El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Rodrigo Rato por las tarjetas black. El tribunal asume el relato que hizo la Audiencia Nacional sobre el uso de esos plásticos para gastos personales que se ocultaban a Hacienda. Un dinero del que los consejeros primero de Caja Madrid, y luego de Bankia, dispusieron “a su antojo”. Estas son las claves de un sistema “planificado” de uso de tarjetas “opacas”.
¿Qué fueron las tarjetas black?
Cuando un nuevo miembro del Consejo de Administración -primero de Caja Madrid y luego de Bankia- se estrenaba en el puesto le entregaban una tarjeta. Cada consejero da una versión distinta de ese momento concreto, pero la Audiencia Nacional sentenció que había un denominador común en esos plásticos: ni había que justificar el gasto a la entidad, ni Hacienda sabría nada de esas tarjetas.
Así, las black se constituían es una retribución opaca en términos fiscales para 86 miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia, independiente de sus retribuciones. Los gastos se cargaban directamente a una cuenta de la entidad.
¿Cuándo empezaron?
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, en 1988 durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó “dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta Visa que vendría a complementar las dietas que ya recibían”. Blesa “propició” que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto.
¿Por qué las pusieron en marcha?
Los jueces creen que con esta práctica se compensaban las limitaciones legales a los sueldos que se habían fijado por ley el año en el que había comenzado el saneamiento del sector financiero.
¿Quién las controlaba?
Ildefonso Sánchez Barcoj, director general de medios, comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN.
¿Qué límite tenían?
Algunas 25.000 y otras, como las de Blesa, 50.000. La sentencia recoge que algunos consejeros pedían que se les elevase el límite mensual (algo más de 2.000 euros) coincidiendo con periodos vacacionales.
¿En qué se gastaban el dinero?
Algunos usaron la tarjeta para pagar gastos de representación, pero otros tiraron del plástico para compras muy diversas. Hay cargos en joyerías, tiendas de lencería, de muebles. Hay quien sacaba grandes cantidades de efectivo cada semana. El empresario Arturo Fernández, por ejemplo, la usaba para pagar comidas en sus propios restaurantes.
¿Cuánto dinero gastaron?
La auditoria de Bankia arrojó la cifra de 15 millones de euros. Según la sentencia, 12,5 millones de euros. Algunos de los acusados devolvieron el dinero para rebajar sus penas de cárcel. Entre los condenados hay cifras muy dispares: desde los que gastaron unos pocos miles de euros hasta los que dilapidaron más de 400.000.
¿Por qué hay imputados tan diferentes?
En el banquillo de los acusados se sentaros políticos de PP y PSOE, empresarios y sindicalistas. El variopinto banquillo era resultado del sistema de elección del consejo de administración que, según los estatutos de Caja Madrid, debía tener una representación de la sociedad. En realidad, lo que significaba ese punto era que los órganos de gobierno de la caja iban a tener una equivalencia con las mayorías de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.
La traducción de ese requisito fue que partidos y sindicatos alcanzaban pactos para colonizar la caja. Así, entre los condenado hay consejeros propuestos por PP (27), PSOE (15), IU (5) y los sindicatos (11).
¿Cómo se descubrieron?
Fue una información de eldiario.es lo que provocó la puesta en marcha de una investigación interna. Bankia envió el resultado de esa auditoría al FROB, que a su vez lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La noticia que inició esta cadena la publicamos el 13 de diciembre de 2013.
Era una exclusiva que salió de los correos de Miguel Blesa, que ordenó investigar el juez Elpidio Silva y que fueron obtenidos por eldiario.es gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X. En uno de esos emails, titulado “confidencial”, el secretario saliente del consejo informaba a su sustituto de las retribuciones de los consejos. Además del sueldo, detallaba que disfrutaban de “una tarjeta black a efectos fiscales”.