El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado a través de un comunicado su intención de seguir en el puesto después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa penal contra él por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. Se trata de la primera causa penal que el Alto Tribunal abre contra un fiscal general en ejercicio.
“En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades”, sostiene en un comunicado en el que también anuncia la convocatoria para este jueves de la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, y del Consejo Fiscal, su principal órgano asesor; y defiende su actuación frente a los “bulos” en el caso de la pareja de Ayuso.
Así, mantiene que entre las funciones de la Fiscalía está “informar de los asuntos relevantes” para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz “más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”.
El Tribunal Supremo ha anunciado este miércoles la apertura de diligencias contra García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, por posible revelación de secretos. Los jueces explican que no ven delito en el comunicado del pasado mes de marzo con el que la Fiscalía de Madrid intentó desmentir varias informaciones falsas sobre el caso de doble fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso, pero sí en la filtración previa a medios de comunicación de los correos que la defensa de González Amador cruzó con el fiscal que le había denunciado.
El Ministerio Público siempre ha defendido que su objetivo no era revelar datos confidenciales del caso sino desmentir informaciones falsas que arrojaban sospechas sobre su actuación. Todo terminó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando la defensa de González Amador presentó una querella contra la Fiscalía por el comunicado.