La última sentencia sobre el sistema de dinero negro con el que el PP se financió durante al menos dos décadas sitúa a la formación política que hoy lidera Pablo Casado en el negacionismo. El fallo, adoptado por unanimidad y redactado por una ponente recién llegada a la Audiencia Nacional, se refiere repetidamente a la caja B sin ambages. Es la caja B que durante el juicio negaron los presidentes del partido José María Aznar y Mariano Rajoy, al igual que hicieron todos los que fueron sus secretarios generales. Tres sentencias judiciales, una de ellas firme, establecen que el PP se financió con dinero negro de los empresarios. Sus principales responsables siguen empeñados en que no fue así.
La sentencia sobre el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa caja B tiene 454 páginas. En el primero de los “hechos probados” se aborda la “llevanza y gestión de una contabilidad o caja B en el Partido Popular”. Tercer párrafo: “En el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela -contabilidad B-, de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
24 de marzo de 2021. Audiencia Nacional. El testigo Mariano Rajoy: “La caja B del PP no existe; serán los papeles de Bárcenas”. Mismo día, el testigo José María Aznar: “No he conocido ninguna contabilidad paralela en el PP. Solo he conocido la contabilidad oficial del PP que se remitía al Tribunal de Cuentas”. El PP que auspició y se nutrió de la caja B lo negaba todo.
La primera sentencia que recogió la existencia de una caja B, correspondiente al juicio de la denominada Primera Época de Gürtel, motivó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy por medio de la primera moción de censura que prospera en España. Consumado el cambio de gobierno, el Partido Popular centró sus esperanzas en el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo. La complejidad jurídica del fallo fomentó una efímera polémica el día que trascendió el fallo del Tribunal Supremo. El PP se apresuró a concluir la moción de censura se había asentado en una “mentira” y que el Supremo había eliminado unos párrafos incluidos por De Prada para perjudicar al PP.
En realidad, el fallo del Tribunal Supremo censuraba que no se puede condenar al PP como responsable civil subsidiario de los fondos recibidos por sus delegaciones en Pozuelo y Majadahonda para campañas electorales y al mismo tiempo considerarlo “conocedor y responsable penal”, tal como había hecho la Audiencia Nacional. Pero el Alto Tribunal ratificaba los aspectos esenciales de la sentencia de la Audiencia Nacional y establecía que el fallo había contado “con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una caja B, o contabilidad extracontable, del PP sobre la que el recurrente Bárcenas ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad”.
Restaba entonces celebrar el gran juicio de la caja B, la pieza separada del caso Gürtel que así se dio en llamar por abordar el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro. Los hechos a juzgar se limitaban al ejercicio 2008, el único para el que no estaban prescritos los delitos objeto de investigación en la pieza abierta por el juez Pablo Ruz en 2013. Finalmente, el PP ha sido condenado como responsable civil subsidiario del delito consecuencia del impago del impuesto de sociedades de Unifica, la empresa que ejecutó las obras, y de la que el fallo dice que acordó con el tesorero del partido un sistema de pagos en dinero negro procedentes de la citada caja B.
La primera sentencia que acreditó la caja B, dictada por la Audiencia Nacional, salió adelante por dos votos contra uno. A favor, el juez progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego. En contra, el también conservador Ángel Hurtado. Pese al carácter secreto de las deliberaciones, el PP se apresuró a atribuir los párrafos que aludían a la existencia de la caja B a José Ricardo de Prada y a denunciar ocultas intenciones en el magistrado. En el propio debate de la moción de censura, y desde la tribuna del Congreso, el portavoz del PP Rafael Hernando acusó al De Prada de mantener “sintonía con el mundo proetarra”.
En esta ocasión, el PP tiene más complicado el argumento del juez infiltrado en el tribunal para perjudicarle. La ponente del fallo ha sido María Fernanda García Pérez, llegada a la Audiencia Nacional semanas antes de que arrancara el juicio y por decisión de la comisión permanente del CGPJ conformado con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que debería haberse renovado hace dos años. José Ricardo de Prada fue apartado del tribunal por la Sala de lo Penal con el argumento de que estaba contaminado por su participación en el juicio de Gürtel. Cinco magistrados se opusieron a su recusación, frente a los diez votos a favor.
En el tribunal de la caja B ha participado Fernando Andreu, a quien el PP y Bárcenas intentaron apartar por su cercanía a la actual fiscal general y exministra de Justicia Dolores Delgado, pero la Sala de lo Penal lo rechazó en su momento. A diferencia del fallo de Gürtel, la sentencia de la caja B que condena a Bárcenas y al PP como responsable civil se ha dictado por unanimidad de los tres miembros del tribunal.
Los antiguos responsables del PP se esforzaron en el juicio por rebatir la veracidad de los papeles de Bárcenas, mientras varios testigos asumían los pagos que allí habían sido anotados por el extesorero. La exsecretaria general María Dolores de Cospedal lo resumió con la siguiente frase: “Los papeles son del tesorero del PP, no del PP”.
La sentencia, incluso admitiendo que no todas las anotaciones son correctas, deja por escrito que el extesorero del PP manejaba la doble contabilidad del partido “en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel, que es a lo que se ha llamado papeles de Bárcenas”.
Pese a sus errores de saldo y a que no se apuntaban debidamente todas las entregas, los magistrados de la Audiencia consideran que los papeles del tesorero “reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma”. Consultada la actual dirección del PP este jueves por la sentencia de la caja B, un portavoz aseguró: “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir”.
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