Las tarjetas black: el caso que juntó en el banquillo a empresarios, sindicalistas y políticos de todo signo

Empresarios, políticos de PP, PSOE e IU y sindicalistas. El proceso judicial por las tarjetas black juntó en un banquillo de la Audiencia Nacional a una pequeña representación de lo que fue el poder político y económico en una época en la que partidos y organizaciones sociales colonizaban las cajas para poner a sueldo a sus afines. El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles las principales penas de cárcel para muchos de ellos por gastar dinero primero de Caja Madrid y luego de Bankia sin control y a escondidas de Hacienda.

Según el alto tribunal, Rodrigo Rato y Miguel Blesa mantuvieron y ampliaron un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

En la lista de condenados de la extensa sentencia del Supremo –casi 500 páginas– hay apellidos compuestos junto a Garcías o Sánchez. Hay históricos de Comisiones Obreras y empresarios millonarios. Junto al que fuera jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, se sentaron antiguos altos cargos de los gobiernos de PP y PSOE. Los socialistas tenían hasta un exministro en el banquillo. Todos tuvieron que acudir, un día tras otro, a la sede que la Audiencia Nacional tiene en un polígono de San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid.

Aquella diversidad entre los acusados respondía a la propia naturaleza de las cajas. En el caso de la madrileña, sus estatutos establecían que el Consejo de Administración se elegía con los votos de la Asamblea General de Caja Madrid, un órgano con un máximo de de 400 integrantes que venía de orígenes muy distintos: corporaciones municipales –entre las que estaba el Ayuntamiento de la capital–, la Asamblea de Madrid, empleados de la caja y de “entidades representativas”. Cada uno con una cuota distinta para elegir a sus representantes.

La Asamblea General de Caja Madrid elegía al Consejo de Administración tratando de mantener el equilibrio de fuerzas del primer órgano. Así, la dirección de la caja recayó en una mesa en la que se sentaban, sobre todo, representantes propuestos por el PP, que tenía un poder absoluto en la política madrileña, pero también consejeros de otros partidos y sindicatos. Las sucesivas renovaciones provocaron luchas políticas, a veces entre en el seno del mismo PP, cuyas distintas facciones pugnaban por controlar la Caja.

Una tarjeta en el primer Consejo de Administración

Una vez nombrado, cada nuevo consejero era convocado por los dirigentes de la entidad a una primera reunión del consejo en la sede de las Torres Kio de Madrid. Antes de su celebración, el secretario general del consejo entregaba a los nuevos integrantes una tarjeta de débito. Les pedía que firmasen un contrato y les decía que podían gastar unos 2.000 euros mensuales. Ese dinero era suyo. No tenían que justificar nada. Así lo hicieron la mayoría y por eso acabaron acusados de apropiación indebida en grado de colaboración.

La primera fila del banquillo de la Audiencia Nacional era una pequeña representación de lo que se agrupaba detrás. En una silla, delante del resto y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, Gerardo Díaz Ferrán, que había sido presidente de la organización que agrupaba a todos los empresarios españoles, y que acudía a las sesiones desde prisión. Detrás de él, Miguel Blesa y Rodrigo Rato –presidentes de Caja Madrid y Bankia–, José Antonio Moral Santín –exdiputado regional por IU–, Francisco Baquero –sindicalista de CCOO–, Estanislao Rodríguez Ponga –exsecretario de Estado de Hacienda con el PP–, Antonio Romero –exconcejal del PSOE– Ricardo Romero de Tejada –exalcalde de Majadahonda por el PP– y José María de la Riva –exconcejal del PSOE–.

A pesar de sus distintas procedencias, la tarjeta hizo tabla rasa. No hubo diferencias a la hora de gastar. Moral Santín, por ejemplo, dilapidó a un ritmo de 45.000 euros anuales hasta un total de 465.500 euros. En el juicio declaró que le habían dicho que los gastos eran de “libre disposición” y así lo hizo. Iba cada semana al cajero a sacar efectivo y usó su plástico para recorrer varios paradores.

Romero, que fue secretario de Organización del PSM, usó la tarjeta de la entidad para gastar más de 200.000 euros, principalmente en tiendas de ropa. Su compañero de partido, José María de la Riva, derrochó una cantidad similar. En su caso, usó esos 2.000 euros mensuales para adelgazar. Gastó su dinero en Naturhouse, Cuerpo Libre y en la dieta Pronokal. Se dejó en estos centros de adelgazamiento varios miles de euros.

Romero de Tejada, el enviado de Esperanza Aguirre para coger las riendas de Majadahonda después de que el anterior alcalde cayese por un escándalo relacionado con Gürtel, se sentó también en esa primera fila del banquillo de los acusados después de haberse gastado 212.216 euros.

En su caso, usó la tarjeta para probar suerte en la lotería. Gastó en varias administraciones de Madrid cantidades que superaban en ocasiones los 300 euros. Compró también puros, juguetes, se pagó viajes y se compró alguna que otra arma. También decidió usar el plástico tras una visita al dentista y otra al veterinario.

Un golpe a los sindicatos

Es estallido del caso de las tarjetas black afectó a los grandes partidos, pero conmocionó también a los sindicatos, que vieron cómo algunos de sus históricos compartían titulares sobre corrupción con la élite económica y política. No se libraron ni UGT ni CCOO.

En el banquillo se sentó, por ejemplo, Francisco Baquero (CCOO), que cargó a su plástico un total de 266.400 euros, casi la mitad en restaurantes y hoteles. Los 25.000 euros anuales también le permitieron pagar colegios, la televisión por cable o los muebles de su casa. José Ricardo Martínez (UGT) usó su black para abonar una multa de tráfico, pasar una noche en el Hilton o comprar unos videojuegos.

El círculo de poder que hoy llena las 456 páginas de la sentencia lo completaron los empresarios. En la primera sesión se ve, levantando la cabeza como para tratar de ver quién se ha sentado en las primeras filas, a Arturo Fernández, íntimo de Esperanza Aguirre y quien presidió la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Usó la tarjeta para pasarla por la caja de sus propios restaurantes.

También estaba Javier López Madrid que trató de convencer al tribunal de que nunca quiso beneficiarse del dinero de su black (34.800 euros) porque previamente había invertido 20 millones. O el economista Juan Iranzo, que le dijo al fiscal que había usado mucho su tarjeta porque trabajaba para la Fundación Caja Madrid con niños sordos. Lo cierto es que usó la tarjeta para comprar en tiendas de lencería, de joyas y de flores.

Los jueces del Supremo han considerado que todos ellos, políticos, empresarios y sindicalistas, cometieron un delito en el mismo momento en el que pasaron la tarjeta por el datáfono. Según el alto tribunal, eran muy conscientes de lo que hacían.

“Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable, que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, sentencian los magistrados.