En el capítulo anterior... “Una mujer estaba sentada sobre un policía, que se la quitó de encima y ella lo arañó. Luego, ya en la calle, el policía siguió a la chica y le dio una paliza. Oímos los golpes y patadas que él daba a la mujer. Ese policía es muy alto, guapo, corpulento, no gordo. De 1,85 o más de estatura. Es un cargo algo alto de la policía, uno de los jefes”.
El relato de una de las prostitutas en el juzgado continúa: “Nicanor [otro policía] dijo a las chicas que se quedaran quietas, que sería mejor para ellas. La chica sufrió un coágulo en la cabeza, la costilla rota, golpes en el ojo, todo eso lo hizo el policía. La declarante pese al consejo de Nicanor se acercó a la mujer y vio que el policía le daba una patada en la cabeza y en la cara”.
La escena transcurre una noche de 2008 en un prostíbulo de Palma de Mallorca, donde la mafia que se había hecho fuerte en la Policía Local de la ciudad disfruta de barra libre, sexo gratis y cocaína a cambio de hacer la vista gorda con los horarios y con otras ilegalidades de los locales.
En el sumario que investiga esta trama de corrupción policial abundan los indicios de que Nicanor recibió sobresueldos de mil euros semanales para que garantizase por su cuenta protección a bares y discotecas. Él mismo daba los “chivatazos” a los hosteleros cuando se avecinaba una inspección, según contaron varios testigos. Hasta que fue detenido durante el verano de 2013, como otros 15 agentes municipales encarcelados en distintas fases de este caso en manos del juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca.
Feliciano F. es uno de los municipales acusados. Ejercía como jefe del grupo de la Patrulla Verde de la Policía local encargada de vigilar los cierres de los negocios y los niveles de ruido. Hoy está acusado de pertenecer a una organización criminal. El juez le atribuye ocho delitos más: negociaciones prohibidas, coacciones, asociación ilícita, cohecho, uso de información privilegiada, extorsión, amenazas y encubrimiento.
La investigación viene de lejos. Media docena de prostitutas brasileñas, rusas y rumanas identificaron foto a foto, nombre a nombre, durante meses, a los agentes que disfrutaban de servicios gratis en el Dona Table Dance, un local de alterne de La Platja en Palma. Son mujeres jóvenes y extranjeras –algunas sin permiso de residencia, varias menores– que trabajaban para el acaudalado empresario turístico Miguel P., también arrestado en la operación.
El episodio de la paliza está escrito en varios pasajes del sumario, que acumula 56 tomos y más de 25.000 folios, para implicar a policías corruptos, funcionarios sospechosos, empresarios de bolsillo suelto y políticos amigos. La lista de delitos abarca medio Código Penal: tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión, falsedad, delitos contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.
Este thriller local, destapado en 2013, ha aireado esta semana sus detalles más sórdidos con el fin del secreto de sumario y se ha llevado por delante a la cúpula del Partido Popular en Palma de Mallorca. El pasado lunes cayó su presidente, el eterno José María Rodríguez, y detrás, su secretario general, Álvaro Gijón, y la responsable de Organización, Sandra Fernández. Los dos últimos renunciaron para “no hacer daño al partido”, pero conservan de momento sus cargos institucionales.
La presión de la dirección nacional del PP –que no quiere nuevos espectáculos de corrupción a las puertas de las negociaciones para formar gobierno– hizo sucumbir a la cúpula local. En la rueda de prensa de su despedida, los cargos ya dimitidos alegaron indefensión. Aunque el sumario está trufado de testimonios que relacionan a algunos de ellos con varios delitos, esgrimen que ninguno está formalmente imputado. Todavía.
Y el expresidente local del PP, José María Rodríguez, jura que jamás contrató un servicio de prostitución, en contra del relato de algunos testigos. Rodríguez, un superviviente que lleva en política desde los tiempos de UCD, ya sabe lo que es dimitir por otros escándalos. A mediados de 2012 tuvo que abandonar la Delegación del Gobierno cuando se le imputó por el caso Over, un episodio más de financiación irregular de la época de Jaume Matas. También era, hasta el pasado lunes, uno de los barones regionales con más peso en el PP balear. De él escribe el juez: “Es el artífice en la sombra mediante turbias maniobras” de un entramado policial al que “únicamente se incorporarían personas afines al PP”.
La parte del sumario que se conoce –todavía hay tomos secretos– concluye que organizó reuniones en la sede del partido a las que también acudió el entonces edil de Turismo y hasta el lunes secretario general del PP local, Álvaro Gijón. En ellas se planificaba la confección de la plantilla, el acceso de nuevos miembros y hasta la política de ascensos.
Es el hilo del que empezaron a tirar los investigadores durante el verano de 2013 cuando pusieron la lupa sobre unos exámenes amañados para acceder al cuerpo de policía municipal. Ese día se levantó la tapa de la alcantarilla.
A partir de pinchazos telefónicos, seguimientos y registros coordinados por el juez Manuel Penalba y el fiscal Miguel Ángel Subirán, afloró todo lo demás: el submundo de la noche en Palma gobernado por docena y media de policías municipales sin escrúpulos, matones que sacaban sobresueldos de extorsionar –o simplemente complacer– a empresarios corruptos. La competencia que no pagaba vivía amedrentada. Según detallan los informes policiales, lograron hacerlo porque gozaban de protección política para hacer y deshacer a su antojo.
La causa acumula testimonios de primera mano. Uno de los municipales, tras ser cazado haciendo trampas en las pruebas para ascender en el escalafón, contó a los investigadores, que en realidad el suyo no era un cuerpo de élite, sino “un grupo sectario al servicio de determinados intereses policiales y políticos que no eran legales”. “Por interés político o policial se trataba de colocar a personas en determinados puntos estratégico por razones de conveniencia”, relató en sede judicial. A veces, confesó, esos intereses le obligaban a “realizar actuaciones desproporcionadas para perjudicar a determinados empresarios” que no pasaban por el aro de las mordidas.
Como cuando se presentaba en un bar una patrulla de la Policía Local y comenzaba a pedir la documentación a todos los clientes mientras la discoteca de al lado incumplía horarios, niveles de ruido y toda la ordenanza municipal sin que asomase por allí ningún uniforme. Un empresario de ocio nocturno cifró en 200.000 euros los perjuicios derivados de lo que él entendió como una campaña de acoso que le hizo perder la clientela.
Un agentes interrogados confesó haber oído a un oficial de la Policía Local presumir de impunidad: “Mientras esté en Le Cort [la sede del Ayuntamiento] el enano, a nosotros no nos pasará nada”. El enano, según el agente, era Álvaro Gijón, entonces concejal en el Ayuntamiento, y número dos del PP en la isla hasta la pasada semana.
En los locales de alterne, que reclutaban a mujeres sin permiso de trabajo, a veces menores, tener a los policías contentos garantizaba que nadie se iba inmiscuir en lo que pasaba dentro de esas paredes. Lo contaron –cuando el juzgado les garantizó la condición de testigos protegidas– varias chicas que trabajaron años en los burdeles: todas sabían cuando iba a haber inspecciones porque sus jefes estaban avisados por cargos de la policía. Las menores y las sin papeles esas noches se quedaban en casa.
Los investigadores dan a entender que lo de Palma era mucho más que unas cuantas manzanas podridas en el cuerpo municipal. Se han hallado anotaciones de uno de los agentes que apuntan a que habría reunido 4,8 millones de euros. El juez no solo considera a los detenidos integrantes de una “organización criminal” sino que ha llegado a censurar en sus autos la “nula colaboración” de los mandos de la Comisaría.
El 19 de noviembre de 2014 la testigo protegida número cinco, presa aún del pánico por temor a represalias, ofreció detalles jugosos en el juzgado: “Que el señor Luis P. [el empresario que según las mujeres era el dueño del prostíbulo aunque no figuraba en los papeles] es una persona muy poderosa y sabe la declarante y todas las chicas del club que se entregan sobres a políticos y a policías locales y a guardias civiles. Que dicha información la ha obtenido porque el encargado del club, Ángel, se lo ha comentado”.
Esta joven, que percibía 35 euros cada noche por bailar y la mitad de los 150 euros que el prostíbulo cobraba por servicio a cada clientes –salvo que este protestase al encargado o fuese multada por llegar tarde, irse antes de la hora o estar enferma–, contó también primero a agentes de la Policía Nacional y luego en el juzgado que “la Policía Local de la Playa de Palma quita multas a trabajadores del Dona Table Dance”.
La transcripción de su relato añade: “Suponiendo que también [se perdonan sanciones] al señor Pascual, a quien [la Policía Local] avisa de inspecciones relacionadas con el trabajo, bebida o documentación de las chicas que trabajan. Sabe la declarante que a cambio de los avisos los agentes reciben sobres, se les pagan cenas y los servicios de las chicas gratis si lo piden los agentes”.
Para esas fiestas con vips y políticos, el Dona Table Dance abría sus puertas a media tarde. A las cinco, según detallaron varias mujeres, la mayoría temerosas de que alguien en la isla pueda seguirles la pista. En esas juergas rulaban las botellas de champán francés –el Moët Chandon se vendía a 350 euros al resto de clientes y el Dom Perignon a 600 pero en las fiestas circulaba gratis–, muchos gramos de cocaína y servicios especiales de prostitución todo a cuenta del local.
El nudo de la trama lo describieron varias prostitutas y un empleado del local a los investigadores. Esto es lo que contó la testigo protegida número tres: “Que el método del señor Miguel [un exitoso empresario turístico de la isla] es dar chicas a los cargos que interesa sin pagar. Que los clientes no pagaban. Que se les advertía lo siguiente 'cómo estáis sin papeles tenéis que portaros bien’, ello significa someterse a relaciones sexuales con quien lo pidiese, incluso sin preservativo. Que algunos de los cargos públicos traían juguetes sexuales, eran muy mayores y tomaban viagra”.
Con toda esa mafia mantenía complicidades el presidente del Partido Popular en Palma, según el juez, que lo sitúa como el “artífice en la sombra” de la estructura de la Policía Local. Un testigo que también solicitó protección ha ido más lejos y relaciona al histórico dirigente popular en el juzgado con sobornos pagados por algunos empresarios de La Playa de Palma en forma de joyas, relojes… Y también en dinero.
Este hombre dijo conocer de primera mano por su relación con algunos empresarios que Rodríguez había recibido pagos de hasta 3.000 euros a cambio de conceder licencias a negocios. El testigo protegido vincula además a Rodríguez con supuestos espionajes a políticos de otros partidos e incluso a sus rivales internos en el PP.
El hombre fuerte del partido en Palma no ha sido imputado todavía. Pero el juez y el fiscal del caso dan a entender en sus escritos que al sumario le quedan aún muchos folios por redactar.
Ambos han solicitado permiso para portar armas porque también ellos, como las testigos protegidas, como los empresarios que se negaron a tragar con las mordidas, temen por su vida. El magistrado vio arder un coche aparcado junto al suyo dentro de su garaje en un incendio que nunca se esclareció. El fiscal denunció el robo de la moto, que le pincharon las ruedas de su vehículo y desperfectos en las persianas de casa. La Delegación del Gobierno en Baleares concedió la autorización a ambos tras una primera negativa. Y el juez y el fiscal llevan ahora pistola porque intuyen que este The Wire de Palma no ha escrito su último capítulo.