Democracia liberal. Bah. Está sobrevalorada. La gente se preocupa mucho por los resultados electorales, pero ¿qué pasa con la voluntad popular expresada por el pueblo que se lanza a la calle para expresar su furia? Menos de cuatro meses después de las elecciones generales, el Partido Popular apuesta por otra fuente de legitimidad: la calle. Las masas revolucionarias han hablado gracias a las movilizaciones realizadas el domingo por el partido en cincuenta provincias. Su mensaje ha sido claro, porque han sido los dirigentes del PP los que lo han resumido en palabras.
Los votos depositados en las urnas han perdido todo valor, excepto cuando se dice que Feijóo ganó las elecciones. Una vez que el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley para que el Congreso apruebe la amnistía que los socialistas no prometieron en la campaña, sólo queda anular el valor representativo de las papeletas de julio. “No callaremos hasta que volvamos a votar. ¿Por qué tienen miedo a las urnas?”, dijo Alberto Núñez Feijóo en el mitin. ¿Las mismas urnas que hablaron en julio?
Es otro ejemplo de la defensa fanática de la Constitución obviando con mucha soltura lo que dice la Constitución. Parece contradictorio, pero no lo es si estás lanzando una insurrección popular. Se puede defender la Carta Magna como ente abstracto mientras ignoras algunas de sus obligaciones.
Existe un pequeño obstáculo legal al respecto para volver a votar y complacer a Feijóo. Un Gobierno en funciones no puede disolver las Cortes. Si Sánchez fuera reelegido en la investidura de esta semana, la Constitución impide que las cámaras sean disueltas en el primer año de legislatura. Maldito formalismo pequeñoburgués que ignora lo que reclama el pueblo.
La única posibilidad legal de que se repitan las elecciones sería que ningún candidato obtuviera la mayoría necesaria en el legislativo. Sánchez tiene ya el apoyo de 179 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta.
Será por eso que Miguel Tellado tenía el lunes una solución muy original. “Creo que quien debería salir del país en el maletero de un coche es Pedro Sánchez”, dijo el vicesecretario general de Organización del PP. Una idea perfecta. Sánchez huye a Bélgica antes de la investidura y esta no se puede celebrar. O se le secuestra, aunque eso plantea dudas legales.
Un auténtico revolucionario desdeña lo que dicen los números. Sólo es un intento de socavar la resistencia popular. “Con el 6% no pueden decidir por el 100% de los españoles”, dijo un enérgico Feijóo. “Tienen menos apoyo que nunca pero han encontrado un atajo”.
A veces, mencionan que son los siete diputados de Junts los que desequilibran la situación en favor de Sánchez. Siete decidirán por 350, dicen. No, es peor. “No puede ser que siete independentistas decidan sobre 47 millones de españoles”, se quejó Tellado. El PP ya habla en nombre de todos los habitantes del país, incluidos los votantes de izquierda.
En realidad, Sánchez necesita prácticamente a todos los que están dispuestos a pactar con él. No sólo los siete de Junts. Y la suma de todos ellos da esos 179 votos favorables para la investidura. El líder socialista cuenta con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del Congreso. El PP, por ejemplo con el de los jueces conservadores, 700 notarios y el Colegio de Médicos de Sevilla. Vamos, no hay color. No puede ser que no se haga lo que ordenan el PP y Vox.
No hay artículo de la Constitución sobre la formación del Gobierno que pueda desmentir lo que reclama el PP. “La calle ha sentenciado a Sánchez”, dijo Elías Bendodo en Antena 3. No hay margen para recurrir esa sentencia. Como decía la portada de El Mundo, “España se levanta contra la amnistía de Sánchez”. España, toda ella, como un solo hombre o mujer.
Media hora después del inicio del mitin del PP en la Puerta del Sol de Madrid, fuentes del partido comunicaron a los periodistas que había más de 500.000 personas, una cifra que nunca se ha alcanzado en las concentraciones que llenaban la Puerta del Sol y las calles aledañas. Otra media hora después, la cifra saltó a un millón. Y le sumó otro millón del resto de España. Ahí se pararon.
Además hay que considerar la calidad humana de todas ellas. “Somos más y somos mejores”, dijo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Como cuando Feijóo hablaba en el Senado de los “españoles de bien”.
Luego también dijo que “no hay españoles de primera y de segunda”, lo que contradecía un poco la frase anterior de su intervención. Los asistentes sabían que desde luego eran mejores que todos esos votantes de partidos de izquierda y nacionalistas. Aún estaban en estado de shock por el veredicto de las urnas en julio, por lo que la idea de votar otra vez, de votar cuantas veces sea necesario para hundir al sanchismo, les parecía sumamente alentadora.
“Devolveremos golpe por golpe”, anunció Isabel Díaz Ayuso en el mitin y la gente se puso como una moto. Ya vale de tantos miramientos liberales tibios y tanto Estado de derecho que la turba roja no se merece. La gente quería leña.
Una idea constante en el PP para justificar su exigencia de nuevas elecciones es que Sánchez no anunció en la campaña electoral que amnistiaría a los responsables del procés con casos abiertos en los tribunales. De hecho, había anunciado antes lo contrario.
José María Aznar tampoco había prometido todo lo que ofreció a Jordi Pujol para obtener los votos de los diputados de CiU que le permitieron ser elegido presidente en 1996. Lo mismo Felipe González en 1993 con el mismo destinatario de sus favores. Es lo que tiene no llegar a la mayoría absoluta. Tienes que dar algo a cambio. El precio no suele ser barato.
Son las reglas de cualquier sistema parlamentario. No vale con ser el partido más votado si no logras reunir una mayoría en el Congreso. Feijóo lo intentó en septiembre y salió derrotado.
¿Pero todas esas normas de una democracia parlamentaria marcadas por la Constitución pueden tener más peso que las masas reunidas en la Puerta del Sol de Madrid a escasos metros del despacho de Díaz Ayuso? ¿Pueden pesar más que los españoles que viven dentro de la M30?
El PP no puede tolerar tal “anomalía democrática”. España no se merece algo así y la Constitución, tampoco, con independencia de lo que diga. Y quien no lo entienda es un enemigo de la Constitución.