El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de medidas urgentes con las que Vox pretendía paralizar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno cuyo debate empieza dentro de unas horas. Los jueces de lo penal han desestimado las cautelarísimas con las que el partido de extrema derecha de Santiago Abascal encabezaba su querella contra el líder del PSOE por cohecho, y abre el trámite para que Vox especifique sus actuaciones y el magistrado Eduardo de Porres decida si admite o no a trámite la querella.
Los magistrados desestiman la petición de medidas urgentes “al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”. El partido de extrema derecha tiene ahora cinco días para aportar documentación “donde conste contra quien va dirigida la querella y el delito” antes de que el instructor decida si su pleito se admite o no a trámite.
El partido de extrema derecha ha anunciado diversas actuaciones judiciales penales y contenciosas contra la amnistía y la investidura de Sánchez. Anuncios que culminaron con la interposición de una querella de 97 páginas por parte de Santiago Abascal en la que Vox acusa a Pedro Sánchez de un delito de cohecho, solicitaba la imputación de PSOE y Junts y pedía que el Supremo suspendiera de forma “inmediata” la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno.
La querella de Vox define varias veces como “golpe de Estado” la ley de amnistía registrada por el PSOE y el hecho de que Sánchez haya planificado ser investido con los votos de los partidos independentistas catalanes. Las circunstancias, justificaba Vox en su escrito, “apremian la urgencia para poder evitar este golpe de estado que se realizará, si se cumplen las expectativas de los querellados, desde la Tribuna del Congreso”.
La ley de amnistía fue registrada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso el pasado lunes. Una norma que incluye reconocimientos explícitos a la Constitución y al “ordenamiento jurídico” y que supondrá el fin de causas judiciales relacionadas con el procés independentista. Entre los beneficiados hay políticos como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero también policías y guardias civiles imputados por las cargas del 1 de octubre de 2017 en varios puntos de Catalunya.
El pleno para el debate de investidura de Pedro Sánchez arranca este miércoles en la cámara baja y las votaciones están previstas para el jueves.