Miles de vestigios del franquismo sobreviven en lugares públicos de España casi cinco décadas después de la muerte del dictador. Algunos están en placas, otros en escudos, otros en los nombres de los pueblos y una gran parte en los callejeros de las ciudades de todo el país. Su retirada se ha llevado a cabo, en el mejor de los casos, con la abstención de una derecha que nunca ha ocultado su oposición a la Ley de Memoria Histórica. Una estrategia transversal de boicot a la ley y, en particular, a la retirada de nombres franquistas de los callejeros que se ha dado de bruces con una sentencia firme: el Tribunal Supremo avaló hace unos días por primera vez que, con esta Ley en la mano, una administración local pueda retirar los nombres franquistas de las calles de la ciudad.
El primer caso que ha llegado a manos de los jueces ha sido el de la calle hoy dedicada a la poeta Ángela Figuera pero que durante años lució el nombre del militar franquista Asensio Cabanillas, estrecho colaborador de Franco durante el golpe de Estado y también durante la dictadura ocupando cargos de responsabilidad. La sentencia deja negro sobre blanco que la Ley aprobada durante la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero permitía retirar nombres franquistas del callejero de las ciudades porque su inscripción en una placa pública implicaba un “acto de exaltación” de los que prohíbe claramente la norma.
Esta sentencia va incluso un poco más allá. Señala que es necesario analizar el papel que jugó en ese periodo histórico de España la persona cuyo nombre se quiere quitar, pero no es necesario que tuviera presencia en el golpe, la guerra y la dictadura. Con haber participado en uno de los tres estadios de la imposición del régimen autoritario de Francisco Franco que segó la vida de miles de españoles, es suficiente. Un criterio menos rígido que, por tanto, abre la puerta a la retirada de más placas y símbolos franquistas.
Muchas ciudades españolas, no solo Madrid, estaban pendientes de esta sentencia. Municipios grandes y pequeños de todo el país tramitan este tipo de cambios, con algunos incluso pleiteando en los tribunales con la capital a la cabeza. La misma sala del Tribunal Supremo, sin ir más lejos, tiene pendiente otro caso mucho más amplio que abarca más de medio centenar de nombres a raíz de un recurso de la Fundación Nacional Francisco Franco, cuya misma existencia está en tela de juicio tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Los colectivos memorialistas llevaban años reclamando la retirada de estos nombres de los callejeros de las ciudades, y en Madrid el proceso arrancó en 2015, cuando tras casi un cuarto de siglo de gobiernos del Partido Popular, Manuela Carmena y Ahora Madrid accedieron a la alcaldía con el apoyo del PSOE. Una década antes, el PP ya había reclamado “no reabrir viejas heridas superadas” cuando la Ley de Memoria Histórica echó a rodar. Cuando en 2015 el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de aplicarla para sacar el franquismo del callejero, la derecha reeditó su oposición.
Votó en contra el PP en 2015 cuando el consistorio propuso cambiar 30 calles. Entonces Esperanza Aguirre todavía estaba al frente del grupo municipal y acusó al consistorio de actuar con “sectarismo y revanchismo”. Dos años más tarde, ya con el actual alcalde José Luis Martínez-Almeida como líder de la oposición municipal, el PP se abstuvo con sus portavoces hablando nuevamente de “sectarismo e ignorancia histórica”. Una vez en el gobierno local, el PP ha renunciado a recurrir sentencias desfavorables sobre el cambio de algunas de estas calles aunque, en este último pleito, pidió al Supremo que confirmara la retirada del nombre del franquista Asensio Cabanillas. Nuevas iniciativas en ese sentido han sido rechazadas.
Neutralizar la Ley de Memoria Histórica
Orillar, obviar y en la práctica neutralizar la Ley de Memoria Histórica no es un invento de José Luis Martínez-Almeida y su gobierno municipal. Durante años el ejecutivo central liderado por Mariano Rajoy y el PP a nivel nacional presupuestó un total de cero euros para medidas derivadas de la aplicación de la norma como, por ejemplo, a la exhumación de fosas comunes para buscar los restos de represaliados y ejecutados por el franquismo en la guerra y durante la dictadura.
Las exhumaciones financiadas por el Ministerio de Presidencia fueron paralizadas en 2012, con la llegada del Partido Popular a Moncloa tras la derrota socialista, y algunas han dependido de la financiación de un sindicato noruego de electricistas o la fundación estadounidense. Mariano Rajoy nunca escondió sus preferencias. Ya en 2008, como líder de la oposición, dijo en esta entrevista a 20Minutos: “Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos”.
Esta sentencia del Tribunal Supremo no abarca nada relacionado con las fosas comunes pero sí entierra la polémica sobre la capacidad de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para facilitar la retirada de referencias franquistas de los callejeros de todo el país. “Dar a una calle el nombre de una persona que participó activamente y de manera relevante en la sublevación militar de 1936 y en la Guerra Civil y ocupó cargos de máxima importancia en el régimen político surgido de ella es un acto de exaltación contrario” a la norma, dice el Supremo.