Las autoridades suizas consideran que la investigación española del caso Gürtel no ha permitido demostrar hasta la fecha que Luis Bárcenas haya cometido un delito fiscal, uno de los requisitos que establece su legislación para colaborar con un país extranjero. La consecuencia inmediata es que la Justicia helvética rechaza que la información sobre las cuentas suizas del extesorero del PP pueda ser utilizada en un juicio contra él.
Así consta en una comisión rogatoria en francés y alemán que ha enviado Suiza al juzgado de Ruz y a la que ha tenido acceso eldiario.es. Suiza asegura que la Justicia española no ha acreditado suficientemente que Bárcenas haya cometido fraude fiscal, al menos en los términos en los que está recogido ese delito en la legislación helvética.
Es más, las autoridades judiciales suizas se atreven a concluir que el extesorero actuó “en detrimento del Partido Popular de España”, pero que no está claro que se haya generado “perjuicio al fisco español”. Con esta afirmación, la Justicia Federal suiza se suma a la tesis del PP de que Bárcenas engañó al partido. Los conservadores se apoyan en ella para asegurar que el extesorero pudo cobrar comisiones sin que la dirección del partido lo conociera.
“Se entienden los hechos en el sentido de que las facturas falsas, como medio de justificación, fueron creadas para lavar el pago de sobornos y no para perjudicar al fisco español”, dice en otro punto la comisión rogatoria. Algunas fuentes del caso se preguntaban ayer si, con esta afirmación, Suiza abría la puerta a que se solicite su colaboración no por fraude fiscal, sino por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción.
Según asegura la Justicia Federal suiza, el extesorero del PP sí declaró a Hacienda fondos procedentes de las comisiones irregulares, aunque asegurara que eran beneficios por la venta de cuadros. La investigación española ha acreditado indiciariamente que los fondos declarados no procedían de las ventas de las pinturas sino del dinero negro que manejaba Bárcenas y que provenía de la 'caja B' del Partido Popular.
En cualquier caso, la respuesta suiza ha causado estupefacción en la Audiencia Nacional, donde no alcanzan a entender por qué la Justicia Federal desciende a estos extremos. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción consideran fuera de lugar que una comisión rogatoria entre a valorar elementos de prueba, llegando a recalificar las conductas que se investigan en España.
Fuentes del caso apuntan que la decisión suiza no es definitiva y creen que no ha tenido en cuenta el auto de pase a procedimiento abreviado que el juez dictó en noviembre y que ordenó remitir inmediatamente a las autoridades helvéticas. En este sentido, las fuentes consultadas confían en que la Justicia Federal suiza revierta su decisión cuando estudie la resolución razonada de Ruz.
Además, señalan, que hay otras fuentes de prueba del fraude fiscal como para que la documentación suiza no resulte indispensable en la fase de juicio oral. Será en ese momento, durante el juicio, cuando el tribunal resuelva sobre la utilización de los documentos bancarios que remitió Suiza en su momento, añadieron. La decisión de Suiza afecta igualmente a las investigaciones sobre Francisco Correa, Pablo Crespo y Alberto López Viejo.