El Supremo envía al banquillo al diputado del PP Alberto Casero por contratos ilegales cuando era alcalde de Trujillo

Alberto Casero, diputado del Partido Popular, será juzgado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez del Tribunal Supremo que ha investigado su caso ha decidido procesarle por delitos de malversación y prevaricación por cinco contratos supuestamente irregulares adjudicados por el Ayuntamiento de Trujillo cuando él era alcalde de la localidad extremeña, entre 2017 y 2018. t

El PP afirmó que no tomaría medidas contra el parlamentario hasta que el Supremo dictara apertura de juicio oral contra él. Pero el propio Casero quien en la mañana del viernes dio el paso de solicitar su “suspensión de militancia” en el partido. En ese momento no renunció a su acta. Para eso hubo que esperar al final de la tarde cuando fuentes del PP informaban a los medios de que el diputado por Badajoz había comunicado su renuncia “para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido” y “antes de que se le haya comunicado el auto del instructor”, informa Aitor Riveiro.

Casero es parlamentario nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo desde hace más de una década entre su paso por el Senado entre 2011 y 2015 y por el Congreso desde 2019. En Extremadura, además, ejerció como alcalde de la localidad cacereña de Trujillo entre 2011 y 2019. Fue en su último mandato cuando, según el juez, firmó hasta cinco contratos que suman 94.000 euros y que fueron adjudicados de manera irregular. Contratos, por ejemplo, para organizar la feria del queso de la localidad.

Los contratos, entiende el juez instructor, fueron adjudicados de manera irregular con Casero saltándose todos los procedimientos administrativos y legales necesarios. Para el juez Andrés Palomo, pudo cometer en primer lugar un delito de prevaricación: “No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico”, reprocha.

Utilizó contrataciones verbales o tramitó los procesos “sin publicidad alguna” cuando hacía falta y eludió los mecanismos de control de su propio consistorio. También pudo cometer un delito de malversación de caudales públicos, tanto en su redacción actual tras la reforma del Código Penal como en la versión anterior de la ley.

El nombre de Alberto Casero adquirió notoriedad cuando su error en una votación fue clave para la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. Tras el cambio de voto de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, un error de Casero votando telemáticamente a favor de la reforma y no en contra, como había establecido el PP, facilitó la aprobación de la ley por un solo voto de diferencia.