paralizado esa privatización.
El PSM intentó apartarlo de esa decisión por su matrimonio con Marta García de la Calzada, que había sido alto cargo en la Comunidad de Madrid y en ese momento era consejera de Fomento en el Gobierno de Castilla-La Mancha que dirigía María Dolores de Cospedal, entonces número dos del PP. La Fiscalía se opuso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la recusación presentada por los socialistas. Finalmente, González se vio obligado a renunciar a su plan privatizador.
Ingresó en la carrera judicial en 1984. En 2004, el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura. En 2012 fue aupado al Tribunal Supremo. Al año siguiente, el PP le propuso como vocal para el actual CGPJ. Preside la Comisión Disciplinaria, la que decide las sanciones sobre los jueces.
Pertenece a la APM. Es íntimo amigo de Lesmes y el único vocal que se mantuvo leal a él hasta el final. De hecho, recurrió ante el Supremo la elección del progresista Rafael Mozo como presidente “por sustitución”. La voluntad de Lesmes era que su sucesor al frente de los dos órganos que dirigía desde 2013, el CGPJ y el Supremo, fuera el presidente de Sala del Supremo más antiguo: Francisco Marín. El Alto Tribunal rechazó las medidas cautelares y tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo de ese recurso.
Olea fue uno de los vocales con los que contó Lesmes para llevar a cabo el citado ‘plan b’ con el que pretendía sacar adelante los nombramientos del Constitucional antes de su renuncia. Olea se mantuvo al margen de las primeras cenas y reuniones de los vocales que se oponían a hacer las designaciones del tribunal de garantías pero acabó uniéndose al grupo a partir de noviembre, tras la dimisión de Lesmes.