El Tribunal Constitucional empezará este martes a dar los primeros pasos para desbloquear la situación política creada en Catalunya tras las elecciones del 21D. El alto tribunal tiene previsto estudiar la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra el nombramiento de Puigdemont como candidato y la petición de anular el pleno en el que estaba prevista su investidura. El movimiento se plantea con posterioridad a que el mundo independentista haya decidido la búsqueda de otras opciones, tras comprobar que la investidura a distancia se planteaba como una tarea imposible.
En la misma reunión, convocada para las 10 de la mañana de este martes, el TC analizará el recurso de amparo presentado por el PSC, y en el que se solicitan medidas para desbloquear la situación política. Los socialistas catalanes quieren que el Constitucional tome medidas para poner en marcha el reloj parlamentario catalán y salir de la situación en la que no hay ni presidente a la vista, ni posibilidad de convocar elecciones.
Con respecto a la petición del PSC, el Constitucional no tomará una decisión definitiva y permitirá un periodo de alegaciones para que las formaciones aludidas puedan expresar su postura ante las reclamaciones impulsadas por Miquel Iceta.
La reunión del TC se produce un día después de que Roger Torrent nombrase a Jordi Sànchez como nuevo candidato a una virtual investidura. La decisión vuelve a dejar en manos de los jueces el futuro político de Catalunya en el corto plazo. El juez del Supremo, Pablo Llarena, tendrá que decidir si permite que Sànchez abandone la prisión para asistir a la investidura.
Fuentes jurídicas aseguran que Llarena no permitiría a Sànchez abandonar la prisión para asistir a su investidura, del mismo modo que no le permitió hacerlo para votar la Mesa del Parlament.
En la Fiscalía del Supremo opinan lo mismo y argumentan que Sànchez “no tiene un derecho superior” que pueda limitar la capacidad del juez instructor para dictar prisión preventiva contra los imputados por la causa que sigue el TS contra Sànchez y el resto de acusados por los hechos alrededor del 1-O.
El Gobierno en contra
El Gobierno tiene intención de moverse y hacer todo lo posible para impedir la investidura de Sànchez. Al igual que pidieron al TC que se impidiera la investidura de Puigdemont, Moncloa baraja la posibilidad de recurrir para poner freno a la posibilidad de un president encarcelado.