Técnicos Hacienda piden a Fiscalía del TS que se blinde frente a injerencias en la investigación al Rey emérito

Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido a la Fiscalía del Tribunal Supremo que se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar al Rey emérito, después de que este departamento haya asumido la investigación que abrió en 2018 la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Juan Carlos I por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

Las diligencias fiscales se centran en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

Para ello, Gestha plantea a la Fiscalía del alto tribunal que nombre a un número suficiente de peritos técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación que llegue a la prescripción de los delitos que podrían haberse cometido, “así como para impedir que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda corregir los informes previamente elaborados, como ha podido ocurrir en otras ocasiones al ser nombrados en auxilio judicial”.

En este sentido, Gestha solicita al Director de la AEAT que él o cualquier otro cargo público de designación política se abstengan de realizar el nombramiento último de los peritos, conforme al rechazo que los Jueces Decanos de España manifestaron en diciembre de 2013.

Esta asociacion de técnicos considera que Hacienda “tiene el deber inexcusable de investigar al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente” tras haberse hecho públicas las investigaciones de la Fiscalía suiza sobre Juan Carlos I y el comunicado de Zarzuela del pasado 16 de marzo reconociendo la existencia de cuentas en Suiza y sociedades offshore Fundación Zagatka y Fundación Lucum, a cuya herencia renunció expresamente el Jefe del Estado.

SOLICITARON INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA

Los técnicos ya solicitaron entonces a la AEAT iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos I por los indicios de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales cuando el Rey Felipe VI comunicó su renuncia a la futura herencia de su padre y la retirada de la asignación próxima a los 200.000 euros anuales.

En concreto, señalan que Juan Carlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, un posible delito de fraude fiscal agravado, y un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

En este sentido, Gestha insiste que si el Rey emérito no ha declarado en el modelo 720 los bienes en el extranjero (entre otros, los supuestos 100 millones de la fundación panameña) podría incurrir en un presunto delito fiscal agravado en el último ejercicio no prescrito administrativamente al día de hoy, es decir, en el IRPF 2015.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.