El Tribunal Supremo ha anunciado que abre una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. Se trata de la primera causa penal que el Tribunal Supremo abre contra un fiscal general en ejercicio. El instructor de la causa será el magistrado Ángel Hurtado, que también investigará a Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid.
La Sala explica que el comunicado que emitió la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador contenía información ya revelada por medios de comunicación, pero pone el foco sobre la filtración de los correos en los que su abogado reconocía los dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar. La investigación se centrará, por tanto, en si fue el fiscal general quien filtró esos correos a medios de comunicación de forma previa.
El caso que ahora ha asumido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo arrancó cuando Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un doble fraude fiscal confeso, acusó a la Fiscalía de haber filtrado datos confidenciales de su caso en un comunicado público. Un comunicado en el que la Fiscalía de Madrid explicaba cómo se habían sucedido los contactos entre el abogado del empresario y el fiscal que le investigaba para alcanzar un posible pacto en un futuro juicio.
En las horas anteriores, tanto Miguel Ángel Rodríguez como diversos medios de comunicación habían difundido que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido el pacto. En el caso del jefe de gabinete de Ayuso y medios como Vozpópuli o El Debate, añadían que ese pacto había sido retirado por órdenes de “arriba” dentro de la Fiscalía. El Ministerio Público siempre ha defendido que su comunicado recogía información ya publicada y que tenía por objetivo desmentir estas informaciones falsas sobre el desarrollo del caso.
El caso llegó al Tribunal Superior de Madrid, que el pasado mes de julio decidió elevar una exposición razonada al Supremo para que Álvaro García Ortiz fuera imputado. A lo largo de las diligencias declararon varios integrantes del Ministerio Público madrileño y finalmente el propio fiscal general se dirigió por escrito a los jueces para responsabilizarse del comunicado, negando siempre que constituya un delito de revelación de secretos.
La Sala de lo Penal entiende que la nota emitida por la Fiscalía de Madrid sobre el caso no incluía “información indebidamente revelada ante el conocimiento público de lo hechos”, pero añade que previamente los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González “fueron revelados” mientras estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa provincial.
El Supremo recuerda que diversos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, publicaron la literalidad de estos correos y el juez Hurtado deberá indagar en si fue responsabilidad del fiscal general. “Horas antes de la nota de prensa, los correos entre el Fiscal del caso y el letrado del Sr. González Amador fueron revelados, estando los mismo en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial”, explica la Sala.
El fraude de Alberto González Amador
En paralelo, un juzgado de Madrid sigue investigando a Alberto González Amador por el doble fraude fiscal revelado por elDiario.es que perpetró al intentar ahorrar cientos de miles de euros en impuestos tras cobrar varios millones de euros en comisiones en operaciones de venta de material sanitario durante la pandemia. Un fraude de más de 350.000 euros perpetrado, según ha reconocido él mismo, a través de un sistema de facturas falsas usado para engañar a Hacienda y reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021.
A diferencia de lo que afirmaron las informaciones a las que pretendía contestar la Fiscalía, fue la defensa del propio González Amador la que se dirigió por escrito al Ministerio Público para reconocer sus delitos fiscales y ofrecer un pacto: pagar sus deudas con Hacienda y aceptar ocho meses de cárcel pero sin tener que entrar en prisión a cumplir condena. Lo hizo, además, antes incluso de que se abrieran diligencias judiciales, mucho antes de lo que es habitual en estos casos en los que el acuerdo se suscribe el mismo día del juicio.
La causa contra él se encuentra a la espera de que la pareja de Ayuso, la Fiscalía y la Abogacía suscriban o no ese acuerdo, aunque el caso todavía se encuentra en fase de instrucción y hay más imputados, entre otros los empresarios que supuestamente participaron en la elaboración del entramado de facturas falsas.
La filtración de los correos, entiende el Supremo, pudo afectar a su derecho a la defensa. “Sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el Fiscal de Delitos Económicos”, dice la Sala. Esa revelación “puede condicionar la futura tramitación del proceso del Sr. González Amador”. Por el momento la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido la dimisión de García Ortiz.