El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que si dependiera de los dirigentes de Interior muchos casos de corrupción no se conocerían, y acusa al Ejecutivo de utilizar a la Policía como pantalla para que los problemas del país acaben en uno de orden público.
En una entrevista con Efe, el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía, José María Benito, afirma que el Gobierno ha querido “politizar” y “dirigir” la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, que en tan solo dos años ha cambiado cuatro veces de titular.
“Que en dos años haya habido cuatro comisarios al frente de la Policía Judicial lo dice todo”, dice Benito tras recordar que este órgano policial es el encargado de investigar casos de corrupción como la trama Gürtel, Bárcenas o el ático de Ignacio González, entre otros.
Afortunadamente, añade el portavoz sindical, en estos casos la Policía depende de jueces y fiscales, porque “si dependiera de quienes la dirigen o del Ministerio, muchos casos no los conoceríamos”. Benito cree que es de “agradecer” que haya agentes que, pese a las críticas de sus propios jefes, se están dedicando “en cuerpo y alma” a luchar contra la lacra de la corrupción, afecte a quien afecte“.
Contra las leyes represivas
Durante la entrevista, Benito alude a las futuras leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada, dos proyectos, a su juicio, “innecesarias” y que no pueden justificar en las “cuatro manifestaciones violentas que hay en España o en la necesidad de imitar a otros países europeos con más vigilantes privados pero más inseguros que España”.
Para Benito, ambas iniciativas de Interior recortan derechos a los ciudadanos y a la seguridad pública, y dan más prioridad a las empresas privadas, cuyo objetivo es obtener beneficios.
Opina el dirigente sindical que la intención es “distraer” la atención de los verdaderos problemas de España, como el paro, los desahucios o la corrupción, ya que no hay una demanda social que exija mayores cotas de seguridad, subraya.
Vaticina Benito problemas competenciales y de inseguridad jurídica con las atribuciones que la futura ley de Seguridad Privada otorga a los vigilantes, y rechaza la pretensión del texto todavía en trámite de que las fuerzas de seguridad del Estado puedan ceder datos a esas empresas privadas.
No le gusta tampoco al SUP que la futura ley confiera también a la Guardia Civil el control de las empresas de seguridad privada, cuando era competencia exclusiva de la Policía Nacional.
Sí apoya la regulación de las identificaciones policiales en la calle, que tendrán que estar perfectamente justificadas, garantizando la seguridad jurídica de policías y ciudadanos.
De todos modos, Benito considera que la seguridad privada puede “convivir perfectamente” con la pública, pero lo que no debe hacerse es “quitar espacios a una para dárselo a la otra”.
Como ejemplo, cita los 13 millones de euros que se gastará Interior en la protección exterior de las cárceles por parte de agentes privados. Benito cree que Interior se ha dedicado a “improvisar” con leyes “polémicas e innecesarias” en lugar de organizar el “caótico” modelo policial.
Interior quiere “distraer la atención”
Además, augura carencias importantes de agentes en los próximos años, ya que se perderán 10.000 policías en cuatro años debido a las jubilaciones y la falta de oferta pública de empleo, a lo que se unirá un material viejo y problemas de combustible para los vehículos.
Mientras tanto, Interior adquirirá un camión lanza agua para los antidisturbios por 408.000 euros, que la Unidad de Intervención Policial (UIP) no había pedido, señala Benito. Y destaca: Interior ha querido “distraer la atención de lo fundamental para crear una pantalla con la Policía y que todos los males de este país y sus problemas acaben en un problema de orden público con la Policía”.
Sobre ETA, el portavoz del SUP opina que el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo “a rajatabla” la hora de ruta de sus antecesores en el Ejecutivo, y reprocha a los actuales inquilinos de Moncloa que quieran meter en la cárcel a policías -como los del denominado caso Faisán- mientras “sacan terroristas a la calle”.
También considera que se ha aplicado “con una celeridad incomprensible” la sentencia de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot, sin haber pedido aclaraciones a la Corte Europea y sin cumplir el compromiso del Gobierno de que “no habría una excarcelación masiva”.
Y para “tapar” las críticas de las víctimas o de sindicatos como el SUP, añade Benito, el Ejecutivo ha querido “centrar” el debate en los violadores que también se beneficiaron del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Se ha querido tapar una cosa con la otra, lo que es repugnante”, apostilla.
Convencido de que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia contra ETA, Benito afirma que la banda “se está saliendo con la suya”, está ya en las instituciones y conseguirá el acercamiento de sus presos y, en un siguiente paso, la puesta en libertad de los reclusos.