Jaume Matas suma una nueva condena a siete meses cárcel por delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el encargo en 2007 a Santiago Calatrava del diseño de un teatro de la ópera en Palma de Mallorca. Además, el Tribunal Supremo ha confirmado que el expresidente de baleares tendrá que poner de su bolsillo los 1,2 millones que cobró el arquitecto, porque ese pago no lo debe soportar la Administración pública ni en definitiva “la ciudadanía”.
En octubre de 2017, la Audiencia de Palma condenó a Matas a 7 años de inhabilitación por prevaricar al encargar Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera. La sentencia le consideró responsable de presentar un gran proyecto de obra pública para Palma antes de los comicios regionales del 27 de mayo del año siguiente “con el objetivo de favorecer su candidatura para ser reelegido”.
Ahora, el Supremo amplía esa condena. Estima el recurso de la Fiscalía y condena a Matas además de por prevaricación, por el delito de tráfico de influencias del que la Audiencia le había absuelto.
El tribunal entiende que Matas cometió tráfico de influencias al reclamar a su consejero de Educación que hiciese la propuesta al Consell de Govern para hacer posible la contratación de Calatrava, que el entonces presidente autonómico “previamente había acordado de forma verbal y unilateral con el arquitecto”.
Los jueces sostienen que Matas planeó la contratación de Calatrava con la vista puesta en los comicios autonómicos de 2007, en los que se presentaba a la reelección. Llevó a cabo una resolución “arbitraria” porque “el contrato se efectuó verbalmente y de forma directa con el profesional, y tanto en ese momento como en el mismo expediente, se hizo sin que concurrieran las condiciones necesarias para acudir al procedimiento negociado sin publicidad”.
El expediente se redactó después de ese acuerdo verbal “y solo como forma de dotarlo de apariencia de legalidad”. “El precio, 1.200.000 euros, se acordó directamente entre el recurrente y el sr. Calatrava”, añade la sentencia.
Mata ha sido por tanto condenado a siete meses de cárcel, 10 de inhabilitación y 211.827 euros de multa. Además, el Tribunal entiende que es el propio expresidente balear quien debe soportar el gasto del proyecto. Los jueces argumentan que la comunidad autónoma sufragó con ese importe “los intereses electorales del recurrente” por lo que debe pagar la indemnización “para evitar que sea la Administración pública, y en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora”.