El abogado de Alberto González Amador envió un email a la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid el pasado 2 de febrero. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. El objetivo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso era reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros a cambio de minimizar el revuelo del juicio y evitar también su entrada en prisión. Fragmentos de esa confesión acabaron publicados, más de un mes después, en varios medios de comunicación. Son publicaciones que este miércoles se han convertido en el indicio esgrimido por el Tribunal Supremo para, por primera vez en democracia, abrir una causa penal contra un fiscal general del Estado en activo.
El auto del que ha sido ponente la magistrada Susana Polo afirma que “la revelación del correo existente entre su letrado y el Fiscal de Delitos Económicos, el día 2 de febrero de 2024” pudo perjudicar el derecho de defensa del comisionista. Y considera “relevante y necesario” investigar cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos cuando estos “estaban en poder” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez.
Sin embargo, el escrito de Polo obvia dos hechos que pueden ser muy relevantes para el futuro inmediato de la causa. Por un lado, que el abogado de González Amador envió esa confesión a un correo genérico al que tenían acceso 18 personas: desde el fiscal del caso, Julián Salto, hasta otros 13 fiscales de delitos económicos y cuatro funcionarios. Y, por otro, que parte de la confesión había sido difundida a varios periodistas por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en un burdo intento de manipulación para hacer creer que el fiscal del caso intentó buscar un acuerdo que frenó luego por “órdenes de arriba”. Así se acabó publicando en medios como Libertad Digital, El Debate o Vozpópuli citando fuentes cercanas a la presidencia regional o incluso a la defensa del empresario.
Fue precisamente la difusión de este bulo por parte de Rodríguez lo que aceleró la reacción de la Fiscalía General del Estado, que emitió un comunicado con las fechas del intercambio de correos entre el fiscal y la defensa de la pareja de Ayuso. Y lo que provocó también que el correo que había permanecido en ese buzón genérico de la Fiscalía durante cinco semanas empezara a circular.
El cronograma difundido por el Ministerio Público demostraba que fue González Amador quien, viéndose acorralado tras dos años de investigación de la Agencia Tributaria, trató de buscar una conformidad con la Fiscalía para evitar un juicio donde previsiblemente se iba a citar a sus presuntos testaferros y a poner la lupa sobre sus manejos empresariales. Sin embargo, la publicación de ese desmentido propició una denuncia de González Amador —a la que después se sumó el Colegio de Abogados de Madrid— en la que acusaba a la Fiscalía de perjudicar su derecho de defensa y de difundir comunicaciones secretas y que ha acabado derivando en la apertura de una causa contra el fiscal general.
El auto del Supremo da un volantazo al enfoque que el Tribunal Superior de Madrid había utilizado para impulsar la causa. Desde hace meses el objetivo del anterior instructor, Francisco José Goyena, era descubrir quién estaba detrás de un comunicado que consideraba delictivo. Ahora, la Sala de lo Penal explica algo ya comprobable desde el principio y que cimentó las diligencias: los datos que explicaba el comunicado ya habían sido “sacados a la luz”, con más detalle incluso, en los medios de comunicación en los días previos a la emisión de esa nota de prensa.
El foco se ubica ahora en si el origen de la supuesta filtración de los correos entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso está en el fiscal general o la fiscal provincial de Madrid, pues ambos los reclamaron para elaborar la respuesta a las informaciones falsas que se estaban publicando sobre el caso, tal y como confirmaron los investigados y testigos ante el instructor del tribunal madrileño.
El fiscal Salto, que declaró como imputado, afirmó que en la noche del 13 de marzo recibió dos llamadas de la fiscal jefa provincial, que le comunicó que el fiscal general le había pedido todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador y que él se los facilitó. Ese envío se produjo “a partir de las 22 horas”, según recoge el auto de la Sala de lo Penal. Media hora antes, el periódico El Mundo había publicado la primera información que había encendido las alarmas en la Fiscalía General: un artículo en el que se afirmaba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador y que también incluía detalles de los correos intercambiados con su abogado. La información incluía incluso un pantallazo de parte de esas comunicaciones.
Un bulo sobre un pacto frustrado “desde arriba”
Poco después otros medios citaban fuentes cercanas a la presidencia de la Comunidad de Madrid o incluso a la defensa del empresario para añadir que esa propuesta había sido paralizada “desde arriba” en la Fiscalía. Una información falsa idéntica a la que había difundido el propio Miguel Ángel Rodríguez desde su WhatsApp y que también celebró en su cuenta de la red social X.
Posteriormente, poco antes de medianoche o ya después, otros medios de comunicación como elDiario.es difundieron el correo de la defensa de González Amador sin amputar. De esa forma, se evidenciaba que el pacto no había partido de la Fiscalía sino, como es habitual, del propio denunciado, y mucho antes de lo normal en este tipo de casos. El comunicado controvertido –y ahora considerado no delictivo– de la Fiscalía de Madrid llegó pasadas las diez de la mañana del día siguiente.
La cuestión principal sobre la que indagará el magistrado Ángel Hurtado —designado instructor conforme al turno establecido— es si antes de la petición al fiscal del caso por parte de la Fiscalía General alguien más tuvo ese email en sus manos y si la filtración pudo llegar por otra vía. Hurtado es el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido.
Por el momento, el fiscal general ha mostrado su intención de seguir en el cargo después de que varias asociaciones de fiscales y el Partido Popular hayan pedido su dimisión. En un comunicado emitido poco después de conocerse la apertura de la causa, Álvaro García Ortiz ha reiterado lo que la Fiscalía lleva defendiendo desde el primer momento en este caso: que no existió la revelación de ningún dato secreto, tal y como afirma el Supremo. Ahora la causa ha cambiado y el fiscal general tendrá que defenderse de una acusación distinta: filtrar a la prensa los correos que el abogado de Alberto González intercambió con el fiscal que le denunció.